El fiscal Agüero Iturbe cuestionó la sentencia que favoreció al expresidente y a funcionarios de su gobierno que hoy son ministros de Milei.
“Se impone la nulificación del fallo”, cuestionó el fiscal ante la Cámara Federal, José Agüero Iturbe, la sentencia de la Sala I de ese tribunal que archivó la semana pasada la causa por el préstamo de 57.100 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional durante el gobierno de Mauricio Macri por considerar que no se había identificado ningún delito. Su objetivo es que ahora la Cámara de Casación Penal reabra el expediente cerrado por decisión de los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi. Además de Macri, estuvieron imputados funcionarios compartidos por la gestión macrista y la actual, como el ministro de Economía Luis Caputo, el de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili.
Decisión “arbitraria”
La presentación de Agüero Iturbe es un fuerte respaldo a la investigación que había hecho en primera instancia el fiscal Franco Picardi, donde señaló un abanico de irregularidades en la toma de deuda y su aprobación, y planteó dudas sobre el destino de los fondos, que no se habrían utilizado para los fines establecidos, sino para obtener divisas para su posterior fuga. Pese al caudal de pruebas acumuladas desde 2018, en febrero último la jueza María Eugenia Capuchetti dijo que no había delitos probados y que el tema en análisis podría encuadrar en aquellos considerados no judiciales. Algo similar replicaron la semana pasada los camaristas, menos de 24 horas después de la jura de Bertuzzi y de Pablo Yadarola (aunque este último se tomó licencia y no firmó).
El fiscal de Cámara dijo que el fallo del tribunal tiene “un defecto grave de motivación” y utiliza “una fundamentación aparente que resulta equiparable a su total ausencia”. Sostuvo que, además de infundado, es arbitrario y que ni siquiera propició la continuidad de una investigación, si es que se requerían más pruebas, para cumplir –además– con los lineamientos del nuevo código acusatorio, donde supone que los fiscales tienen un mayor protagonismo en la investigación.
“La finalidad de la instrucción es comprobar si existe un hecho delictuoso mediante las diligencias conducentes al descubrimiento de la verdad, objetivo que no ha de cumplirse con el temperamento adoptado, cercenando la posibilidad de efectuar cualquier medida de prueba en ese sentido”, dice el dictamen, al que accedió Página/12. “Los señores jueces arbitrariamente desestimaron el cauce investigativo propuesto por la fiscalía”, que “debe profundizarse y, hasta que ello ocurra, cualquier decisión aparece como prematura y por tanto sin fundamento”, advirtió.
“En estas actuaciones se investiga un esquema defraudatorio planeado, coordinado y desarrollado -entre mayo del 2018 y septiembre del 2019- por funcionarios públicos del Poder Ejecutivo y el Banco Central, en conjunto con agentes del sector privado, que se configuró contrayendo una deuda estatal insostenible, a sabiendas de que resultaría imposible su repago, por la suma de 57.100 millones de dólares, vulnerando la Constitución Nacional y las leyes nacionales y normas que regulan el funcionamiento de la administración pública nacional y la toma de crédito público”, recordó.
La revisión estará a cargo de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que integran Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo. Se trata de una causa que, además de unir a los mundos macrista y libertario, sintetiza un sendero económico.
Claves del caso
La Cámara llegó a decir cosas tales como que, si se habían violado procedimientos administrativos para tomar la deuda millonaria, eso no necesariamente era una conducta delictiva, por más que haya afectado al erario público. Lo planteó en línea con Capuchetti, a quien el fiscal Picardi cuestionó por no haber hecho un análisis integral y con contexto de todas las evidencias, lo que desnaturalizaba y “desmembraba” una investigación compleja en un caso que hacía imprescindible analizar incluso los roles de los exfuncionarios.
La investigación de Picardi había concluido que no se respetaron los procedimientos previos y rigurosos para tomar deuda pública de modo “responsable, razonable y legal”. Por acción u omisión se incumplieron esas normas de Hacienda, Finanzas y del Banco Central. Por ejemplo, el entonces ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, firmó la primera carta de intención sin facultades. No hubo dictámenes técnicos del Banco Central sobre el impacto en la balanza de pagos; se omitió un decreto del Poder Ejecutivo para dar transparencia y aprobar la operación; tampoco se le dio intervención a la jefatura de Gabinete ni al Congreso. El fiscal señalaba entre los principales responsables también al propio expresidente Macri, a Sturzenegger, Caputo y Guido Sandleris (como extitulares del BCRA). Caputo también, como exministro de Finanzas, y Santiago Bausili, que trabajaba con él.
La acusación se basaba además en informes lapidarios de la Auditoría General de la Nación y la Sindicatura General de la Nación. Este último organismo cuantificó el perjuicio al Estado por lo menos en 29.618 millones de dólares. El fiscal de instrucción dijo que se falseó “el destino y uso de los fondos solicitados al FMI”; hubo una “administración ruinosa” que generó una “deuda insostenible para el beneficio de un reducido grupo privado concentrado con posibles relaciones y/o vínculos con los decisores públicos”; hubo tal “administración arbitraria y discrecional que imposibilitó el control de la trazabilidad de los fondos obtenidos”; y “la generación de prejuicios cuantificables e incuantificables para la administración pública y la sociedad en general”.
Página/12