La fiscalía y las querellas del juicio que lleva adelante el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, en el que son juzgados 18 represores por delitos de lesa humanidad cometidos en el Cuerpo de Caballería de La Plata durante la última dictadura militar, pidieron la presencialidad plena en la sala de audiencias de los defensores de los imputados, a fin de evitar comentarios “burlones” como los que dos letrados emitieron la semana pasada.
“Buenos días, hermosa mañana”, señaló Sebastián Olmedo Barrios, abogado de varios de los imputados que tiene este proceso oral y público, cuando se conectó por zoom para participar de una audiencia que se celebró el pasado 23 de noviembre, cuatro días después del triunfo que obtuvo el candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, en el balotaje presidencial.
“Hermosa mañana, doctor Olmedo Barrios”, le respondió el abogado Gonzalo Miño, quien también ejerce la defensa de personas que se encuentran imputadas en este juicio de lesa humanidad.
Al inicio de la audiencia de este jueves, pidió la palabra la abogada querellante Guadalupe Godoy quien solicitó la presencialidad plena de las partes en la sala de audiencias, en un debate que hasta ahora se desarrolla de manera semipresencial.
Godoy consideró que la virtualidad con la que participan en el juicio los abogados defensores “desdibuja las reglas básicas de comportamiento y permitió esa situación disvaliosa”.
“Las provocaciones realizadas por los dos defensores, las burlas a las víctimas y al Tribunal, en la presencialidad no habrían sido admitidas”, remarcó la letrada que querella en representación de víctimas y organismos de derechos humanos.
El planteo de Godoy contó con la adhesión de las restantes querellas y de la fiscalía, por lo que la jueza del Tribunal dio traslado a la defensa para que opine al respecto.
Gastón Barreiro, defensor oficial, expresó su rechazo a la presencialidad argumentando que la virtualidad ha permitido y permite su participación en diversos juicios de lesa humanidad que se tramitan durante una misma jornada.
En igual sentido se expresaron otros defensores, que dijeron que esta cuestión “ya había sido saldada con anterioridad” por el Tribunal ante requerimientos similares.
Olmedo Barrios, al hacer uso de la palabra sostuvo que le “sorprende lo que ha planteado la querella”, y aseguró que con su comentario no había “querido faltar el respeto ni a víctimas, ni a las partes”.
“Fue un hecho anecdótico que no merece la importancia que se le ha dado. El tema de la presencialidad está cerrado y no corresponde”, aseguró el abogado.
La presidenta del Tribunal, Karina Yabor, expresó que “el Tribunal pasa a resolver y serán notificados” tras lo cual dio inicio a la audiencia de hoy e hizo pasar al primer testigo.
Los detalles de la causa
El TOF 1, que por primera vez es presidido por una mujer, Karina Yabor, juzga desde mayo último a 18 represores exmilitares, policías y dos civiles, uno de ellos exministro de Gobierno bonaerense, por los delitos cometidos contra 210 víctimas cautivas en el excentro ilegal de detención que funcionó en el Cuerpo de Infantería de la Policía de la provincia de Buenos Aires, ubicado en la calle 1 entre 59 y 60 de La Plata y en el otro excentro que funcionó en la comisaría 8va de la capital bonaerense.
Los imputados por los delitos cometidos en 1 y 60 son Roberto Armando Balmaceda; Carlos Ernesto Castillo “El Indio”; Alberto José Crinigan; Tomas D´Ottavio; Carlos Hugo Leguizamón; Claudio Rubén Mejías; Raúl Ricardo Monzón y Juan Antonio Vidal.
Por los hechos ocurridos en la comisaría 8va están imputados: Enrique Armando Cicciari; Luis Gustavo Diedrichs, Lucio Carlos Ramírez y Rubén Vicente Sánchez; Jorge Héctor Di Pascuale; Carlos María Romero Pavón y el exministro de Gobierno bonaerense, Jaime Lamont Smart, y por su accionar conjunto en 1 y 60 y Comisaría 8va: Lucas Marcelo Castro; Ismael Ramón Verón y Enrique Francisco Welsh.
Télam