El 2024 será recordado como el año en que el escenario de la disputa política en Misiones se diversificó. El punto más álgido de ese nuevo estado de cosas ocurrió en mayo, cuando las protestas salariales de trabajadores estatales inundaron las calles y rutas de la provincia.
Desde entonces, el foco de la atención pública nacional no se corrió de la tierra colorada, mientras el gobierno del “misionerista” Frente Renovador de la Concordia y su líder, el exgobernador Carlos Rovira, demostraban estar dispuestos a hacer todo lo que esté su alcance con tal de resguardar el edficio hegemónico que tan bien supieron construir a lo largo de más de dos décadas en el poder.
En medio de esa coyuntura cada vez más espesa, un dato novedoso comenzó a hacerse evidente: la creciente preocupación de Rovira por todo lo que se diga sobre él en las redes sociales.
La conmoción generada por el caso del exdiputado provincial Germán Kiczka, detenido en agosto por tráfico de material de abuso sexual infantil, además de reavivar una vieja rencilla con su mentor Ramón Puerta, le permitió al mandamás provincial, desde su rol de diputado raso, avanzar con una iniciativa que encendió alarmas en la dirigencia opositora: la creación de una Fiscalía Especializada en Ciberdelitos, facultada para “disponer el secuestro y reserva de dispositivos móviles, informáticos, electrónicos o cualquier otro” en caso de “fake news” que afecten a “individuos o instituciones públicas”.
De inmediato, no faltaron quienes vieron en la aprobación de esa ley la institucionalización de un modus operandi. Es que son varios los tiktokers críticos del gobierno provincial, por lo general de orientación libertaria, que en los últimos meses sufrieron represalias judiciales tras ser denunciados por altos funcionarios de la Renovación, como también se conoce al espacio político provincialista que gobierna Misiones desde el año 2003.
El caso de la enfermera
El más reciente de todos fue el de Florencia Belén Aguirre, una enfermera de 28 años con una gran repercusión en TikTok, cuyo domicilio fue allanado hace pocas semanas. Según su propio relato, los policías que irrumpieron en su casa el sábado 2 de noviembre por la mañana, mientras dormía junto a su familia, lo hicieron con una especial violencia.
“Destrozaron la puerta de adelante, y enseguida un policía se lanzó sobre mí, presionándome la espalda con su rodilla”, describió Aguirre en un audio que se viralizó a las pocas horas de lo sucedido, en el que también relata un fuerte cruce con uno de los efectivos: “Al lado mío estaba el bebé, y le dije: ‘Pará, estoy con el bebé’. Me respondió: ‘Callate la boca o le vamos a llevar a tu bebé con un asistente social’”.
Aguirre relata que recién después de cuatro horas de operativo fue trasladada a la Jefatura de Policía sin que, según ella, se le “explique nada”. “Pasé ahí toda la mañana, me tomaron las huellas, me sacaron fotos y grabaron varios videos. Al final, simplemente me dijeron: ‘Andate’. No sé qué buscaban, y lo único que me advirtieron fue que no podía usar las redes sociales”, finalizó la mujer, a la que le secuestraron tres teléfonos.
Los medios provinciales titularon que además se llevaron de su domicilio un frasco con marihuana y una escopeta, objetos que en realidad pertenecían a uno de sus vecinos.
“Calumnias”, “injurias” y “amenazas” resultó ser el motivo por el cual el juez posadeño Juan Manuel Monte, a cargo del Juzgado de Instrucción Penal 2, habilitó el allanamiento a Aguirre. Su denunciante fue ni más ni menos que el titular del Instituto de Macroeconomía Circular (IMaC), Roque Gervasoni, un polémico funcionario conocido por ser una de las espadas preferidas de Rovira en el terreno virtual.
Preocupación opositora
El arco político opositor en Misiones, conformado principalmente por la UCR y el PRO, salió a expresar su “profunda preocupación” por las detenciones de ciudadanos críticos al gobierno provincial. Lo hizo través de un comunicado, firmado por 53 concejales, dirigentes sociales y legisladores, donde se sostiene que los casos de Barrionuevo, Cabral y Aguirre configuran un ataque a la “libertad de expresión” y una “persecusión política”, por lo que instan a las autoridades a “ajustarse al Estado de derecho”.
“En nuestro país, la libertad de expresión es un derecho fundamental”, reza el texto rubricado, entre otros, por los diputados nacionales Martín Arjol (UCR) y Florencia Klipauka (Activar), además de los legisladores provinciales Horacio Loreiro, Miguel Núñez, Rosy Kurtz, Mikaelia González Coria y Analia Labandoczka. Los dirigentes citan el artículo 14 de la Constitución Nacional y tratados internacionales, y acusan al gobierno de la Renovación de “vulnerar” estas garantías “al perseguir y detener a quienes disienten públicamente”.
Además, la oposición misionera asegura que la reciente creación de la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos “no deja de generar estupor” ya que “atenta contra el debido proceso, fomenta la censura previa y abre la puerta al espionaje”. Y advierte acerca de que estas prácticas representan “un retroceso para nuestras libertades” y que “el debate de ideas debe promoverse sin temor a represalias judiciales”.
Pero a Rovira parecen desvelarlo temas más urgentes. Aliado permanente de cada inquilino de la Casa Rosada, su energía está puesta hoy en evitar por todos los medios posibles la emergencia de un referente “libertario” capaz de capitalizar en 2025 el cada vez más palpable desencanto con la política, en una provincia en la que Javier Milei no bajó el año pasado del 40% de los votos.
Una vez neutralizado el potencial peligro que representaba la figura de Pedro Puerta, arrastrado por los infortunios de su exaliado Kiczka, al mandamás solo le resta terminar de demostrarle a los enviados de La Libertad Avanza que en Misiones nada se hace sin su consentimiento. Como si hiciera falta aclararlo.
El Diario Ar