La organización estaba integrada por tres hombres detenidos en la cárcel bonaerense de Magdalena y cuatro mujeres que colaboraban desde el exterior. Según la acusación, operaba mediante perfiles falsos en aplicaciones de citas y exigía dinero a sus víctimas bajo amenazas de denuncias penales. Una de ellas fue el soldado Rodrigo Gómez, quien se quitó la vida en diciembre pasado en la residencia presidencial.
El fiscal a cargo de la Fiscalía Federal N°1 de San Isidro, Federico Iuspa, solicitó la elevación a juicio parcial de la investigación seguida contra siete personas acusadas de liderar o integrar una asociación ilícita dedicada a extorsionar a hombres contactados a través de aplicaciones de citas. Además, requirió que los dos presuntos líderes de la organización también sean juzgados por la instigación al suicidio del soldado Rodrigo Gómez, ocurrido en diciembre pasado en la Quinta Presidencial de Olivos.
De acuerdo con el requerimiento de elevación a juicio presentado ante la titular del Juzgado Federal N°1 de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, la organización habría operado entre el 14 de diciembre de 2025 y el 9 de febrero de este año. En esta etapa de la investigación se le atribuyen tres hechos de extorsión, sin perjuicio de otros episodios que continúan bajo investigación.
Según la acusación, T.M.F., de 23 años, y M.J.D.A., de 25, lideraban la organización desde la Unidad N°36 de Magdalena del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). La estructura criminal también estaba integrada por K.M.S.P., de 28 años —quien posteriormente fue trasladado a la Unidad N°26 de Lisandro Olmos— y por sus respectivas parejas I.A.C., de 23 años, K.Y.C., de 25 y E.Y.T., de 36; junto a C.A.M., de 24 años.
Para la fiscalía, estas cuatro mujeres cumplían funciones logísticas esenciales para el funcionamiento de la organización, al facilitar cuentas de billeteras virtuales propias o de familiares para canalizar el dinero obtenido mediante las extorsiones y aportar chips telefónicos utilizados por los internos para realizar llamados desde los establecimientos penitenciarios.
La investigación
La causa se inició el 16 de diciembre pasado, tras el hallazgo del cuerpo sin vida del soldado Rodrigo Gómez, de 21 años, en una de las garitas de la residencia presidencial de Olivos, donde prestaba funciones de custodia. El integrante del Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín se quitó la vida con su arma reglamentaria y dejó una carta en la que explicó los motivos de su decisión.
A partir del trabajo conjunto entre la fiscalía, el juzgado y la División Homicidios de la Policía Federal Argentina, se logró reconstruir la modalidad de actuación de la organización e identificar a sus presuntos integrantes.
La pesquisa permitió establecer que el grupo creaba perfiles falsos de mujeres en aplicaciones de citas, entre ellas Evermatch, para entablar contacto con potenciales víctimas y luego trasladar la conversación a WhatsApp.
Posteriormente, las víctimas recibían un mensaje de audio de una persona que se presentaba como la madre de la supuesta joven y que afirmaba que se trataba de una menor de edad. Bajo esa excusa, advertía sobre la posibilidad de formular una denuncia penal.
Luego intervenía otra persona que se hacía pasar por integrante de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, usurpando la identidad de un efectivo real. Mediante llamadas telefónicas exigía transferencias de dinero bajo el pretexto de evitar la supuesta denuncia y “ayudar con la situación”.
En base a las pruebas recabadas se estableció que la organización participó de tres hechos concretos. El primero tuvo como víctima al soldado Gómez, quien el 15 de diciembre pasado transfirió 1.413.000 pesos a dos cuentas de Mercado Pago.
El segundo episodio ocurrió el 26 de diciembre, cuando otro hombre fue obligado a transferir 15.000 pesos a una cuenta de la misma billetera virtual vinculada con otra de las imputadas. Finalmente, entre el 22 y el 28 de diciembre, una tercera víctima depositó un total de 116.000 pesos en cuentas pertenecientes a dos de las acusadas.
Detenciones
Por disposición de la jueza Arroyo Salgado, el 9 de febrero pasado se realizaron siete allanamientos. Tres de ellos tuvieron lugar en unidades penitenciarias y los restantes en distintos domicilios del conurbano bonaerense, donde fueron detenidas las cuatro mujeres investigadas.
Con posterioridad, la defensa de tres de las imputadas solicitó sus excarcelaciones, planteo al que el fiscal Iuspa se opuso. Entre otros argumentos, sostuvo que la gravedad de los hechos investigados, la existencia de múltiples damnificados, el desenlace fatal de una de las víctimas y la posible afectación de intereses federales permitían presumir riesgos procesales. La jueza rechazó el pedido y mantuvo las medidas de coerción.
A juicio
En base a las pruebas recolectadas, el fiscal solicitó que T.M.F. y M.J.D.A. sean juzgados por los delitos de asociación ilícita agravada, en carácter de jefes, y como coautores de tres hechos de extorsión. Además, requirió que respondan por la instigación a cometer el suicidio de Gómez, delito contemplado en el artículo 83 del Código Penal que prevé una pena 1 a 4 años de prisión.
Respecto de K.M.S.P., I.A.C., K.Y.C., E.Y.T. y C.A.M., requirió que sean llevados a juicio como miembros de una asociación ilícita agravada y coautores de los tres hechos de extorsión atribuidos a la organización.
“Las conductas desplegadas por la banda de F., evaluadas objetivamente, demuestran claramente el conocimiento sobre la finalidad ilícita de la organización y su pluralidad de integrantes”, destacó Iuspa en el requerimiento.
Asimismo, señaló que T.M.F., M.J.D.A. y K.M.S.P. eran “compañeros de encierro, que, a su vez, se servían de la ayuda de sus respectivas parejas y de C.M. para recibir y reconducir el dinero de las extorsiones que obtenían con su accionar ilegal”.
“Estos elementos ponen de manifiesto que los encausados mantenían una relación estable y organizada con fines delictivos, y que actuaban bajo un plan común y previamente diseñado (explicado con lujo de detalles por F.), en el cual alternaban roles pero mantenían inalterable la metodología extorsiva”, señaló el representante del Ministerio Público Fiscal.
Concluyó que “la circunstancia de que parte de la operatoria se hubiera desplegado desde un establecimiento carcelario, sumado a la utilización de la identidad de un funcionario policial real, la posible o probable multiplicidad de víctimas afectadas (algunas de ellas miembros de las fuerzas de seguridad) y al desenlace fatal de una de ellas, robustece el grado de estructuración y la peligrosidad de la organización”.