“La auditoría la va a hacer ANDIS, nosotros colaboramos en la organización y en la logística dado que ANDIS no tiene delegación aquí en la provincia de Chaco”, señaló Rodríguez sobre la participación de la delegación de Anses en el relevamiento que comenzará esta semana.
En diálogo con CIUDAD TV, adelantó que desde la delegación chaqueña ya se están “articulando todas las cuestiones que tienen que ver con la operatividad de esta mega causa, que está tomando una dimensión que pocas veces se ha visto en el Chaco. Inclusive más fuerte que las causas de lavado de dinero que se originaron en el fuero federal, esto está teniendo otro tipo de dimensión por la cantidad de implicados y también porque hay un volumen cierto de dinero que fue afectado en el erario público”, sostuvo.
Para Rodríguez, “esto no fue una cuestión casual o aislada, fue una organización criminal, porque si bien hoy fue señalado el intendente de Taco Pozo, no es solo el intendente, había en Taco Pozo una organización y así en la provincia. Lo que tenía el intendente de Taco Pozo era un código de acceso para poder tramitar los expedientes en ANDIS, además que estaba vinculado con la hija que trabajaba en Anses”, planteó y aseguró que “esta operatoria pasó con un montón de dirigentes políticos”.
“Vamos a insistir para que la justicia investigue y vamos a ser querellantes en la cuestión judicial si hace falta, eso lo estamos evaluando. Acá había una corresponsabilidad, porque tenían el código, pero además ingresaban expedientes médicos, CMO técnicamente, que deberían haber sido realizados por una junta médica, no por un médico. Es allí donde se detectaron las falencias”, indicó.
En ese sentido, apuntó que “había un segundo proceso de autorización en Andis, alguien que autorizaba estas pensiones sin ningún tipo de control médico y abiertamente era una defraudación al Estado. Te puedo asegurar que esta operatoria fue usada políticamente, ese es el punto”, marcó.
“En el caso de Taco Pozo ya se hizo una auditoría en el mes de febrero y lo que va a suceder ahora en la provincia del Chaco es una auditoría para revisar las 23.000 causas que fueron detectadas después por ANDIS al escarbar un poquito y ver que había coincidencias en la metodología de implementación de estas pensiones por discapacidad”, reveló. Y explicó que “se investigaron todas las que tenían autorizaciones por un médico particular o un médico que no correspondía porque para autorizar una discapacidad como médico tenés que tener un certificado”.
“Chaco fue, en cierta manera, la punta del ovillo. La cantidad de pensiones que fueron otorgadas discrecionalmente no es una casualidad. Tuvo que haber una suerte de complicidad por parte de los directivos de ANDIS porque tuvieron que haber aprobado metodológicamente estas pensiones, y había un guiño político en ese caso del presidente Alberto Fernández para que del erario público se gastase 3.400 millones de dólares al año”, expuso Rodríguez.
Por último, el titular del Anses Chaco llevó “tranquilidad a todos los beneficiarios de ANDIS que tengan una discapacidad porque se les va a seguir sosteniendo el beneficio y después de las auditorías se va decidir si se da de baja el beneficio o no”.