La acción, presentada ante el fuero en lo Contencioso Administrativo federal, sostiene que ese protocolo “se aparta de los principios que regulan el uso de la fuerza letal reconocidos universalmente”.
Según el CELS, la norma “reedita en términos generales el reglamento de uso de armas que había establecido en 2018, durante la gestión presidencial de Mauricio Macri, y que daba lugar a la llamada ‘doctrina Chocobar’”.
“El reglamento se aparta de los principios, las reglas y los estándares establecidos a nivel internacional para la regulación del uso de armas de fuego. Si bien el texto cita estos estándares internacionales, no los cumple”, afirmó el CELS.
Según la crítica, los postulados del reglamento “pasan por alto principios básicos como el de excepcionalidad, progresividad y proporcionalidad en el uso de la fuerza e incumplen las obligaciones jurídicas que el Estado argentino asumió a nivel internacional”.
“La amplitud de las situaciones en las que los funcionarios están autorizados a disparar sus armas de fuego, habilita un amplio margen de discrecionalidad para la evaluación de tales circunstancias. Esto implica un peligro gravísimo para la vida e integridad física de la población”, advirtió la organización.
“Esta nueva normativa puede provocar que los controles en avenidas, las persecuciones en las calles o intentos de robos se transformen en situaciones en las que las fuerzas de seguridad federales puedan responder con el uso de la fuerza letal, incluso si en esos episodios no hubiera armas de fuego”, resumió la presentación.
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