La diputada nacional Mónica Frade solicitó que se abra una investigación para determinar si existieron irregularidades o delitos – como “tráfico de influencias” o “administración fraudulenta” – en el otorgamiento de préstamos del Banco Nación a legisladores, funcionarios y otras personas vinculadas al gobierno de Javier Milei.
El festival de créditos hipotecarios a funcionarios de La Libertad Avanza sigue bajo la lupa: al pedido de informes que hizo el diputado Esteban Paulón se sumó la denuncia penal de la diputada nacional Mónica Frade, que solicitó que se abra una investigación para determinar si existieron irregularidades o delitos como “tráfico de influencias” o “administración fraudulenta” en el otorgamiento de estos préstamos del Banco Nación.
En su denuncia, la legisladora de la Coalición Cívica señaló que los montos que recibieron funcionarios públicos, diputados y otras personas vinculadas al gobierno de Javier Milei no se corresponden con sus ingresos ni con su capacidad para pagar los préstamos.
“Según normativa del Banco Central, las entidades deben evaluar la ‘capacidad de repago’ del deudor, basada en ingresos, pero también en la estabilidad de éstos. El otorgamiento de créditos a funcionarios públicos sin plazo de permanencia y aún a legisladores, cuyo tope de permanencia está perfectamente definido, comportarían ‘fallas’ en esta evaluación. El Banco otorga una financiación que, de antemano sabe, entrará en mora”, indicó Frade en el escrito presentado.
La diputada pidió que se revisen los legajos crediticios de los beneficiarios; las actas del Banco Nación que muestren cómo “se aprobaron las operaciones para con los beneficiarios” que un grupo de peritos determine si hubo irregularidades en las condiciones de concesión de los préstamos y/o perjuicios que pudieran ocasionarle a la entidad otorgante.
Quiénes se beneficiaron con el festival de créditos hipotecarios
La información que complica a las tropas de LLA viene del sitio web “¿Cuánto deben?“, desarrollado por el programador Andrés Snitcofsky, que permite visualizar la evolución mensual de las deudas reportadas por figuras públicas a partir de datos de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Según el sitio, entre los beneficiaros están:
Alejandro Bongiovanni: el diputado exPRO accedió a un préstamo de 255 millones de pesos en enero de este año, justo un mes después de que rompiera con el PRO y se incorporara a la tropa libertaria.
Lorena Villaverde: la diputada -que renunció a su banca como senadora por las impugnaciones por sus presuntos nexos con el narcotráfico y que también está acusada por una supuesta venta irregular de terrenos en Río Negro- mantiene deudas que oscilan entre $230.000.000 y $279.000.000.
Santiago Santurio: el diputado e integrante de las Fuerzas del Cielo obtuvo 340 millones de pesos en julio de 2025, unos meses después de integrarse al Congreso por su militancia ultracatólica y su activismo en contra del aborto.
Mariano Campero: al diputado tucumano le concedieron un crédito por 322 millones de pesos en mayo de 2025. Por esos días, el Poder Legislativo discutía la creación de la Comisión LIBRA, de la cual es integrante.
Felipe Núñez: el director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del ministro de Economía Luis Caputo tiene una deuda inicial de $373.000.000.
Federico Furiase: el exdirector del BCRA y actual secretario de Finanzas tiene un pasivo de $367.059.000.
Juan Pablo Carreira: el director de Comunicación Digital y encargado de la Oficina de Respuesta Oficial, aparece con un crédito por $112.948.000.
Unas excusas ‘flojas de papeles‘
Apenas se conoció la información, Bongiovanni agarró su cuenta de X para hacer un descargo en el que aseguró que recibió el crédito a las mismas tasas que el resto de los clientes del banco y descartó la coincidencia entre la fecha que recibió el crédito y su salto de la bancada del PRO a La Libertad Avanza.
“Me resulta insólito que algunos estén tratando de homologar el tomar una deuda hipotecaria en las condiciones generales de cualquier cliente con un acto delictivo”, se descargó Bongiovanni y sostuvo que las acusaciones tienen una intencionalidad política: “Veo de dónde viene el ataque y no me voy a dejar psicopatear”.
El diputado libertario aseguró que lo motivó a tomar un crédito UVA “el virtuoso proceso desinflacionario” y aclaró que no se quedó con el dinero sino que se trata de una hipoteca de la cual pagó las primeras dos cuotas de 300 mil. También descartó la intencionalidad política del crédito al sostener que comenzó a presentar la documentación en junio durante “el boom de los créditos hipotecarios”.
Por su parte, Campero dijo que la acusación es “maliciosa” y descargó argumentos similares a los de su compañero de bancada. Aclaró también que lo hizo en las mismas condiciones para cualquier cliente que tome un crédito UVA, que fue para comprar su primera casa propia y descartó que le fuera otorgado en mayo de 2025, coincidiendo con la creación de la Comisión Libra que él integra, sino por la demora en las trámites bancarios.
“Agradezco esta polémica alimentada por el peronismo en el Congreso para hacer pública la información sobre mi patrimonio”, apuntó también a las acusaciones como parte de un armado político. Campero fue uno de los seis diputados radicales que en 2024 dejaron de lado los principios de su partido para cambiar su voto y respaldar los vetos presidenciales para el aumento a jubilados y la Ley de Financiamiento Universitario.
Pedido de información
El diputado santafecino Esteban Paulón elevó pedidos de informes al Banco Nación, al Banco Central y al Poder Ejecutivo para determinar cuántos funcionarios de Milei tienen deudas con el Banco Nación, sus montos y qué controles se aplican sobre la cartera crediticia del sector público.
“Si bien el acceso al crédito en entidades públicas no constituye en sí mismo irregularidad alguna, la concurrencia de circunstancias tales como montos elevados, simultaneidad en los otorgamientos y la condición de funcionarios públicos de los beneficiarios toma necesario verificar que el acceso al crédito por parte de los funcionarios públicos no se haya visto influido por su posición institucional, ni por la eventual disponibilidad de información privilegiada sobre variables financieras o condiciones del mercado”, señaló el diputado en el escrito.
Página 12