Con esta resolución, el organismo de control interno dispuso archivar la investigación iniciada a partir de una denuncia presentada a fines de 2023 por legisladores del oficialismo, quienes la acusaban de incumplir la Ley de Ética y Transparencia Pública y de mantener un “flagrante conflicto de intereses” por supuestamente presidir una fundación que recibía fondos estatales.
“Quisieron tapar la inacción con shows armados, falsas denuncias, ataques mediáticos y la obsesión de creer que judicializar la política es gobernar. Pero hoy siento que todavía quedan rincones del Estado donde el criterio, la objetividad, la imparcialidad y la independencia pesan de verdad”, expresó Cavana en sus redes sociales.
La denuncia y las pruebas
La presentación fue firmada por los diputados Sebastián Lazzarini, Dorys Arkwright, Rodrigo Pavón, Maida With, Zulma Galeano, Carlos Salom, Iván Gyoker, Samuel Vargas, Francisco Romero Castelán y Zulema Wannesson. En el escrito, afirmaban que Cavana presidía la Fundación Paulo Freire mientras era ministra y que esa entidad habría recibido beneficios desde la cartera a su cargo.
Sin embargo, la investigación probó que al momento de asumir como ministra, Cavana no presidía ninguna fundación; que sus ingresos provenían únicamente de su salario como funcionaria; y que la Fundación Paulo Freire no recibió fondos, beneficios ni políticas específicas de Desarrollo Social durante su gestión. Por el contrario, desde el año 2012 la Fundación mantiene una relación institucional con el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, desarrollada de manera adecuada y sostenida a través de distintas gestiones de gobierno.
Los oficios remitidos por el Ministerio de Desarrollo Humano, la Secretaría General de Gobernación y la Inspección de Personas Jurídicas —todos actualmente dirigidos por autoridades del oficialismo— confirmaron estos datos. Además, la diputada se presentó de forma espontánea a responder la denuncia, aportando documentación, declaraciones juradas, registros impositivos y bancarios, así como testigos y oficios para que cada afirmación fuera contrastada por los propios organismos estatales.
El cierre de la causa
Mediante la Resolución 2029/25, el fiscal general concluyó que “no se advierte una situación de conflicto de intereses”, precisando que no existieron intereses personales que hayan influido indebidamente en el ejercicio de sus funciones. En consecuencia, ordenó el archivo definitivo de la denuncia.
“Por más ruido mediático que quieran montar, la verdad siempre logra abrirse paso”, reiteró Cavana, destacando que todavía hay “lugares donde, aunque sea por un rato, se logra frenar la degradación, el odio y la manipulación que hoy es moneda corriente desde el oficialismo”.
En su cuenta de Instagram, la legisladora compartió la resolución completa para libre acceso de la ciudadanía, reafirmando su compromiso con la transparencia.