Con las pruebas reunidas por la Unidad Fiscal de Rosario sobre la existencia de un centro clandestino de detención que funcionó en el exBatallón de Comunicaciones 121, el Juzgado Federal N°4 de esa ciudad convocó a declaración indagatoria a 33 exmilitares como autores de privaciones ilegítimas de la libertad durante la tramitación de consejos de guerra -tribunales militares que aplicaban el Código de Justicia Militar para la persecución política y que privaban a las víctimas de la intervención en sus causas de los jueces naturales- a víctimas del terrorismo de Estado, a quienes aplicaban condenas tras la realización de parodias de juicio en los que miembros de las fuerzas armadas actuaban como jueces, fiscales y defensores. La orden judicial se logró luego de que la fiscalía lograra revertir ante la Cámara Federal de esa jurisdicción un primer rechazo de la pretensión por parte del juzgado. Es la primera vez que en Rosario se imputada por estos delitos a exintegrantes de esos tribunales castrenses.
Las imputaciones fueron el fruto de un trabajo de la Unidad Fiscal, a cargo del fiscal general Adolfo Villatte, que a partir de una investigación iniciada el 6 de agosto de 2020 logró reunir prueba de la existencia de un centro clandestino de detención en aquella unidad militar. De acuerdo con los elementos reunidos, su funcionamiento se extendió entre el 24 de marzo de 1976 y el 9 de mayo de 1980.
Las instalaciones militares ya habían sido señalizadas como centro clandestino de detención (CCD) por la Red Federal de Sitios de Memoria, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, como consecuencia de los testimonios de víctimas que en diversas causas declararon haber estado en cautiverio en ese lugar.
De acuerdo con lo indicado por la Unidad Fiscal, los testimonios de más de 50 conscriptos que realizaron el Servicio Militar Obligatorio en la Compañía de la Policía Militar (CPM) 121 confirmaron que en el edificio funcionaba un lugar de reunión de detenidos subversivos (LRDS, de acuerdo con las siglas utilizadas en documentos militares para la denominación de centros clandestinos de detención) en plena coincidencia con las víctimas que sufrieron parte de su periplo de detenciones ilegales en ese lugar.
A partir de esa información, la fiscalía inició la investigación por la cual logró determinar la existencia de tres lugares donde el Ejército mantenía cautivas a las personas secuestradas. Uno de ellos fue reconocido como LRDS y estaba ubicado a la derecha del ingreso por la calle Lamadrid. El segundo se encontraba en el edificio donde funcionaba la enfermería y el tercero dentro del edificio de la propia CPM 121.
Según la Unidad Fiscal, la investigación demostró que las personas alojadas en ese centro de detención se encontraban a disposición de consejos de guerra, que ordenaban su traslado desde el Batallón de Comunicaciones hasta la sede del Consejo de Guerra y viceversa. A partir de esta circunstancia, el Ministerio Público Fiscal sostiene que las dependencias ubicadas en el Batallón funcionaban como centro clandestino de detención de paso, hasta que el consejo de guerra decidiera cuál era el destino final de las personas detenidas.
De acuerdo con la investigación de la fiscalía sobre los expedientes del Consejo de Guerra Especial Estable, los imputados cumplían funciones militares, con distintos rangos, dentro del CPM 121, y a su vez eran los encargados de integrar -con diversos roles- los tribunales militares a través de los cuales se imponían condenas a las víctimas en parodias de juicios.
Fiscales