El Observatorio de Conflictos de Tierras y Territorios tendrá por función recopilar, ordenar y sistematizar información referida a los conflictos sean sobre tierras fiscales nacionales, provinciales y municipales, privadas, comunitarias o individuales indígenas, además de las reservas.
El objetivo es lograr una base de datos completa y precisa que permita la elaboración de proyectos y/o soluciones en las distintas áreas del Estado. Además de establecer una base documental para relevamientos periódicos sobre el cumplimiento de las Leyes de expropiación.
El Observatorio podrá requerir información y articular con el Registro de la Propiedad y el Inmueble, Catastro, Instituto de Tierras, Ministerio de Desarrollo y Ambiente, Administración Provincial del Agua, Poder Judicial, IPDUV, Universidades públicas y privadas nacionales y provinciales, Municipios y otras áreas de Estado, para contribuir al trabajo de investigación.
Podrá desde esa órbita realizarse entrevistas a las partes involucradas en conflictos determinados para recabar toda fuente de información útil, para identificar el conflicto, analizarlo, diagnosticarlo y buscar alternativas de solución a las partes.
Esta entidad constará de un Sistema Informático de registros de conflictos y se desarrollará un software que permita cumplir con los objetivos y un responsable operador para el almacenamiento y consulta de información asociada a conflictos de tierras.
El Sistema Informático de Registro de Conflictos de Tierras y Territorios, conjunto con la información almacenada por el mismo, será accesible para personas expresamente autorizadas por la Comisión de Tierras y la Presidencia del Poder Legislativo. Cumplirá con los principios de Integridad, Confidencialidad y Disponibilidad, que serán garantizados por el servicio profesional de software, encargado de su diseño e implementación. El sistema garantizará la seguridad técnica de los datos almacenados en concordancia con la Ley Nacional de Protección de Datos Personales, Ley Nacional 25.326. Los datos y estadísticas de carácter global serán de acceso público.
La finalidad de todos estos datos será brindar orientación para decidir la mejor solución legal y técnica para los conflictos.
Las partidas presupuestarias y funciones administrativas serán adecuadas en el Presupuesto anual de la Cámara de Diputados.
El debate en el Recinto
El diputado autor de la iniciativa, Rodolfo Schwartz, del Partito del Trabajo y del Pueblo, aseguró que “es un tema álgido, que preocupa, porque la tierra es un bien finito que hace falta para vivir y producir”.
Recordó que en el periodo anterior fue presidente de la Comisión de Tierras legislativa y comentó que, si bien la mayoría eran proyectos de expropiación, también debían abordar situaciones de conflicto. “Se pedía informes a organismos y tardaban hasta un año en enviarla. Y lo que era un problema de tierras fiscales, individuales, comunitarias tardaba un tiempo superior a lo que la demanda y la necesidad nos plantaba una respuesta rápida y efectiva”.
En aquella oportunidad, inició desde su bloque un trabajo de incorporación de información “una base de datos a partir de proyectos propios y de otros legisladores; distintos tipos de información: catastrales, testimonios, artículos, videos, filmaciones, fotos, procesos judiciales y sus historias para que nos permita definir con profundidad sobre esos temas”. Pero subrayó que “lo más difícil era resolver la comunicación con los distintos organismos y la celeridad en las respuestas”.
Pidió el acompañamiento al proyecto, agradeció a la presidenta de la Cámara, Cármen Delgado y a sus pares miembros de la Comisión de Tierras.
Desde el Frente Grande, Tere Cubells, celebró “la coincidencia en esta iniciativa que es tan necesaria”. “Teníamos que tomar una decisión al respecto por la problemática del acceso a la tierra en una provincia donde lleva a crecientes conflictos. La creación de este observatorio nos va a permitir mayor precisión y sobre todo documentación. Felicito al diputado Schwartz a quien no dudamos en acompañar en este proyecto. Ojalá muy pronto pueda ponerse en funcionamiento el mismo”.
Por el NePAR, el diputado Juan José Bergia también felicitó al autor de la iniciativa. “El observatorio es necesario para el Chaco porque va a muñirse de datos concretos de todos los conflictos de tierras, tanto rurales como urbanas, también propiedades privadas y de comunidades indígena y reservas provinciales”. “Es un aporte, es una herramienta que va a serviros a todos”, sostuvo.
Desde el bloque CER, Andrea Charole, señaló la problemática de las usurpaciones y también que a instancias de esta entidad que funcionará en la órbita legislativa se pondrán “en práctica” organismos estatales que deberán aportar información “para la planificación de una familia, para vivir en un lugar seguro”. Principalmente, reparó en la situación de conflictividad permanente entre comunidades indígenas que habitan distribuidas por etnias en unas 370 mil hectáreas del Impenetrable chaqueño. Y recordó que junto al diputado Darío Bacileff Ivanoff (Frente Integrador) es autora del proyecto del banco de tierras.
La titular de la Comisión de Tierras, por su parte, diputada radical Doris Arkwright se refirió al trabajo hecho en la cartera que preside y a los alcances de esta iniciativa celebrada desde todos los bloques políticos en el Recinto por lo que implica en cuanto al aporte de datos e información para la resolución de cada caso. “Celebro que es una herramienta más para el ordenamiento territorial”, ponderó.
El diputado justicialista Rubén Guillón, expresó: “Me enorgullecen este tipo de proyectos que van a repercutir directamente en la vida de quienes se encuentran en conflicto por la tierra”. En referencia al diputado Schwartz, remarcó: “Me consta que a partir de su experiencia personal de recorrer el territorio es que aporta al diseño de esta estructura de normas”. Y también felicitó a Delgado: “Nos sorprendió gratamente cuando nos convocó para trasmitir el acompañamiento y la decisión para avanzar en esto”.