La jueza aclaró que la cautelar no alcanza a las obras que se financian con recursos de la Nación que no comprometieran fondos de la provincia, pero la licitación quedó al resguardo del Ministerio de Obras Públicas de la provincia, a la espera de una resolución judicial definitiva sobre el planteo judicial.
La obra contemplaba la construcción de nueva planta potabilizadora, al igual que los 23 kilómetros de ductos, nuevas perforaciones y mejoras para esa localidad, “afectada por la prolongada sequía quedó detenida” según confirmó el jefe del Programa Infraestructura Hídrica, Fernando Yanzón en declaraciones a la prensa.
La obra implicaba además la contratación de 120 obreros y los trabajos iban a ser financiados por el Estado Nacional, en tanto que el proyecto había sido trazado por técnicos del Ministerio de Obras Públicas.
La medida judicial alcanza otras obras como la Autovía de acceso a Villa de Merlo, una refuncionalización de acceso por ruta provincial N° 1 que tenía prevista su licitación para este año; El gasoducto de Villa de la Quebrada-Nogolí, una megaobra anhelada por los vecinos y que el Gobierno estaba a punto de adjudicar que beneficiaría a 1.900 familias de Nogolí, Villa de la Quebrada y Suyuque-Los Molle, según se informó oficialmente.
En tanto la jueza Bona aseguró que su medida no afecta a las obras financiadas por Nación y que sólo abarca “licitaciones de obras públicas y no mejoras salariales a la administración pública, beneficiarios de planes ni tampoco las subvenciones a los colegios privados”.
“Sobre esto último hay un pedido de inconstitucionalidad, pero eso hay que darle traslado, qué conteste la Fiscalía, producir la prueba, ver bien el tema, y no sé lo que va a pasar”, aclaró.
En función de esta resolución, el Ministro de Obras Públicas e Infraestructura provincial, que encabeza Alberto Rodríguez Saá -hijo del actual gobernador- decidió acatar la resolución judicial y formular expresa reserva, “ante cualquier eventual perjuicio que pudiere sufrir el Estado Provincial”.
Asimismo, adelantó que se instará judicialmente los procesos legales para determinar la responsabilidad “civil y penal” tanto del demandante, Poggi, como de la jueza.
La medida judicial alcanza al Poder Ejecutivo, la administración central y descentralizada, organismos autárquicos, entes desconcentrados del Estado, agencias, y sociedades de las que el Estado sea parte.
Fuente: Télam