Casi nunca van presos los autores mediatos de las represiones estatales, pero el exsecretario de Seguridad Enrique Mathov se encamina a ser la excepción. El ex funcionario se presentaría este jueves ante el Tribunal Oral Federal 6, que ordenó su detención, y la del ex jefe de la Policía Federal, Rubén Santos, para que cumplan sus condenas de prisión –cuatro años y tres meses y tres años y seis meses, respectivamente– por la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001, que en la CABA causó el asesinato de cinco manifestantes. El martes la Corte Suprema había rechazado sus apelaciones y dejó firmes sus condenas, dictadas en mayo de 2016. A poco de conocerse ese fallo, el pedido de arresto fue planteado por la fiscalía y por la querella que representa a los familiares de las víctimas y a los heridos de aquellas jornadas, cuando el operativo represivo descomunal ahogó la pueblada que desalojó del poder al ex presidente Fernando de la Rúa. Al mismo tiempo, los abogados de Mathov pidieron que pueda cumplir la pena en su casa. “Hay alegría pero también un resto de amargor. ¿Cómo puede ser que hayan tardado 23 años? Es demasiado, casi la edad que yo tenía de vida cuando ocurrieron los hechos. Ya soy otra persona”, dijo a Página/12 Martín Galli, sobreviviente de aquella masacre en pleno centro porteño, cuando una de las balas policiales impactó en su cabeza.
“El primer sentimiento fue muy personal e íntimo con la gente cercana a mí, por los 23 años que pasamos pidiendo justicia, cuando los abogados me contaron sentí una especie de relax, pero pasado ese momento de euforia con los demás familiares nos dimos cuenta que, por ejemplo, la mamá de Diego Lamagna ya no está para observar este fallo, y así tanta gente, por eso cuando la justicia tarda tanto se convierte en otra cosa”, describió Galli ante la inminente detención de uno de los condenados. “Bienvenido que se resuelva y se empiece a acelerar, gracias a los equipos de abogados, a nosotros los sobrevivientes y los familiares que recorrimos los Tribunales tratando de meter presión, organizando las marchas del 20 de diciembre, eso ayudó”, agregó.
El otro de los condenados cuya detención fue ordenada por el TOF 6, el ex comisario Santos, tiene 72 horas para presentarse y todo indica que se las tomará porque se encuentra en España, adonde había sido autorizado a viajar. Según pudo saber este diario, su defensa se comunicó con el tribunal que subroga la jueza Adriana Palliotti, por ahora de manera informal, haciendo gestiones para intentar que el ex jefe de la Federal no vaya preso. “La discusión la van a tener que dar desde la cárcel”, resumió una fuente.
En el caso de Mathov, su defensa señaló que tiene 76 años, pero la legislación que contempla el arresto domiciliario a partir de los 70 no es un beneficio que se otorgue en forma automática a partir de esa edad. Los letrados dijeron que siempre estuvo a derecho, y recordaron que en el inicio de la causa permaneció detenido durante seis meses. Sobre sus problemas de salud expresaron que actualizarán esa información ante los jueces. “Advertimos que no hay necesidad preventivo especial para que Mathov vaya a la cárcel común, pudiendo cumplir su condena y satisfacerse dichos fines preventivos del derecho penal a través de la detención domiciliaria, prevista para estos casos tanto por el derecho interno como por el internacional de los derechos humanos”, plantearon los letrados del estudio Valerga Aráoz. El beneficio en cuestión fue pensado en resguardo de los derechos humanos de los presos adultos mayores con enfermedades terminales, no como un privilegio para ex funcionarios y genocidas.
Por su parte, en su resolución la jueza Pailotti expresó que “en atención a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, habiendo adquirido firmeza la sentencia de cuatro años y tres meses de prisión dictada en autos y encontrándose aquélla ejecutable, cítese a Enrique José Mathov para que se presente en el Tribunal el 19 de septiembre a las 09:30 horas, a fin de estar a derecho y hacer efectiva la detención”. Según el cálculo del cómputo de la pena, como ambos ya pasaron algún tiempo privados de su libertad, Mathov cumplirá con su pena el 22 de mayo de 2028, mientras que Santos lo hará el 28 de septiembre de 2027.
Tras el fallo de la Corte Suprema, el fiscal federal Sergio Muraca y el abogado querellante Rodrigo Borda pidieron hacer efectiva las detenciones. “La sentencia condenatoria dictada contra Mathov y Santos ha adquirido firmeza y corresponde que sea ejecutada. Por ello, solicitamos la inmediata detención de ambos condenados”, pidió Borda, quien representa a la viuda de Gastón Riva, María Arena, y a la hermana de Diego Lamagna, Karina Lamagna. “El fallo respecto de los nombrados ha adquirido firmeza y por ello solicito que se hagan efectivas las sanciones respectivamente impuestas”, fueron las palabras elegidas por el fiscal Muraca.
Diciembre ardiente
Mathov y Santos fueron condenados por los homicidios culposos de Riva, Lamagna y Carlos “Petete” Almirón, y por 25 casos de lesiones culposas, entre ellas la de Galli, Paula Simonetti y el ex ministro y actual senador nacional Eduardo “Wado” De Pedro, en la causa 22080/2001 que aún está caratulada como De la Rúa y otros s/abuso de autoridad. La decisión de la Corte de ratificar la condena que habían dictado el 23 de mayo de 2016 los jueces José Martínez Sobrino, Adrián Martín y Rodrigo Giménez Uriburu sienta un precedente casi inédito respecto al juzgamiento de las responsabilidades políticas de represiones a las manifestaciones sociales. Precisamente aquel fallo, en varias de sus partes, reafirmó el derecho a la protesta. En medio de una escalada represiva de la actual administración de la Casa Rosada, la reactivación de una causa tan emblemática cuesta trabajo que sea leída como casual.
Mathov, a cargo de la entonces Secretaría de Seguridad, le dio el 20 de diciembre la orden a Santos de “despejar la Plaza de Mayo de manifestantes”. La noche anterior la policía los había reprimido allí y frente al Congreso, al mismo tiempo que operativos similares se desplegaban en todas las provincias con un saldo de 38 muertos. De la Rúa fue investigado y sobreseído. En su defensa Mathov sostuvo que los funcionarios que dirigieron a los agentes de policía que causaron las muertes y lesiones habían sido el ministro del Interior, el fallecido Ramón Mestre, y la jueza María Servini de Cubría.
La familia de Mathov, de origen judío proveniente de Rusia, siempre estuvo ligada a la Unión Cívica Radical. Su padre Arturo era un reconocido dirigente radical del porteño barrio de Barracas. En 1973 pasó un año en un Kibutz en Israel. Fue jefe del Comité Radical porteño, concejal en 1983 y ministro de Educación en 1987 durante la intendencia de Facundo Suárez Lastra. En 1993 fue electo diputado nacional, y en 1998 ministro de Gobierno del entonces jefe de Gobierno porteño, Fernando de la Rúa.
Página/12