“Estos actos de violencia, motivados por prejuicios, constituyen una grave violación de los principios fundamentales de igualdad y no discriminación y de otros derechos humanos”, advirtieron desde el organismo.
La CIDH dijo que “condena la violencia perpetrada contra personas LGBTI y las muertes violentas de personas trans y de género diverso”.
Explicó que la información en medios de comunicación en México indica que, “desde el mes de enero, se han registrado 36 asesinatos de mujeres trans” y que tan solo en junio y julio “han ocurrido al menos 8 asesinatos en diferentes estados de México”.
“La información pública refleja que, en todo 2023, se documentaron 43 casos”, expuso.
Seguidilla de femicidios y transfemicidios
El 6 de junio una mujer trans, conocida como Trinity, murió en un hospital de Ciudad de México tras ser víctima de violencia física y sexual. Ese mismo día, el cuerpo de Mónica Mancilla fue encontrado a orillas del río Usumacinta, en el estado de Tabasco, sureste de México.
El 15 de junio autoridades encontraron el cuerpo sin vida de Kenia Cruz y con signos de haber sufrido violencia en su domicilio, también en Tabasco, y el día 28 de junio, Ana Arana fue asesinada con arma cortopunzante en Ciudad de México.
En julio, tres mujeres trans fueron asesinadas durante la misma semana en el norteño estado de Nuevo León. Arantza Castillo, quien fue encontrada sin vida, luego de haber sido reportada como desaparecida a principios de mes; la activista Jaqueline ‘la Española’; y una tercera mujer con identidad desconocida hasta el momento.
En Tabasco, el 19 de julio, Cristell Martínez, mujer trans y trabajadora sexual fue asesinada.
La CIDH dijo que “ha observado que, en la región, la violencia motivada por prejuicios se caracteriza por su crueldad y saña con el objeto de ‘castigar’ la identidad de género o diversidad sexual de las víctimas”.
Además, señaló que la falta de una investigación con debida diligencia puede conllevar a una alarmante situación de impunidad.
Ante ello, la CIDH instó al Estado mexicano “a investigar todas las violaciones de derechos humanos contra las personas LGTBI, especialmente los actos violentos, incorporando una perspectiva de género y enfoques diferenciados e interseccionales en las investigaciones que respeten su identidad de género y protejan sus derechos humanos”.
Desde el organismo agregaron también que “las autoridades federales y las locales están obligadas a prevenir, investigar, juzgar y sancionar los crímenes motivados por el prejuicio”.
Página/12