Con pedidos de pena de entre 12 y 25 años de prisión para los cuatro acusados, fiscalía y querella hicieron sus alegatos finales en el juicio de lesa humanidad en la causa Laguna Paiva II, ante el Tribunal Oral Federal de Santa Fe. El jueves será el turno de las defensas y el 7 de agosto se conocerá el veredicto.
Se trata de un debate “histórico” en el que primera vez que se juzga como delito de lesa humanidad el abandono de persona hacia las infancias, durante la última dictadura. El jueves próximo será la última audiencia con alegatos de las defensas, y el 7 de agosto se conocerá el veredicto. Para acompañar el pedido de justicia, víctimas y familiares, junto a organismos de derechos humanos, realizaron una radio abierta en las afueras del Tribunal Oral Federal de Santa Fe, el jueves pasado.
“El abandono y la multiplicidad de delitos sufridos por las infancias son una mochila que llevan hace 46 años”, expresaron desde el equipo querellante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), durante el inicio de sus alegatos del juicio que comenzó en mayo pasado, a cargo del tribunal integrado por Ricardo Vázquez, Mario Gambacorta y Osvaldo Facciano.
La causa que gira en torno a la figura y la familia de Arnaldo Catalino Páez, referente regional del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) -detenido y secuestrado en febrero de 1980 en la localidad bonaerense de Lima-, tiene cuatro imputados por delitos como secuestros, tormentos, allanamientos ilegales, además del abandono de persona en relación a quienes eran niños, niñas y adolescentes.
En esta segunda parte de la causa (la primera fue en 2021) se juzgan hechos cometidos en 1980 por integrantes de la estructura represiva que operó en torno al Departamento de Informaciones D-2 de la policía provincial.
Los imputados son el exjuez federal Víctor Brusa -entonces, en el rol de secretario judicial- y los expolicías Eduardo Riuli, Oscar Valdez y Antonio Parvelotti. El fiscal auxiliar federal Nicolás Sacco, pidió penas de 18, 20, 12 y 22 años, respectivamente; y la querella solicitó 25 años, en todos los casos.
“Volvemos a alegar en estas causas que nos siguen transformando en un ejemplo a nivel mundial, con el honor de representar a los trabajadores que forjaron el movimiento obrero, combativo de nuestro país. En el primer juicio de esta causa, allá por 2021, asumimos la representación de los obreros de Laguna Paiva”, indicaron desde la querella, integrada por Federico Pagliero, Julia Giordano y Noelia Zarza.
Y contextualizaron que durante la dictadura, “el estado genocida desplegó una maquinaria de exterminio y montó centros clandestinos de detención, donde uno de los objetivos claros fue la eliminación del movimiento obrero”, que “luchaba por reivindicaciones laborales, sociales y políticas, en pos de una sociedad más justa”. Y agregaron: “La persecución de los trabajadores de Laguna Paiva y sus familias, se enmarca como parte de ese plan criminal, dirigido no solo a los trabajadores, sino a sus familias completas”.
En ese sentido celebraron “este segundo debate oral que nos da la oportunidad de centrar la mirada específicamente en las infancias, y ello se lo debemos al colectivo de infancias hoy adultas que declararon en el primer y segundo debate, con lo que significa poner el cuerpo para relatar el horror de lo que vivieron”.
Al mismo tiempo reconocieron “a las familias completas, que, no sólo nos han permitido acompañarlas en este camino de reconstrucción, sino que nos han confiado sus historias de vida para presentar una denuncia pionera en 2021, que luego de atravesar un largo proceso, hoy florece en este debate histórico”.
En ese contexto, el alegato querellante expresó que “la reconstrucción de los hechos del estado terrorista a partir de las denuncias -primero- y luego de los juicios, ha permitido una construcción dogmática y jurisprudencial a nivel nacional que demuestra de manera indubitable que las infancias no fueron meros damnificadas colaterales de la represión, sino que constituyeron un blanco autónomo y estratégico dentro del plan sistemático de exterminio”.
Para la querella, “la necesidad y la vigencia de este reclamo de justicia se traduce también en el acompañamiento desde la sociedad civil”, y mencionaron que “acompañan activamente el Foro contra la justicia y por la verdad de Santa Fe, la Secretaría de DDHH, la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes”, entre otros espacios.
“Mucho se habló sobre la novedad de lo que significa la posibilidad concreta de que se reconozca el abandono de las infancias como delito de lesa humanidad por primera vez en nuestro país. Sin embargo, para las familias que representamos nada de esto es una novedad. El abandono y la multiplicidad de delitos sufridos por las infancias son una mochila que llevan hace 46 años”, expresó el alegato.
Entre los 16 casos de niñas, niños y adolescentes que llegaron al debate recordaron que “Ceferino Páez tenía un año y medio cuando sus padres fueron secuestrados y él fue abandonado junto a sus hermanos”. Su hermana mayor, de apenas 13 años, quedó a cargo de los cinco más pequeños.
En el alegato, también mencionaron testimonios de las víctimas, sobre lo que recordaban de esos días, tras el secuestro de sus padres: “Nos teníamos que arreglar como sea, nos teníamos que hacer grandes de golpe”; “es ponerse en la cabeza de un nene de 6 años y ver que de pronto tu mamá no está, tu papá tampoco, la casa está toda rota, nadie viene a dar ninguna explicación”.
Página/12