Ámbito Financiero presentó una acción de amparo contra el Estado Nacional para que sus periodistas acreditadas puedan volver a ingresar a la Casa Rosada, luego de que el Ejecutivo dispusiera un cierre generalizado del acceso a la prensa.
El conflicto entre el Gobierno nacional y los medios de comunicación sumó este 24 de abril de 2026 un nuevo y decisivo capítulo judicial. Ámbito Financiero presentó una acción de amparo contra el Estado Nacional para que sus periodistas acreditadas puedan volver a ingresar a la Casa Rosada, luego de que el Ejecutivo dispusiera un cierre generalizado del acceso a la prensa.
La presentación busca restablecer de manera inmediata el trabajo de Liliana Franco y Cecilia Camarano, dos cronistas históricamente acreditadas en la sede del Poder Ejecutivo, y coloca en el centro del debate la legalidad y proporcionalidad de una medida que alteró abruptamente las condiciones de cobertura periodística.
La acción judicial fue impulsada por las empresas NEFIR S.A. y Editorial Amfin S.A., responsables de la publicación de Ámbito Financiero, y contiene un pedido explícito de medida cautelar innovativa, según pudo conocer la Agencia Noticias Argentinas.
En términos prácticos, el medio solicita que la Justicia ordene al Estado levantar de inmediato el bloqueo mientras se sustancia el fondo del amparo, al considerar que se vulneran derechos constitucionales básicos como la libertad de expresión y el acceso a la información pública.
El origen inmediato del conflicto se produjo el día anterior, cuando el Gobierno procedió a dar de baja la huella digital y los permisos de ingreso de todos los periodistas acreditados a la Casa Rosada. La decisión, ejecutada sin previo aviso, impidió el ingreso regular de cronistas, camarógrafos y reporteros gráficos que trabajan a diario en Balcarce 50 y paralizó de hecho la sala de prensa presidencial. La medida fue ordenada por la Casa Militar, área encargada de la seguridad presidencial y control de accesos.
Desde el Ejecutivo, la restricción fue justificada como una medida preventiva de seguridad nacional, vinculada a una denuncia penal por presunto espionaje ilegal. La acusación apunta contra periodistas de la señal Todo Noticias (TN) que habrían filmado zonas comunes del edificio con lentes inteligentes, sin autorización. A partir de ese episodio, el Gobierno resolvió extender el castigo a la totalidad de la prensa acreditada, argumentando la necesidad de preservar la seguridad y realizar verificaciones internas.
Esa generalización de la sanción es, precisamente, uno de los ejes del planteo judicial de Ámbito. El medio sostiene que, aun en el supuesto de que existiera una conducta irregular individual —cuestión que está bajo investigación judicial—, no resulta razonable ni lawful aplicar una prohibición indiscriminada a periodistas y medios que no están involucrados en la denuncia. Desde el punto de vista jurídico, el amparo apunta a la desproporción de la medida y a la ausencia de una resolución judicial que avale una restricción de semejante alcance.
El caso de Ámbito se inscribe en un contexto más amplio de creciente tensión entre el Gobierno de Javier Milei y la prensa, marcado por discursos oficiales hostiles, revocaciones selectivas de acreditaciones y acusaciones de espionaje y operaciones políticas contra comunicadores. Diversos periodistas afectados denunciaron que se trata de una restricción sin precedentes en democracia, y organismos del sector advirtieron sobre el impacto institucional de cerrar el principal ámbito de cobertura del Poder Ejecutivo.
La presentación del amparo también tiene un fuerte componente simbólico. Ámbito Financiero es uno de los medios con mayor tradición en la cobertura política y económica y Liliana Franco, una de las periodistas afectadas, cuenta con más de 30 años de acreditación en la Casa Rosada.
En paralelo al amparo de Ámbito, otros sectores del periodismo evalúan acciones colectivas o judiciales similares. Diputados de la oposición reclamaron explicaciones formales al Gobierno y anticiparon que podrían activar la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja. Organizaciones periodísticas y sindicatos del sector también expresaron preocupación por el precedente que se sienta al limitar de manera administrativa el acceso a una fuente central de información pública.
Del lado del Ejecutivo, las explicaciones se mantienen en la línea de la seguridad. Funcionarios cercanos a la Casa Rosada insisten en que la decisión no implica censura ni una orientación política contra los medios, sino una medida transitoria mientras se revisan cámaras, pasillos y sistemas internos. Sin embargo, hasta el momento no se comunicó un plazo ni un mecanismo claro para la restitución del acceso, lo que alimentó las dudas y aceleró la judicialización del conflicto.
La acción de amparo presentada por Ámbito coloca ahora la discusión en el terreno judicial, donde deberá evaluarse si el cierre de la Casa Rosada a la prensa constituye una restricción ilegítima de derechos constitucionales. La resolución que adopte el juzgado —especialmente sobre la cautelar solicitada— será clave no solo para el futuro inmediato de la cobertura periodística del Gobierno, sino también para el equilibrio entre seguridad, transparencia y libertad de prensa en un escenario político cada vez más polarizado.