A pedido del fiscal federal, Carlos Amad, y con la del juez de Sáenz Peña, se concretó el lunes un allanamiento en oficinas que funcionan en la Municipalidad de Taco Pozo por defraudación contra la administración pública, en el marco de la investigación por el otorgamiento de pensiones por discapacidad fraudulentas. “Se secuestró material informático, algunos papeles, un libro de acta y algunas otras cosas, que cuando se desintervengan vamos a ver a ver bien qué hay ahí adentro”, explicó Amad.
“Se estaba buscando documentación que tiene que ver básicamente con las pensiones truchas”, detalló el fiscal federal y aseguró que “hay aproximadamente entre 400 y 500 de estas pensiones otorgadas de forma irregular”. “Hay gente que por una torcedura de tobillo con 24 años está cobrando una Pensión no Contributiva y es ilegal; y hay otros casos”, advirtió sobre lo hallado hasta el momento.
Amad recordó que la investigación inició a partir de una denuncia sobre la situación en el municipio de Taco Pozo, que tiene no más de 9500 habitantes y donde a partir de 2021 había 208 personas que fueron beneficiadas con pensiones por discapacidad. Mientras que en 2022, se sumaron otras 288 personas. “Es tanta la cantidad de personas discapacitadas, parece que en la localidad de Taco Pozo asistieron a una guerra, llama mucho la atención que en un solo municipio tengan ese nivel de personas con una pensión por discapacidad y esa ha sido la incógnita”, sostuvo.
“Esto inicia con una denuncia y una persona que dijo esto, a partir de allí empezamos a cruzar información, a corroborar información y hoy en día tenemos aproximadamente 500 casos. Estamos revisando caso por caso, por eso es que nos lleva tanto tiempo, ya hemos solicitado que se hagan reconocimientos médicos, estamos tomando testimonios y por los cálculos que hacemos el daño que se le hizo al Estado es enorme, estamos hablando de sumas de entre 350 a 500 millones de pesos anuales, para tomar una dimensión de la malversación de fondos”, advirtió el fiscal
En cuanto a quiénes se apunta como responsables de este delito, Amad afirmó que se está “investigando una presunta organización que se dedica a hacer estas cosas”. Y al ser consultado si se extendería a otros Municipios o estamentos, el fiscal dijo que la “salpicadura no tiene sentido jurídico”.
“Hay un hecho criminal y lo investigo, si hay alguna persona que en la investigación me surge como partícipe de la maniobra y será autor, será coautor, será partícipe en los grados que marque el Código Penal; por ahora, estoy investigando lo que pasa en Taco Pozo, tenemos algún dato de que puede haber otro lugar donde viven muchas personas que aparentemente podrían cobrar, pero todavía no tenemos nada”, admitió.