La estrategia del Gobierno para bajar a la UTA del paro de la CGT tuvo hasta ahora resultado. Puertas adentro del poderoso gremio de los colectiveros, Roberto Fernández, el jefe de 80 años, ya admitió ante sus laderos que no está dispuesto a parar. Argumentó dos motivos.
El primero, jurídico: está en vigencia la conciliación obligatoria que se inició la semana pasada por no haber logrado un acuerdo en su negociación salarial con las cinco cámaras empresarias del sector. El segundo, más político: Fernández lleva años alejado de la vida interna de la CGT por disputas irreconciliables con los Moyano y no está dispuesto a confrontar con el Gobierno, que aporta subsidios millonarios para que los colectivos circulen por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
El primer paso del Gobierno para neutralizar el paro de la CGT lo dio la semana pasada Julio Cordero, el secretario de Trabajo que fue uno de los abogados históricos del Grupo Techint. Con puro cálculo, Cordero, quien en otras discusiones sectoriales evitó la herramienta de la conciliación obligatoria, encontró un motivo adicional para cambiar de postura: desde el viernes de la semana pasada y por 15 días, la UTA está imposibilitada de tomar “cualquier medida de fuerza”, según la normativa.
Desde el Gobierno libertario sostienen que la UTA está imposibilitado de “tomar medidas de fuerza” por el período de conciliación dispuesto. En caso de adherir, el gremio se expondría a una sanción, que podría ir desde una pena económica a la pérdida de la personería gremial. “Ellos saben que tienen que cumplir la conciliación obligatoria. No es el Gobierno sino la propia ley la que impone sanciones graves frente a cualquier otra posición”, reforzaron la postura oficial desde la carteral laboral.
Se abre de esta manera una pulseada judicial que podría tener más de una interpretación, teniendo en cuenta los alcances del derecho a huelga. “El derecho de huelga tiene que respetar las normas que lo regulan y la ley que estable la Conciliación Obligatoria es una de ellas”, dijeron en los pasillos de la Secretaría de Trabajo ante la consulta de LA NACION. Hay otras miradas.
El abogado Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, manifestó que la conciliación obligatoria tiene como finalidad resolver el conflicto en el cual se dicta. “No es un instrumento para impedir una medida de fuerza, aunque el Gobierno la utilice para eso, sino para acercar a las partes y darles un marco de negociación, por un tiempo determinado. Una huelga general de las centrales sindicales no está condicionada por una conciliación sectorial previa, como tampoco podría afectarse por una nueva conciliación”, analizó Cremonte en el diario BAE Negocios.
A Fernández el conflicto le incomoda. Le dijo en estos días a su círculo íntimo que no está dispuesto a adherir a la huelga a pesar de estar en conflicto con las cámaras empresarias de su sector. “Los choferes tienen sueldos de $1.200.000 y no hubo una propuesta de actualización. Ahora, con la conciliación obligatoria no se sabe qué pasará con el paro de la CGT, aunque en las bases hay mucho malestar”, señalaron cerca de Fernández.
Sin embargo, la decisión de no parar ya sería irreversible. “Es muy poco probable, casi nula, la posibilidad de parar con el dictado de la conciliación obligatoria”, argumentaron fuentes confiables de la UTA que conocen los pormenores legales de lo que implicaría no cumplir con la normativa.
La decisión de Fernández, además de sus argumentos legales y políticos, encontró otro motivo: la caja y los negocios. Esta semana la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS) realizó una auditoría sorpresa en la obra social de la UTA, que no está ajena a la crisis financiera que afecta a todas las prestadoras médicas sindicales. La obra social de los Conductores de Transporte de Colectivos de Pasajeros es administrada por Silvia Antonia Bevk, la esposa del jefe de la UTA. Además, hay contratados a sueldo otros familiares.
Según dos fuentes consultadas por La Nación, surgió una amenaza de intervenir la obra social por parte de la SSS, el organismo a cargo de fiscalizar a las prestadoras y cuyo titular es Gabriel Oriolo. Esta versión fue desmentida por voceros de la SSS. “Se llevaron documentación para auditar”, precisaron. La gestión de Oriolo ya lleva intervenidas ocho obras sociales sindicales y la de la UTA podría ser la próxima.
La Nación