Este viernes la Policía Federal y la Dirección Nacional de Migraciones llevaron adelante un descomunal despliegue de vigilancia intensiva en la CABA, con requisas. La medida se enmarca en cambios normativos que endurecen expulsiones, restringen derechos básicos y refuerzan un enfoque de xenofobia estatal. Tan solo en marzo se realizaron 2780 operativos similares en distintos puntos del país.
Las calles del barrio porteño de Once amanecieron este viernes bajo un clima de asedio que retrotrae a las épocas más oscuras de nuestra historia reciente, transformándose en el escenario de un megaoperativo de control migratorio de una magnitud sin precedentes.
La Dirección Nacional de Migraciones desplegó junto a la Policía Federal Argentina un dispositivo cerrojo que asfixió la circulación habitual de la zona, buscando activamente a personas indocumentadas y supuestos prófugos de la Justicia para aplicar las nuevas directrices del gobierno
Los efectivos policiales procedieron a interceptar a transeúntes de manera aleatoria, exigiendo documentos de identidad, revisando de forma invasiva bolsos y mochilas, e impidiendo el libre tránsito en uno de los nudos comerciales más vitales de la ciudad
Este despliegue, que recuerda a las tácticas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de los Estados Unidos, arrojó hasta el momento un saldo de 7 personas demoradas, quienes fueron trasladadas bajo custodia tras ser detectadas en lo que el oficialismo denomina “situación irregular”.
Cabe señalar que, según información oficial de Migraciones, el organismo llevó adelante 2780 operativos de control de permanencia en distintos puntos del territorio nacional. Los mismos se inscriben dentro una política de Estado que busca criminalizar la migración, utilizando dispositivos biométricos portátiles como el Morpho RAPID ID y el cruce de datos del sistema SASI para identificar y segregar a aquellos que el gobierno considera “amenazas” a la seguridad pública.
Esta cacería en el espacio público es la consecuencia directa del Decreto 366/2025 (vigente desde mayo del 2025), una norma que modifica la Ley de Migraciones, de claro tinte xenófobo que busca acelerar las deportaciones y restringir de manera drástica el acceso a derechos básicos como la salud y la educación superior.
Según datos analizados por el portal Chequeado.com, este decreto introduce modificaciones sustanciales que rompen con la Ley de Migraciones vigente desde 2003, la cual ya preveía el rechazo de personas con antecedentes penales graves en el extranjero, pero que ahora se extiende a cualquier tipo de delito, por más mínimo que sea.
El Gobierno de Milei justificó en aquel momento estas modificaciones mediante una retórica que asocia el fenómeno migratorio con el terrorismo y la inseguridad, llegando a citar organizaciones como el Tren de Aragua o la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) como supuestos riesgos latentes, sin aportar pruebas concretas que vinculen estos grupos con el flujo migratorio regular que sostiene la fuerza de trabajo en nuestro país.
La Izquierda Diario