El plan abarca más de 70 acciones divididas en seis ejes: acceso a la información pública; participación pública en la toma de decisiones; acceso a la justicia; defensoras y defensores de derechos humanos en asuntos ambientales; fortalecimiento de capacidades y sistema de gobernanza.
El Acuerdo de Escazú es el primer acuerdo ambiental de América Latina y el Caribe y también es el único en el mundo en incorporar disposiciones específicas sobre personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales
Además, está ratificado por 15 países de la región y tiene como pilares el acceso a la información, la participación y el acceso a la justicia en temas ambientales.
Fue adoptado en Escazú, una ciudad de Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, y Argentina lo aprobó en 2020 mediante la Ley 27566.
Durante la presentación, se detalló sobre el camino para la construcción de este plan y se remarcó como un hito la participación de la sociedad civil en el armado de dicha planificación.
El proceso de armado se llevó adelante de manera colaborativa e incluyó a más de una decena de instancias participativas, que canalizaron más de 600 aportes de áreas del gobierno, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, académicos y el sector privado, entre otros.
Se realizó una consulta pública virtual, cuatro encuentros colaborativos virtuales, cinco mesas de diálogo regionales, que contaron con 374 participantes y dieron lugar al plan, en el que se incluyeron las recomendaciones derivadas del diagnóstico y la consulta pública; la estrategia de participación pública y las propuestas del Poder Ejecutivo Nacional.
“Hoy en día no podemos pensar en el desarrollo del país desasociado del cuidado del ambiente y la protección de los derechos de las personas que habitan en ese ambiente, como reza nuestra Constitución, el derecho a un ambiente sano”, precisó a Télam la secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, Cecilia Nicolini.
Para la funcionaria, el objetivo de este plan es “fortalecer principalmente la participación de la ciudadanía”, sobre todo de las juventudes que “tienen un compromiso tremendo con esta agenda”.
“La Argentina está haciendo vanguardia y está muy avanzada en esta implementación en la región, así que esperamos que sea una hoja de ruta y un inicio para seguir avanzando en estos derechos y esta justicia ambiental sin dar un paso atrás”, dijo.
Nicolini destacó la coordinación con otras provincias como el eje fundamental para una política ambiental para “atraer más desarrollo, inclusión, equidad y más derechos”.
Por su parte, Micaela Sánchez Malcolm, secretaria de Innovación Pública expresó a esta agencia que la presentación del plan tiene como principal destacado “el trabajo generado colaborativamente con participación de la ciudadanía, principalmente de las provincias y de las diferentes jurisdicciones de territorio nacional”.
“Tuvimos una participación récord en términos de consulta pública, con mucha vinculación y devolución. Es redundante que estuvieran incluidas las perspectivas de todos los que participaron en el diseño de este plan nacional”, agregó.
En ese sentido, señaló que el principal desafío será “extenderlo en todos los territorios y empezar a hablar más claro y linealmente sobre el cambio climático para dejar de preguntarnos si existe. Tenemos todos los indicadores a disposición, tenemos que apropiarnos todos de este problema”.
Participaron en la presentación Fernanda Ruano, asesora de la Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación de Argentina; Gabriela Carpineti, directora nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia; Amador Sánchez Rico, embajador de la Unión Europea en Argentina; Beatriz Anchorena, titular de la Agencia Nacional de Acceso a la Información, entre otros.
Fuente: Télam