El aviso de cancelación sorprendió a los artistas y a los organizadores, que califican la decisión de injustificada y alertan sobre su impacto en la visibilidad cultural indígena. Ante la insistencia periodística por conocer las razones, la respuesta fue que la muestra “no encuadraba dentro del perfil del Centro Palacio Libertad”. Mientras no haya una respuesta clara, la sospecha de censura continuará creciendo.
La cancelación, sin explicaciones formales, de una muestra de arte wichí prevista en el Palacio Libertad de la Ciudad de Buenos Aires abrió una fuerte polémica y derivó en acusaciones de censura y segregación dirigidas a las autoridades, con un perjuicio directo sobre comunidades originarias del norte argentino.
La exposición formaba parte de la Primera Bienal de Arte Indígena, cuya sede principal es la Universidad Católica Argentina, y que se completa con una serie de eventos paralelos. Entre estos últimos se encontraban los que iban a desarrollarse en el Palacio Libertad – espacio gestionado por la Secretaría de Cultura de la Nación -, donde estaba prevista una exposición en el sexto piso y un mercado de artesanías en la planta baja.
La muestra del sexto piso había sido planificada con suficiente antelación. A los artistas se les solicitó contratar seguros, trasladar las obras y se habían contratado montajistas para el armado. Sin embargo, el viernes anterior al montaje, previsto para el lunes siguiente, se les comunicó que la exposición quedaba levantada. No se brindaron explicaciones claras ni formales sobre los motivos de la decisión.
Ante la insistencia periodística por conocer las razones, la respuesta fue que la muestra “no encuadraba dentro del perfil del Centro Palacio Libertad”. Qué significa exactamente ese “encuadre” nunca fue aclarado. Lo que sí resulta evidente es que las mismas autoridades que ahora la descartaban habían considerado previamente que la muestra merecía realizarse allí, hasta que —según se informó— una orden superior determinó su cancelación.
La exposición reunía obras de artistas wichí, cuyo origen se remonta a una experiencia singular: un pintor enseñó a pintar a una mujer wichí en Misión Chaqueña, quien desarrolló con el tiempo un estilo propio, profundamente ligado a la vida cotidiana y a la cosmovisión de su comunidad. Con los años, su familia y otros integrantes continuaron esa práctica artística, que hoy constituye su principal y, en muchos casos, única fuente de ingresos.
Las pinturas se caracterizan por un lenguaje visual directo, auténtico y vital, con escenas de caza, recolección, pesca y vida comunitaria. No contienen ningún tinte político, ni responden a consignas ideológicas: simplemente reflejan su forma de vida, su relación con el territorio y su mundo simbólico.
A partir de la cancelación, comenzó a instalarse en redes sociales y en distintos ámbitos culturales la idea de que se trata de un acto de censura y segregación ejercido desde el Estado, que termina afectando a comunidades originarias pacíficas, sin relación alguna con militancias políticas ni con conflictos protagonizados por grupos extremistas en otras regiones del país.
La situación resulta además contradictoria: la Primera Bienal de Arte Indígena continúa realizándose normalmente en la Universidad Católica Argentina, una institución sin vínculo alguno con definiciones políticas, y con la misma calidad artística que iba a exhibirse en el Palacio Libertad. La única diferencia es el espacio institucional que decidió dar marcha atrás.
Según trascendió, la única “reparación” ofrecida hasta el momento habría sido la devolución de los gastos en seguros y algunos costos operativos, una solución considerada insuficiente y humillante. No contempla el daño moral, simbólico y ético causado a artistas que trabajaron durante meses con la expectativa de exponer y vender su obra en la Ciudad de Buenos Aires.
Si la cancelación se mantiene, las obras probablemente se exhiban en otro espacio. Sin embargo, quedará instalada la idea de que el Estado nacional censuró una muestra que él mismo había aprobado, impidiendo su realización por razones no explicitadas y generando una percepción de segregación institucional hacia pueblos originarios.
Para los propios organizadores y para la Secretaría de Cultura, revertir la decisión no solo sería un acto de justicia hacia los artistas wichí, sino también una forma de evitar un costo político y cultural innecesario. Ningún gobierno sale fortalecido cuando se lo asocia con censura, y mucho menos cuando esa acusación recae sobre las autoridades, en perjuicio de comunidades indígenas históricamente postergadas.
La pregunta sigue abierta: ¿qué cambió, en tan poco tiempo, para que una muestra previamente aceptada dejara de “encuadrar”? Mientras no haya una respuesta clara, la sospecha de censura continuará creciendo.
Infobae