Marina Stein, secretaria Adjunta de ADIUNNE, dialogó con el móvil de CIUDAD TV en el marco del paro universitario declarado como parte de un plan de lucha por la Ley de Financiamiento Universitario finalmente promulgada este martes por el Gobierno nacional.
“La ley se promulga porque tiene la obligación de hacerlo, pero también tiene la obligación de aplicarla y es lo que no quiere el Presidente en una decisión política porque entendemos que el dinero está para otras cosas porque seguimos pidiendo dinero del Fondo Monetario Internacional, del Tesoro de los Estados Unidos, pero esa plata no llega para las universidades nacionales, para los jubilados, para las personas con discapacidad y tampoco llega para el Garrahan”, recalcó la dirigente.
Para Stein y el gremio que la representa “es una decisión política de este Presidente”, desfinanciarlos cuando “debe cumplir con la ley, respetar los tres Poderes del Estado y en particular el Congreso donde están los representantes del pueblo argentino que ya le han dicho en tres oportunidades a este presidente que debe aplicar la ley de financiamiento para las universidades nacionales”.
Las declaraciones de Stein se dieron en el marco del inicio de un paro de 48 horas votado por la CONADU Histórica, medida a la que también se suman otras federaciones universitarios, tanto de trabajadores docentes como no docentes.
“Es una nueva medida de fuerza para decirle al Presidente que no podemos seguir así, no podemos seguir funcionando de esta manera, tenemos nuestros derechos”, remarcó y acentuó que la mayoría de los trabadores de las universidades nacionales hoy están cobrando salarios por debajo de la línea de pobreza.
“En su conjunto hemos perdido en 19 meses de Gobierno de Milei entre 6 y 7 salarios. Hemos trabajado gratis durante seis meses y no tenemos ni una respuesta. La respuesta es no aplicar una ley que debe ser aplicada. El Presidente mismo dijo ‘todo dentro de la ley, nada fuera de ella y él no cumple ni siquiera con lo que dice, con las promesas de campaña y continúa mintiéndole al conjunto del pueblo argentino”, manifestó y destacó que “es una ley que además se ganó en las calles porque la mayoría del pueblo argentino dio su apoyo”.
De aplicarse en su justa letra, explicó que la ley establece la retroactividad a la recuperación salarial desde diciembre del 2023, “donde teníamos una devaluación del 118% provocada por el inicio de este gobierno del dólar respecto del peso y además una inflación del 25% en diciembre y del 20% en enero. Esta ley plantea poder recuperar los salarios desde ese momento y representaría aproximadamente un 45% de nuestro poder adquisitivo que hemos perdido”.
En paralelo, reclaman la apertura de paritarias y la restitución del Fondo de Incentivo Docente.