Denuncian que la menor tuvo serias consecuencias en sus ojos. Además acusan que el accionar del efectivo fue “desproporcionado e injustificado”.
El fiscal federal Eduardo Taiano solicitó el juicio oral y público para el efectivo de la Policía Federal Cristian Miguel Rivaldi, acusado de haber rociado con gas pimienta a una niña de 10 años, Fabrizia Pegoraro, y a su madre, Carla Pegoraro, durante una protesta en defensa de los derechos de los jubilados realizada el 11 de septiembre de 2024 frente al Congreso.
El fiscal destacó que el accionar del efectivo fue “desproporcionado e injustificado” y violó los protocolos vigentes sobre uso racional de la fuerza y empleo de armamento no letal.
El policía, el mismo que fue respaldado en su momento por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, irá a juicio por los delitos de abuso de autoridad y lesiones.
Según el requerimiento, Rivaldi, quien cumplía funciones en la División DOUCAD, accionó su disuasivo presurizado orgánico (gas pimienta) a corta distancia contra las víctimas, cuando ambas se encontraban sentadas en la vía pública, sin ofrecer resistencia ni agredir a la autoridad.
El hecho quedó registrado en videos y fotografías difundidas por medios de comunicación y redes sociales, que fueron incorporados al expediente.
La fiscalía consideró probado que la menor sufrió una lesión, conjuntivitis química diagnosticada por el Hospital Oftalmológico Santa Lucía, mientras que su madre también padeció irritaciones y dolores por varios días.
Accionar desproporcionado e injustificado
El fiscal destacó que el accionar del efectivo fue “desproporcionado e injustificado” y violó los protocolos vigentes sobre uso racional de la fuerza y empleo de armamento no letal. Por ello, imputó a Rivaldi los delitos de abuso de autoridad y lesiones leves.
En su descargo, el policía negó haber atacado a una menor y sostuvo que actuó bajo órdenes del Comando Unificado durante los disturbios, en el marco de la orden de servicio N° 2978/2024.
Sin embargo, Taiano consideró que las imágenes demuestran que el agente tuvo plena visibilidad del entorno y apuntó directamente hacia la madre y la niña, desestimando su versión.
Con el pedido del fiscal, el expediente quedó en condiciones de pasar a juicio oral, donde se evaluará la responsabilidad penal del agente por el uso indebido de la fuerza durante una manifestación pública.
Prueba audiovisual y testigos
El fiscal destacó que los videos y fotografías incorporados al expediente permiten identificar claramente al efectivo policial accionando el gas pimienta contra las víctimas, y que las imágenes “son elocuentes y demuestran que Rivaldi apuntó y roció de forma deliberada a la madre y la niña, que estaban sentadas en el suelo sin ejercer resistencia”.
Rivaldi admitió haber estado en el lugar y haber usado su disuasivo orgánico, aunque alegó que no vio a una menor y que respondió a órdenes del Comando Unificado. Para Taiano, esa versión “no encuentra respaldo en la evidencia” y fue un intento por mejorar su situación procesal.
Violación de normas y protocolos
El fiscal señaló que el accionar del policía incumplió tres marcos normativos:
El Reglamento General para el Empleo de Armamento No Letal (Res. 704/24), el Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público ante el Corte de Vías de Circulación (Res. 943/23), y el Manual de Capacitación Policial en el Uso Racional de la Fuerza de la PFA.
En todos los casos, remarcó que el uso de gas irritante sólo puede aplicarse frente a agresiones o amenazas, lo que no ocurrió en este episodio.
Deber de proteger, no dañar
El fiscal subrayó que Rivaldi debía salvaguardar la integridad física de las personas presentes, especialmente de niños, y que su actuación “representó un apartamiento flagrante de las normas que regulan el uso de la fuerza en manifestaciones públicas”.
La historia clínica del Hospital Santa Lucía confirmó que la niña sufrió conjuntivitis química, lo que demostró el daño físico concreto causado por el accionar policial.
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