Con una gestión sin precedentes en el área energética, el gobierno de Javier Milei puede detonar una hecatombe en el sector. Con la llegada de la ola polar y la falta de previsión del Estado, las decisiones de la Secretaría de Energía podrían generar cortes de luz rotativos en tan solo unas semanas, además de una pérdida anual estimada en 3.200 millones de dólares por la falta de obras.
El Gobierno determinó una reducción gradual de los subsidios energéticos a la luz y gas, que traslade a los usuarios “el costo real de la energía”. Sin embargo, esta implementación se hará de manera gradual, en un período “que se extenderá desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre de 2024”, aclara además el decreto firmado por Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. Aun así, agrega que este período podrá ser ampliado por una única vez.
Durante este período, la Secretaría de Energía podrá, entre otros puntos, “establecer topes a los volúmenes de consumo subsidiados” pero, al mismo tiempo, “aplicar descuentos sobre el componente Energía que se traslada a las tarifas”. También podrá modificar la “denominación y/o el criterio de segmentación de las categorías de usuarios residenciales, incorporados en el RASE. Sin embargo, el decreto esconde la cruda realidad que se avecina para los usuarios o hacerla incluso pero.
Sin ahorro fiscal y con cortes programados
Sectores de Unión por la Patria (UP) se encuentran en alerta y preocupados por lo que puede suceder en las próximas semanas. La escasez de gas que se registró en las estaciones de servicio en los últimos días derivó en que el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) enviara una nota a las principales transportistas y distribuidoras de gas del país para que identifiquen y cuantifiquen los contratos de gas interrumpibles que puedan ser susceptibles de cortes durante los próximos días debido al aumento que se espera en la demanda.
Para el 10 de junio se espera una nueva ola polar que intensifique la falta de energía para abastecer la demanda y de seguir esta dinámica, una de las consecuencias puede ser la programación de cortes rotativos en zonas residenciales. Un técnico energético del Frente Renovador (FR) sintetizó a este medio: “Con el default por falta de pago, las empresas encima no hicieron el monitoreo preventivo para realizar el mantenimiento en marzo, por lo que vienen desgastados desde el verano. Se viene un escenario muy complejo”. Pero además de que el servicio se encuentra en emergencia, las tarifas no pararán de subir y sin rebajar el costo fiscal.
“Está ola polar expondrá el tarifazo. Ahora se viene la realidad con las estufas prendidas, el horno, la calefacción. Estamos en un quilombo energético hace tiempo y este gobierno no está mostrando una hoja de ruta, sino que se embarcó en tomar medidas una más insólita que la otra”, resumió esta misma fuente. Si hubiera que explicar la inconsistencia del plan energético, sería difícil saber por dónde comenzar.
En primera instancia, la famosa “canasta básica energética” que se discutió en las audiencias públicas para gas y luz durante el verano, finalmente fracasó y no será ejecutada en el corto plazo. Con la megadevaluación de diciembre, el Gobierno le aseguró a las empresas una rentabilidad extraordinaria y un plan de negocios donde el costo de los aumentos ya lo empezó a absorber el universo de usuarios en todo el país.
“La demanda pagará más alto que lo que reciben los propios productores. Es algo inédito: los hogares residencial pagarán más caro que las industrias… nunca pasó en la historia”, afirmó a El Destape una fuente especializada en Energía del Frente Renovador. Lo cierto es que, de momento, no hubo una quita de subsidios a las tarifas, sino que dispararon los precios de variables como el costo fijo o los costos variables de las facturas en parámetros más caros que los que se pagan en una ciudad como Manhattan, por ejemplo.
Aquí reside una trampa del discurso oficial: las personas podrían interpretar que pagan boletas inmensamente más caras a cambio de una quita de subsidios que contribuiría a “ordenar la macro”. La promesa de ver los resultados al final del túnel a través de la recuperación del poder adquisitivo debido al saneamiento de la economía en su superestructura. Nada de esto está pasando y en lo que va del año, “el costo interno estimado por los desajustes de conducción fue de 3,2 billones de pesos”, señaló una fuente del FR.
De acuerdo al reciente informe del Instituto Interdisciplinario de Economía y Política (IIEP) de la UBA-Conicet, en este mes de mayo el promedio de usuarios residenciales del país sólo cubrió con sus facturas el 17% del costo en el caso del gas natural y el 14% en la energía eléctrica, con lo cual los subsidios deberán aportar los restantes 73 y 76%, respectivamente.
Las razones detrás del incremento en los subsidios comienzan en los primeros días del gobierno de Milei, cuando se devaluó un 100%. Esto llevó a que la porción de los costos de la energía que cubren los usuarios se licuara, ya que prácticamente todas las tarifas están dolarizadas. Con ese punto de partida, el Gobierno puso en marcha su plan de actualización de tarifas.
Sin embargo, en mayo debía darse el segundo incremento en luz y gas, que en el segundo caso era más que importante ya que llevaba el precio PIST -de base de las facturas- a los valores de invierno, es decir de menos de 3 dólares el metro cúbico, a cerca de 4,50 dólares. Pero esto no pasó y optaron por poner un freno de mano a los aumentos en un intento por frenar la inflación.
La falta del Estado y las obras sin terminar
El Gasoducto Néstor Kirchner funciona, por capricho de Milei, a mitad de capacidad y por eso debieron desembolsarse 500 millones de dólares adicionales para cubrir el pico de consumo. En simples palabras, en el apuro pagaron caro importaciones que podrían haberse evitado de haber concretado obras que no representaban un gran gasto para el Estado.
El gasoducto transporta en la actualidad 11 millones de metros cúbicos de gas por día (m3/d), pero si las plantas comprensoras de Tratayén, Salliqueló y Mercedes estuviesen en funcionamiento la capacidad ya se hubiese ampliado a 22 millones. La responsabilidad por el atraso es responsabilidad del gobierno nacional, ya que si hubiera girado los fondos cuando correspondía las plantas estarían terminadas y la capacidad de transporte del gas proveniente de Vaca Muerta se hubiese duplicado.
Las plantas compresoras fueron construidas al 63% de su totalidad y de haber llegado al 80% ya podrían haber comenzado a funcionar. Solo con una inversión de 35 millones de dólares se podría haber solventado los 17 puntos restantes que se precisaban para ponerlas operativas. En total, los 740 millones de dólares provenientes del préstamos CAF -que ni siquiera había que abonarlo en 2024 por las facilidades negociadas a 15 años en 2023- podrían haber completado las obras.
Ese mínimo desembolso hubiera supuesto un ahorro de 1.600 millones de dólares para este año. Con el escenario planteado a diciembre, las importaciones supondrán una pérdida de 3.200 millones de dólares. Extrañas cuentas realizan en la Secretaría de Energía cuando el discurso que baja el Gobierno es que “no hay plata”.
El Destape