El llamado a una rebelión fiscal en la provincia de Buenos Aires del diputado José Luis Espert (La Libertad Avanza) avalado y redoblado por Javier Milei, tuvo una respuesta política del gobernador Axel Kicillof (ver aparte), y una denuncia penal en Comodoro Py por instigación a cometer delitos, en este caso el de desobediencia. También evasión. Desde que empezó su gobierno –incluso un poco antes también– Milei y personajes de su entorno han sido objeto de una decena presentaciones que en los tribunales federales porteños tramitan con total parsimonia. La única que había avanzado, contra el Protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich fue derrumbada por la Cámara Federal en poco tiempo.
El caso Espert-Milei
“No hay que pagar los impuestos que ahora quiere (Axel) Kicillof, porque no nos da nada. Y no los voy a pagar. Ni inmobiliario ni rural, porque también soy productor rural”, había dicho Espert en una entrevista. En base a esas declaraciones la abogada Valeria Carreras presentó una denuncia que quedó a cargo del juzgado federal 9, que subroga María Eugenia Capuchetti. Milei, que busca asfixiar a la provincia sin mandar fondos, avaló al diputado y se despachó con frases tales como que Kicillof “viola la propiedad privada”. “Cuando ratifique la denuncia voy a ampliarla para que incluya al Presidente Milei, que habría incurrido en la misma conducta”, dijo Carreras a Página/12.
Para ilustrar la gravedad del asunto, la letrada mostró las repercusiones de lo que había dicho Espert, entre las que incluyó al abogado Daniel Sabsay –que no es precisamente un peronista– quien sostuvo que “es una irresponsabilidad que un ciudadano vele porque algo no se cumpla”. Para el caso, dijo Sabsay, “hay abuso de poder e incumplimiento de deberes de funcionario” y advirtió que quienes ocupan cargos públicos, a contramano de Espert, “deben velar para que se cumpla con las obligaciones”.
Carreras agregó que los “dichos” de Espert “no son inocentes, por el contrario, apuntan a incitar a una población golpeada por el ahogo económico a que no pague tributos” y “afectan el orden público económico del estado provincial y la posibilidad de cumplir con sus deberes esenciales”. Apunta a explicar que la discusión excede a la libertad de expresión. El diputado, insiste ella, “incita lisa y llanamente a los bonaerenses a perpetrar el delito de desobediencia (…) cuyas consecuencias podrían ser dejar sin recursos a la provincia de Buenos Aires”, advierte el escrito, que subraya que la intención es debilitar un “modelo de Estado presente para los más débiles”. Incitar a cometer un delito puede tener penas entre dos y seis años de prisión.
Qué pasó con otras denuncias
No es sorpresa que en Comodoro Py predomine el “tiempismo” cuando los denunciados/as forman parte de espacios de derecha o, ahora, ultraderecha. O que se recurra a artilugios que protejan a los involucrados. “Realizar las denuncias en el fuero federal de Comodoro Py conlleva intuir el vergonzoso destino de las acciones. Sin embargo, cada denuncia pone en evidencia la complicidad judicial que brinda impunidad a la derecha y sus personeros. Por eso no desisto, porque quedarán pruebas de ese manejo”, evalúa Carreras. Cuenta también que en los fueros federales de provincias sí logró que se profundicen causas.
Aquí un mapa de las causas contra Milei, sus funcionarios y adeptos:
*Milei y Ramiro Marra (ahora miembro de su consejo de asesores económicos) fueron denunciados por la corrida cambiaria de octubre de 2023, cuando llamaban a retirar los plazos fijos. “El peso no puede valer ni excremento”, dijo el ahora Presidente. El expresidente Alberto Fernández les atribuyó infundir temor, y la abogada Carreras, incitación a la violencia económica. Para el juez Julián Ercolini no había delito
- ATE responsabilizó a Milei por abuso de autoridad y traición a la patria por el dictado del DNU 70/2023 que desreguló la economía y modificó y derogó cerca de 300 normas. El juez es Sebastián Ramos, quien cerró el caso Lago Escondido. No hay noticias.
- La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), que lidera Juan Grabois, logró que se abra en febrero un expediente por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público contra la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello por no entregar alimentos a los comedores barriales y comunitarios de todo el país. La investigación fue delegada a la fiscala Paloma Ochoa, quien pidió información al ministerio sobre las regulaciones en este tema.
- Milei trató más de una vez a los diputados/as de “coimeros” y de “hacer negocios” para votar leyes, en especial a los que lo cuestiona. Al menos tres denuncias advierten que, como funcionario, si conoce sobornos debió denunciarlos: una del diputado Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria, otra del abogado Leonardo Martínez Herrero, y una más de un grupo de diputados/as radicales encabezados por Fernando Carbajal. El pedido es que se cite al presidente como testigo (lo que lo obliga a decir la verdad) para que especifique de qué pagos ilegales habla, y que en ese caso se investigue. Intervienen el juez Ariel Lijo y la fiscala Alejandra Mangano. Pidieron informes al Congreso para saber si hubo denuncias internas u otros planteos.
- La legisladora del MST Celeste Fierro había denunciado que el protocolo anti-protestas de Patricia Bullrich viola “el derecho de asociación, libertad de expresión, defensa en juicio”. Pedía la inconstitucionalidad y tramitaba como un habeas corpus. Después de que la causa paseó por ocho tribunales, el juez Sebastián Casanello asumió la competencia, le pidió explicaciones a la ministra sobre cómo elaboró el protocolo, la exhortó a que se respeten las normas locales e internacionales sobre derechos humanos, citó a una audiencia, convocó a una segunda y cuando estaba por empezar el camarista Eduardo Farah dijo que la competencia era de la justicia ordinaria. Ahora la pelea por qué juzgado debe actuar está camino a la Corte.
- Hay una investigación por la represión en el Congreso los días que se discutía la Ley Omnibus, que acumula la presentación del titular del Programa contra la violencia Institucional de la Defensoría, la del abogado Matías Aufieri (herido en un ojo) y la de H.I.J.O.S y ATE, que alude a otros heridos y en especial trabajadores de prensa. Está en el juzgado de Julián Ercolini e interviene el fiscal Ramiro González, con medidas en trámite. Apunta a Bullrich y a integrantes de la policía motorizada que disparaba balas de goma a zonas vitales y utilizaba un tipo de gas que causa lesiones en la piel y problemas respiratorios.
- El constitucionalista Andrés Gil Domínguez hizo una denuncia penal por la falta de tratamiento del DNU 70. Los delitos: incumplimiento de deberes y abuso de autoridad. Apuntó a los presidentes de las Cámaras por incumplir la ley que dice que si pasados diez días no hay dictamen de la Comisión Bicameral “deben abocarse de oficio al expreso e inmediato tratamiento del DNU”. Con el rechazo del Senado hizo una ampliación ante el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi ya que se “hace más ostensible la omisión” de Diputados, en especial de su presidente Martín Menem “de realizar el respectivo control político ulterior de forma inmediata”. Aún no hay novedades.
- Carreras pidió que se investigue el “dictamen blue” para la Ley Bases, firmado en blanco entre negociaciones y que se habría redactado en un departamento en Recoleta. El caso quedó abstracto al caer la ley.
Página/12