En un comunicado, la Aduana aseguró que las autoridades del país vecino enviaron “la factura comercial donde figuran valores inferiores a los declarados en Argentina”, y refutó a la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y al Centro de Exportadores de Cereales (CEC) que habían sostenido que “los valores declarados se ajustan a las condiciones normales de mercado en el país de origen y de procesamiento”.
El titular de la DGA, Guillermo Michel, expresó al respecto que “la Aduana es un ente profesional que actúa conforme a la normativa vigente y al intercambio de información con otros países regido por acuerdos internacionales”.
Las siete firmas investigadas son Aceitera General Deheza, Bunge Argentina, Cargill S.A., Cofco International, LDC Argentina S.A. (Louis Dreyfus Company), Molinos Agro S.A. (Molinos Río de la Plata) y Viterra Argentina S.A., que la Aduana identificó como “vinculada a Vicentin”.
La Aduana multó a Vicentin S.A. por $ 446.368.298 y a Cofco por $ 52.278.729, investigadas por infracción al artículo 954 del Código Aduanero.
En 2020 se abrieron sumarios contenciosos a distintas cerealeras por sobrefacturación en importación temporal de poroto de soja por más de US$ 55 millones, encontrándose las actuaciones algunas con condenas y otras en trámite, indicó el organismo.
La investigación que originó la apertura de los sumarios contenciosos comenzó en 2020, y hace pocos días llegó la respuesta de Paraguay y en el lapso transcurrido “las firmas tuvieron la oportunidad de efectuar su derecho de defensa y de ofrecer sus pruebas”, aclaró la DGA.
Por parte de la Aduana, “una vez que llegó la documentación probatoria desde el exterior, pudo dictar los fallos condenatorios”, señaló.
“La maniobra consistía en importar la mercadería directamente desde Paraguay, con refacturaciones de intermediarios radicados en otros países”, explicó el organismo, que agregó que “el valor de la operación documentada en Paraguay era 30% más bajo que el registrado en Argentina”.
La DGA presume que “el verdadero objetivo de la maniobra es fugar al exterior divisas obtenidas a valor oficial”, y advirtió que “en total hay más de 3.000 operaciones bajo análisis”.
En las operaciones investigadas la mercadería fue importada a la Argentina para ser procesada y luego reexportada.
La Aduana aclaró que en el régimen de importaciones temporales, el valor del insumo importado se deduce de los eventuales derechos de exportación del producto elaborado en la Argentina y, de esa forma, “la sobrefacturación de las importaciones les permitió a las empresas investigadas deducir casi US$ 4 millones más de lo que correspondía”.
Con esas maniobras, finalizó la Aduana, se buscaba “el ahuecamiento de la base imponible de las operaciones en nuestro país y la fuga indebida de divisas”.
Télam