Por la mañana, Petri estuvo con las Fuerzas Armadas en Rosario. Por la tarde, asistió a un acto que se hizo en el Círculo Militar para presentar un libro sobre el coronel Argentino del Valle Larrabure por cuya muerte los sectores pro-militares pretenden sentar en el banquillo a los militantes de los años ’70. En la actividad también estuvo el obispo castrense, Santiago Olivera, quien la semana pasada estuvo reunido con Javier Milei.
“Hay un hilo (conductor) entre el combate al terrorismo del pasado y la necesidad de actuar en Rosario”, dijo Petri –que viene de las filas de la Unión Cívica Radical (UCR) pero se embanderó con las posturas más rancias de la derecha. La reivindicación de la lucha “antisubversiva” o “antiterrorista” fue parte del léxico de los sectores afines a los perpetradores.
“Vengo a pedir perdón por el olvido de la democracia con este héroe –agregó, en un intento por emular el discurso que pronunció Néstor Kirchner hace 20 años cuando sacó a los marinos de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA)–. Algunos dirigentes demonizaron a las Fuerzas Armadas que actuaron en la década del ‘70”, agregó –de acuerdo a lo que publicó el portal Infobae.
Después del acto, Petri posó con Pando –reconocida desde hace casi 20 años por oponerse al avance de las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad y por haber amenazado con degollar al secretario de Derechos Humanos de Kirchner, Eduardo Luis Duhalde. La titular de la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de Argentina (AFyAPPA) escribió en la red social X: “El ministro de Defensa comparó el narcoterrorismo con el terrorismo marxista de los 70, en un encendido homenaje al Siervo de Dios Larrabure”.
La activista pro-impunidad incluyó una foto en la que se la veía junto a otras mujeres y el ministro de Defensa. Pando procuró borrar el rostro de sus acompañantes. Sin embargo, Página/12 accedió a la foto original. Entre quienes son parte del grupo están: Ana Magi (esposa de Ernesto “Nabo” Barreiro, condenado a prisión perpetua por crímenes en La Perla de Córdoba), María Inés Hansen (esposa de Aldo Martínez Segón, condenado a perpetua por crímenes en Chaco) y María Inés Lamolla (esposa de Carlos Esteban Plá, condenado a perpetua por crímenes en San Luis).
Todas fueron firmantes de la carta que se publicó en enero en el diario La Nación en la que se preguntaban “por qué las autoridades no cumplen con las promesas hechas a los familiares de las víctimas del terrorismo judicial de hoy y abandonan a quienes lucharon también por las vidas de ellos y los retienen presos hasta los 100 años sufriendo tratos crueles y degradantes”.
Este diario consultó en el Ministerio de Defensa por la foto y la atribuyeron a que el ministro había posado con varios de los asistentes al acto. Sin embargo, es difícil que en esos ámbitos no conozcan a Pando y qué implica retratarse con ella a pocos días de que se conmemoren los 48 años del golpe de Estado que implantó la desaparición de personas como sistema.
Pando y su marido, el mayor retirado Pedro Rafael Mercado, vienen reclamando que, antes de enviar a las Fuerzas Armadas a realizar tareas de seguridad interior, deben liberar a los represores que aún están presos. Las cárceles están en manos del ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich, quien logró que Petri desembarcara en Defensa. El jefe de gabinete de Bullrich, Carlos Manfroni, escribió el año pasado que se estaba buscando una “solución” para los mayores de 70.
Ésa es, hoy por hoy, la principal apuesta de los sectores pro-represores. En esa línea se inscribe un pedido a la Cámara de Casación Federal para que evalúe en pleno si los mayores de 70 años pueden acceder automáticamente al beneficio del arresto domiciliario o si se requiere probar que sus patologías no pueden ser atendidas en dependencias del Servicio Penitenciario.
Los sectores militares también apuestan a que la Corte Suprema reabra la causa Larrabure o que la Cámara Federal porteña haga lo propio con la causa sobre la bomba en el edificio de Coordinación Federal –sede de la inteligencia de la Policía Federal Argentina y de un campo de concentración. La causa Larrabure es impulsada por el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), que preside la vicepresidenta Victoria Villarruel. Los supremos le aplican cronoterapia después de que tanto la Procuración, la Cámara Federal de Rosario y la Cámara Federal de Casación Penal dijeran que no se trataba de un crimen de lesa humanidad.
Ruptura de los consensos democráticos
Los organismos de derechos humanos ven que hay un juego en el gobierno que consiste en reivindicar a las Fuerzas Armadas del pasado para justificar la ampliación de facultades a las Fuerzas Armadas del presente.
“Nos parece gravísimo que el ministro de Defensa haya reivindicado el accionar criminal de las Fuerzas Armadas en la dictadura y que diga que hay una relación entre esa actuación y la respuesta a la violencia extrema en Rosario”, dice Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “Esto echa por tierra 40 años del proceso de memoria verdad y justicia que se construyo bajo la noción de que existió un plan sistemático de represión, como quedó claro desde el Juicio a las Juntas. El hilo conductor del que habla Petri es el aval de la violencia estatal ilegal, como los casos de torturas en las cárceles que se conocieron en Rosario”, añade.
“Petri anuncia que van a violar el andamiaje legal que impide la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad interior y –bajo el disfraz de dos demonios– realiza una reivindicación del genocidio”, aporta la abogada Guadalupe Godoy. “Impresiona cómo con una sola intervención rompe dos de los consensos democráticos más amplios que hemos construido”, agrega.
Para el abogado Rodolfo Yanzón, es preocupante que un ministro de la Nación por una cuestión coyuntural esté utilizando el mismo discurso de la dictadura. “Un discurso perimido que hacía foco sobre la existencia del enemigo interno –que eran todos aquellos que, de un modo u otro, se oponían o resistían al statu quo como agentes sindicales u organizaciones sociales y políticas. Este discurso no es solo negacionista de lo que sucedió, sino que reivindica los métodos de la dictadura. No hace más ni menos que ensalzar la existencia de la experiencia concentracionaria en la Argentina”.
Página/12