El caso más avanzado, que ya tiene sentencia firme en Londres, es por la falsificación de la estadística de crecimiento durante el peronismo para evitar hacer el pago de intereses de los cupones PBI.
Tras la primera revisión del acuerdo firmado en abril, el staff del FMI se refirió a esta deuda contingente que enfrenta el país y, si bien reconoció que el Gobierno lleva adelante negociaciones de buena fe, alertó que estas causas representan riesgos moderados para la Argentina en el mediano plazo. “Se deben resolver los litigios pendientes”, dijeron los funcionarios del organismo.
“Se deben continuar los esfuerzos de buena fe para asegurar un acuerdo rápido sobre las condiciones de reembolso de la sentencia de Londres (por 1600 millones de euros)”, agregó el FMI, en relación con el fallo firme en la justicia británica por el caso Cupón PBI.
Sobre la expropiación de YPF, el FMI detalló que todavía no es un caso cerrado: “La Argentina también enfrenta litigios en Nueva York relacionados con las pérdidas sufridas por antiguos accionistas de YPF tras la nacionalización de la empresa energética en 2012. El país fue declarado responsable por US$16.000 millones, pero posteriormente ha apelado la sentencia. La Argentina también cuestiona el monto de la reclamación de YPF”.
Las tres negociaciones pendientes, según el FMI
El FMI enumeró tres litigios internacionales en los que el Gobierno está negociando con los acreedores, de acuerdo con las recomendaciones del organismo para el manejo de deudas:
Cupón PBI en Londres: luego de la sentencia definitiva -dictada en octubre pasado- por unos 1300 millones de euros, el FMI aseguró que el Gobierno negocia un plan de pagos.
Holdouts de la deuda de 2001, que no entraron a los canjes de 2005, 2010 y 2016. El organismo internacional calculó que representan un pasivo contingente de US$2400 millones y dijo que el Gobierno sigue de cerca la evolución de las relaciones con estos acreedores.
La empresa Mobil Exploration, con la que siguen en curso las negociaciones sobre un plan de pagos por la sentencia adversa que el país tuvo en el CIADI por US$196 millones. Es un caso en el que la petrolera reclamó por los perjuicios que la pesificación de inicios del siglo XXI tuvo sobre sobre sus negocios gasíferos.
Pese a esos pasivos contingentes, el personal del FMI evaluó que los recursos que enviará al país se cuentan con las salvaguardias adecuadas y que los esfuerzos de reforma de Argentina no se ven socavados por la evolución de las relaciones entre acreedores y deudores.
TN