Autoridades universitarias, docentes, no docentes, estudiantes y miles y miles de personas inundaron la Plaza de Mayo y alrrededores para reclamarle a Milei que cumpla la ley y ejecute la Ley de Financiamiento Universitario: “No hipotequen el futuro”. Mientras el reclamo se replicaba en todo el país.
La multitudinaria movilización de la comunidad de universitarios y sus organizaciones colmó Plaza de Mayo en la CABA para exigir que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales convocaron a una enorme multitud que inundó el centro porteño. La jornada constituyó la cuarta Marcha Federal Universitaria desde la asunción de Javier Milei como presidente.
“No hipotequen el futuro”
Anselmo Torres, rector de la Universidad de Río Negro, advirtió durante el acto: “Está en riesgo la democracia, la plena vigencia del estado de derecho”.
El rector sostuvo que “una sociedad empieza a quebrarse cuando deja de dolerle el sufrimiento del otro”, y denunció que restringir el derecho a protestar, emplear la represión policial y desconocer leyes aprobadas por el Congreso nacional constituyen amenazas directas a la democracia.
El reclamo incluyó un pedido explícito para que la administración nacional cumpla tanto con la ley de financiamiento universitario como con las decisiones judiciales. “Exigimos que el gobierno cumpla con la ley de financiamiento universitario, la voluntad democrática del Congreso y las decisiones de la Justicia”, expresó Torres ante la multitud reunida. Rechazó la posibilidad de “condenar a millones de jóvenes a privarse del derecho a estudiar”, señalando que el ajuste y la crisis económica, aunque relevantes, no explican por sí solos el peligro que enfrenta el sistema educativo.
En su discurso, Torres mencionó que la jornada fue “un día histórico”, resaltando que “nos encontramos en la calle y dijimos que el otro sí nos importa. Nos importan los trabajadores, los jubilados, las personas con discapacidad, los estudiantes”. El rector remarcó que limitar derechos, demorar acciones judiciales o discriminar por pensar diferente pueden dañar de forma irreparable la convivencia democrática.
El documento leído en Plaza de Mayo
En el texto central de la cuarta Marcha Federal, las casas de altos estudios denunciaron una caída inédita del presupuesto y sueldos en niveles históricos mínimos. Acusaron al Gobierno de romper la división de poderes y pidieron a la Justicia que destrabe la ley de financiamiento para evitar el colapso del sistema.
En un texto cargado de reclamos urgentes tras “203 días sin aplicar la Ley”, las casas de altos estudios denunciaron que el sistema atraviesa una crisis terminal y le exigieron directamente a la Corte Suprema que ponga un freno al ajuste gubernamental. “El Poder Ejecutivo, en un acto de desprecio institucional sin precedentes, decidió alzarse contra los otros dos poderes de la República”, dispararon.
El corazón de la protesta apuntó al bloqueo de la Ley de Financiamiento Universitario, una postura oficial que, según los manifestantes, rompe con “la regla democrática y constitucional básica”. El escrito advirtió que la política de asfixia estatal generó una “reducción inédita de los recursos”, graficada en una caída real del 45,6% en las transferencias entre 2023 y el actual 2026. “Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe no es solo lo relativo al presupuesto, es el contrato social que nos mantiene libres y en un estado de derecho”, sentenciaron.
El desplome de los ingresos fue otro de los ejes más sensibles que resonó frente a una Plaza de Mayo colmada. El documento expuso que los sueldos universitarios tocaron su nivel más bajo de los últimos 23 años, con una pérdida de poder adquisitivo superior al 37% producto de una inflación que superó el 290% frente a paritarias cerradas unilateralmente. Esta licuación salarial, explicaron, provocó un “deterioro alarmante de las condiciones de trabajo”, crisis en las obras sociales y un “preocupante nivel de renuncias de cuadros formados” que no logran cubrir sus necesidades básicas.
A su vez, la declaración alertó sobre un “profundo deterioro” en el sistema de becas, una política vital para garantizar el ingreso y la permanencia en las aulas. Al mantener congelados o desfinanciados programas clave como el Progresar, el Manuel Belgrano o las becas científicas frente a la constante suba de precios, el actual esquema “expulsa estudiantes del sistema universitario, profundiza las desigualdades sociales y pone en riesgo la posibilidad de que miles de jóvenes puedan continuar sus estudios”, detalló el texto.
En cuanto al sostenimiento de la infraestructura y el día a día, los números presentados resultaron igual de lapidarios. Los organizadores de la marcha señalaron que las partidas para gastos de funcionamiento jamás lograron superar el 64% del valor real que ostentaban a principios de 2023. En la práctica, denunciaron que durante los meses que lleva la gestión libertaria “se perdió el equivalente a casi 9 meses de transferencias”, lo que imposibilita el pago de servicios y el normal desempeño operativo de las facultades.
Para los manifestantes, el golpe a la educación superior trasciende los muros académicos y se convierte en un ataque directo a la sociedad civil. En la lectura, enfatizaron que la universidad pública funciona como una histórica caja de resonancia de los dolores del país, y remarcaron que asumir la defensa de la educación estatal implica también hacer resonar reclamos por “la discapacidad, las jubilaciones, la salud, las diversidades, el alimento, los recursos naturales y la industria nacional”.
El pedido a la Corte y la advertencia sobre el futuro
Ante la negativa del Poder Ejecutivo de acatar la norma sancionada por el Congreso, el documento miró directamente hacia el máximo tribunal del país buscando una salida de emergencia. “Le pedimos a la Corte Suprema de Justicia que nos acompañe, escuche el clamor de las plazas de toda la república y no permita que el Gobierno nacional siga incumpliendo”, exigieron las autoridades universitarias, fundamentando su reclamo en el carácter alimentario de los sueldos y la obligación estatal de garantizar la educación.
El comunicado subrayó además el rol irremplazable de la ciencia y la tecnología pública como motores de la economía nacional. Los rectores advirtieron que desfinanciar la investigación significa destruir recursos estratégicos necesarios para generar empleo con derechos, competir a nivel global y agregar valor a la materia prima. “Todo proyecto de país necesita una universidad de excelencia que aporte desde la soberanía científica, tecnológica y de las artes a su desarrollo”, sostuvieron.
A modo de balance, el texto reivindicó a la educación pública, gratuita y federal como “un valioso logro de muchas generaciones” y el principal “instrumento de justicia social que produce movilidad social ascendente”. En ese sentido, dejaron en claro que atentar contra este sistema lesiona directamente las condiciones de igualdad, apaga el lugar que aloja la esperanza y “hace posible los sueños de miles de jóvenes”.
El cierre del acto central fue un contundente llamado a la resistencia para evitar la fuga de cerebros y el colapso de las instituciones. Con un mensaje dirigido a toda la ciudadanía, alertaron que si se permite que docentes, investigadores y estudiantes sean expulsados del sistema, “el futuro de prosperidad para el país será solo un sueño”. La declaración culminó con una arenga que hizo vibrar a la multitud en Plaza de Mayo: “Es aquí y ahora. ¡La universidad pública se defiende! ¡Por más y mejor educación pública y ciencia!”.
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