El Comité local para la Prevención de la Tortura (CPT) presentó un habeas corpus ante la Corte de Justicia de Salta en procura de que se repare la situación de 800 personas que se encuentran alojadas en condiciones deplorables en comisarías de Tartagal, Pichanal, Embarcación, Rosario de la Frontera, Metán, Orán y Colonia Santa Rosa. En estos lugares hay personas detenidas con prisión preventiva e incluso cumpliendo condenas.
“Como es una situación provincial, entendemos que la respuesta judicial debe ser uniforme, entonces no podemos ir por distintos tribunales”, dijo Rodrigo Solá, presidente del Comité, en la conferencia de prensa que dieron este jueves para informar sobre la presentación judicial.
El CPT, integrado también por Ramón Corregidor, Cristina Cobos y Andrés Giordamachi, es un organismo autárquico, que entró en funciones en 2022, y desde entonces se ha dedicado a inspeccionar las instituciones de encierro de la provincia.
Los comisionados y la comisionada, han elaborado sucesivos informes con recomendaciones al Ejecutivo provincial, que transcurrido el tiempo, consideran desoídas, por eso decidieron acudir a la vía judicial.
Los monitoreos en las dependencias policiales revelaron “condiciones deplorables de detención que las tornan inhumanas y mortificantes” y de esta manera, “ilegítimas”. Así lo señaló el Comité, al describir lugares donde “no hay luz natural ni ventilación, las celdas están húmedas o inundadas con aguas servidas, los baños tapados, no hay duchas ni agua caliente. Las instalaciones eléctricas son precarias, los cables están expuestos”.
A esto se le suma “el aislamiento colectivo de veinticuatro horas, ya que muchas veces las personas detenidas no salen al patio, ni a realizar ninguna actividad. El hacinamiento agrava aún más estas condiciones. En algunas comisarías, ni siquiera hay espacio suficiente para que las personas puedan dormir en el piso por lo que deben turnarse para acostarse en el suelo”.
“Las comisarías son el eslabón más precario de un sistema de encierro que está colapsado, que requiere una actuación urgente de la judicatura para resguardo de la integridad física y psíquica de las personas allí alojadas, en cumplimiento de la manda constitucional”, advirtió el Comité. Además, las dependencias policiales son espacios de encierro que no están preparadas para alojar personas de manera permanente.
De este modo, el CPT da cuenta de que las condiciones edilicias son pésimas, pero además no cuentan con recursos ni funcionarios preparados para gestionar la vida de las personas privadas de la libertad que transcurre y se deteriora o extingue tras las rejas.
Un recuento de vulneraciones
El CPT describe también situaciones de malos tratos y vejaciones, que no sólo viven las personas privadas de la libertad sino también sus familiares cuando son sometidos a requisas. En la Comisaría 81 de Pichanal, los detenidos contaron al CPT que a sus visitas les quitan la ropa íntima en las requisas, incluso a niños, niñas y adolescentes.
También en la gran mayoría de casos, las personas privadas de la libertad no tienen comunicación con sus defensores ni jueces. En una situación advertida por el CPT, en la comisaría 81 incluso había integrantes del Pueblo Wichí detenidos, que no habían recibido un trato diferenciado, ni tuvieron acceso a traductores o intérpretes bilingües. Los detenidos informaron además del caso de una persona con retraso madurativo.
El conjunto de la población alojada en comisarías tampoco tiene acceso a la salud, agravado porque las pésimas condiciones de encierro generan que contraigan o se contagien enfermedades. Por ejemplo, en la Comisaría N° 1 de Embarcación, los detenidos dijeron que se contagiaban pulgas, piojos, dengue, leishmaniasis, hongos. En este lugar, como en otras dependencias policiales, tampoco se provee alimentos por parte del Servicio Penitenciario ni otras áreas del Ministerio de Seguridad, por lo que la alimentación se resuelve a través de los propios familiares que acercan comida en cuatro turnos por día.
En las comisarías N° 3 (ex 42) y 4 (ex 45) de Tartagal se detectaron las situaciones más graves, lo que llevó a que en el habeas corpus, el CPT solicite la inhabilitación y clausura de estos lugares para el alojamiento de las personas y el traslado de quienes se encuentran allí a otros establecimientos aptos de detención. Ambas dependencias fueron inspeccionadas también por el Comité Nacional de Prevención de la Tortura.
La Comisaría 3 tiene sobrepoblación y “hacinamiento altísimo”, que en octubre ascendía al 417%. El Comité señaló el deterioro absoluto del edificio, que es una casa, “lo que torna indigna la vida de quienes allí se alojan”. Indicó que en la última visita había 66 detenidos en 4 celdas, 8 personas tenían condena.
“La jornada habitual cuenta con sólo 2 horas de recreación por día en un patio interno, el cual se encuentra en pésimas condiciones de higiene. La comisaría no tiene baños, por lo que las PPL deben realizar sus necesidades en el mismo patio en donde realizan las jornadas de recreación y visita de familiares”, describió el CPT.
Asimismo, en la Comisaría 4 “se determinó que la celda de reclusión transitoria y el nuevo espacio físico (galería) no cumplen con los requisitos mínimos de seguridad e higiene y que no cuentan con baño propio. Al habilitar la galería como espacio físico, se eliminó una salida de emergencia lateral con la que contaba la dependencia, agregando que se registraron varios incidentes por la superpoblación, hechos relevantes que fueron protagonizados por algunas de las personas detenidas, como el incendio sucedido el 16 de septiembre de 2022 en una celda donde se encontraban 16 personas alojadas”.
“No contaban con espacio para la circulación interna debido a que los colchones se encontraban tirados en el suelo, en muy mal estado, por lo que las personas debían reforzarlos con frazadas e indumentaria para que sean más acolchonadas”, describió el Comité. En una celda, había residuos acumulados y un baño que presentaba pérdidas constantes de agua. Las personas alojadas en la “galería” dormían en colchones sobre el piso y no tenían baño, debían utilizar el de uso común de la Comisaría, al que accedían de manera muy restrictiva y según el criterio del personal policial de turno.
El CPT pidió el inmediato traslado de quienes cumplen prisión preventiva o condena y están alojados en las dependencias policiales de toda la provincia hacia otros establecimientos penintenciarios.
La necesidad de medidas urgentes
En el habeas corpus se detallan las condiciones en que se encuentran las personas privadas de la libertad en las comisarías N° 3 y 4 de Tartagal y el Cuerpo Policial Femenino de esa localidad. También, la Comisaría N° 1 de Embarcación, la N° 81 de Pichanal, la N° 1 de Rosario de la Frontera, la comisaría N° 1 y el Cuerpo Policial Femenino 3 de Metán. Las comisarías N° 1, 3 y 4, la subcomisaría y la Brigada de Investigación N° 2 de Orán y también la comisaría N° 2 de Colonia Santa Rosa.
El CPT planteó que en caso de que no se puedan implementar de modo inmediato las medidas solicitadas, se apliquen las necesarias para garantizar condiciones de habitabilidad compatibles con la dignidad humana. Para ello, requirió que se conforme una mesa de coordinación e implementación de las medidas emergentes, que sea integrada tanto por integrantes de este Comité como por estamentos de los tres poderes del Estado.
La situación de hacinamiento ha sido reconocida por el gobierno provincial en una declaración de emergencia de 2022. Sin embargo, “ese acto jurídico político de reconocer la situación de emergencia carcelaria no tuvo efecto alguno en la realidad, no sólo porque no se modificaron las condiciones de sobrepoblación sino porque nunca se conformó el organismo desde el cual se diseñarían las acciones necesarias para paliar la situación que sustentaba la emergencia”, manifestó el Comité.
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