El domingo 12 los peruanos acudirán a las urnas con niveles récord de desconfianza institucional y una agenda dominada por el avance de la inseguridad. Fujimori, un comediante y el “Bukele peruano”, entre los 35 candidatos.
Perú tuvo ocho presidentes en diez años. El dato, por sí solo, no explica todo, pero sintetiza una década de inestabilidad política que erosionó la confianza en las instituciones y dejó al sistema sin capacidad de ordenar la competencia electoral, en un contexto de creciente desconfianza hacia la dirigencia en toda la región.
En ese escenario, más de 27 millones de peruanos y otros miles en el exterior acudirán a las urnas con 35 candidatos y una ciudadanía crecientemente desconectada de la política, atravesada por la economía y la inseguridad. En ese clima, los discursos de mano dura —incluidos los pedidos de pena de muerte— ganaron centralidad en el tramo final de la campaña.
Las elecciones presidenciales de este domingo no solo definirá un nuevo presidente: pondrá a prueba la capacidad del sistema político de recomponerse en un escenario atravesado por la fragmentación extrema, el avance del crimen organizado y una agenda dominada por la demanda de orden.
El trasfondo es un ciclo de crisis que se profundizó en los últimos años: desde la irrupción del outsider Pedro Castillo en 2021 —y su posterior destitución tras el intento fallido de disolver el Congreso— hasta el breve y conflictivo paso de Dina Boluarte, destituida por “incapacidad moral permanente” en octubre de 2025, en medio de protestas, represión y el creciente hartazgo social hacia la clase política, especialmente en los sectores jóvenes.
Ese proceso no derivó en una recomposición del sistema, sino en una mayor atomización de la oferta partidaria que hoy convive con el avance de candidaturas de derecha dura. En ese contexto, Keiko Fujimori vuelve a encabezar las encuestas en su cuarto intento presidencial, capitalizando una demanda social centrada en el orden y la seguridad.
Las 6 claves de las elecciones presidenciales en Perú
- La crisis de representación
La fragmentación del sistema político peruano no es un fenómeno reciente ni accidental. Responde a una crisis prolongada de gobernabilidad que, desde 2016, impidió que los presidentes electos completaran sus mandatos y erosionó la confianza en los partidos políticos.
Para Dolores Gandulfo, politóloga especialista en procesos electorales y directora del Observatorio Electoral de la COPPAL, el problema excede la cantidad de candidatos y remite a la incapacidad del sistema para estructurar identidades partidarias y liderazgos con arraigo nacional. En ese sentido, advierte que la fragmentación “no es un accidente coyuntural, sino la manifestación electoral de una crisis más profunda” en la relación entre ciudadanía e instituciones.
En ese contexto, la proliferación de candidaturas —35 fórmulas presidenciales— es tanto síntoma como consecuencia de una descomposición estructural. En tanto, el contraste con Argentina es notable: donde otros sistemas en crisis tienden a reorganizarse —incluso en clave polarizada—, como pasó con el rápido ascenso de Javier Milei a la presidencia en 2023, el peruano parece avanzar hacia una fragmentación sin centro.
- Escenario de fragmentación: Fujimori, un comediante y el “Bukele peruano” entre 35 candidatos
En esa línea, la cifra de postulantes a la presidencia no solo es inédita sino que revela un sistema incapaz de ordenar la competencia política. En un principio, 43 partidos se inscribieron para participar del proceso, lo que evidenció una oferta electoral atomizada.
A esto se suma un cambio institucional importante: el retorno a la bicameralidad, con candidatos presidenciales que también compiten por escaños en el Senado. En total, 21 aspirantes a la presidencia integran simultáneamente listas legislativas. Para Gandulfo, actual secretaría de Relaciones Internacionales e Integración del Parlasur, esa dispersión no es solo numérica, sino que refleja dificultades estructurales para construir bloques políticos duraderos e identidades partidarias consistentes.
En ese universo fragmentado, emergen algunas figuras con mayor visibilidad, casi todas asociadas a discursos de orden y mano dura. La hija del dictador Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, lidera las encuestas en su cuarto intento de acceder al mando de la Casa de Pizarro; seguida por el comediante Carlos Álvarez —un outsider que capitaliza el voto antisistema— y el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga, popularmente conocido como “el Bukele peruano”, referente de una derecha conservadora con discursos de mano dura y afín a la agenda del mandatario estadounidense Donald Trump.
En ese contexto, la baja confianza en la política favorece la búsqueda de alternativas nuevas o personalistas antes que de partidos consolidados. El resultado es un escenario en el que la dispersión no es solo electoral, sino también legislativa, lo que anticipa dificultades para la gobernabilidad.
- La inseguridad como filtro del voto
En este contexto, la inseguridad se consolidó como el eje dominante de la campaña. “Más que definir automáticamente el voto, la inseguridad funciona como un filtro de evaluación”, explicó Gandulfo. En ese sentido, para la analista, el eje de la seguridad condiciona toda la oferta electoral y empuja a las candidaturas a endurecer sus propuestas.
Las cifras funcionan como telón de fondo de ese giro discursivo. En enero y febrero, la Policía Nacional recibió más de 2.000 denuncias por extorsión, en un contexto en el que 2025 cerró con 2.248 homicidios —un promedio de seis asesinatos diarios—, según el Sistema Informático Nacional de Defunciones. Aunque algunos indicadores muestran una leve desaceleración interanual, la percepción de inseguridad no cede y se instala como principal preocupación ciudadana.
En ese marco, las consignas de “mano dura” dejaron de ser marginales para convertirse en eje de campaña. Desde la reinstauración de “jueces sin rostro” hasta los pedidos de pena de muerte para sicarios, las propuestas más extremas ganaron terreno en un electorado que demanda respuestas inmediatas frente a la violencia.
- Un sistema electoral tensionado por denuncias de fraude
Desde el punto de vista institucional, el sistema electoral peruano cuenta con organismos autónomos y capacidades técnicas consolidadas, como el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Sin embargo, la experiencia de 2021 dejó una huella profunda. Para Gandulfo, ese antecedente evidenció una creciente politización del proceso electoral, con múltiples denuncias de fraude que no prosperaron pero impactaron en la percepción pública.
“Las autoridades electorales son técnica y éticamente sólidas, pero el entorno político puede tensionar su legitimidad, especialmente ante resultados ajustados”, advirtió. A esto se suma la complejidad operativa: una boleta extensa, con casilleros pequeños y voto preferencial, que puede generar confusión entre los electores.
- Un balotaje incierto
La combinación de fragmentación y competitividad anticipa una elección incierta, con una alta probabilidad de segunda vuelta y márgenes estrechos entre los principales candidatos. “Probablemente se den muchos procesos de impugnación, especialmente en la disputa por quién entra al balotaje”, señaló Gandulfo.
“Los candidatos deben tener mejor preparados a sus equipos jurídicos, incluso más que a aquellos que custodian el voto”, advirtió.
El fenómeno, además, se inscribe en una tendencia más amplia. En los últimos años, el continente registró una recurrencia de denuncias de fraude y cuestionamientos a los resultados electorales que sacudieron el escenario político internacional, desde el asalto al Capitolio en Estados Unidos en 2021 hasta los ataques a la Plaza de los Tres Poderes en Brasil tras el triunfo de Lula da Silva. En ese marco, Perú aparece como parte de un patrón regional donde la disputa política se traslada cada vez más al terreno de la legitimidad electoral.
- Un caso extremo en la región
El escenario peruano dialoga con tendencias más amplias en América Latina: fragmentación partidaria, debilitamiento de las representaciones tradicionales y centralidad de la seguridad como eje de competencia política.
Para Gandulfo, Perú “dialoga con un patrón regional, pero tiene una intensidad institucional particularmente alta”. En ese sentido, advierte que “no es un caso más”: la combinación de fragmentación, baja confianza política y estabilidad macroeconómica con altos niveles de exclusión social lo vuelve especialmente extremo.
A diferencia de otros países donde la crisis derivó en nuevas formas de orden político, el sistema peruano sigue sin lograr recomponerse. En ese marco, el interrogante central no es solo quién ganará la elección, sino si el próximo gobierno tendrá la capacidad de gobernar en un sistema que, por ahora, parece haber perdido su centro de gravedad.
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