Rodolfo Pedro Capalozza podría haber estado en la parroquia de San Patricio en la madrugada del 4 de julio de 1976, pero la suerte quiso que no estuviera. En ese momento, un grupo de tareas ingresó y fusiló a sus compañeros: los sacerdotes palotinos Alfredo Kelly, Alfredo Leaden y Pedro Dufau y los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti. Cuarenta y nueve años después, Capalozza recordó esos eventos en una declaración en el juzgado federal de Daniel Rafecas. El cura aportó información que señala hacia la responsabilidad de la Policía Federal Argentina (PFA) en la masacre.
Capalozza tenía entonces 20 años. El sábado 3 de julio había cenado en San Patricio. Durante la comida, el padre Alfie Kelly les había hablado de una carta que circulaba por el barrio en la que él era acusado de comunista. Les confió que temía por su vida.
Capalozza y Barbeito habían quedado en reunirse en el centro con Barletti para ir al cine. Salieron caminando de la parroquia, y Capalozza se animó a confiarle a su compañero que le parecía exagerado el temor del sacerdote.
Los tres seminaristas fueron al cine junto con un muchacho que era ahijado de confirmación de Capalozza. Se hizo tarde. Él pensó que no tenía sentido ir hasta la parroquia de San Patricio porque el domingo tenía que estar muy temprano en la casa de sus padres, que vivían en Barracas. Caminaron hasta el Obelisco y se separaron. Ésa fue la última vez que Capalozza vio a Barletti y Barbeito con vida.
En el expediente figura que la Comisaría 37 recibió un llamado a las 10.30 del 4 de julio de 1976 en el que advertían que se había producido un “grave hecho de sangre” en la finca de Estomba 1942. Tuvieron que pasar días hasta que quedó plasmado que un muchacho había ido a alertar la noche anterior sobre la presencia de dos coches Peugeot en las inmediaciones de la iglesia.
“Yo llegué a San Patricio cuando los cadáveres ya no estaban”, declaró Capalozza el martes en los tribunales de Comodoro Py. “Vi el teléfono descolgado y las perforaciones en el piso”, agregó. Contó, además, que, en ese momento, se hablaba de la desprolijidad con la que la policía había tratado la escena del crimen.
Una semana después, dijo, estaba durmiendo la siesta en la casa parroquial cuando llegó un oficial que se presentó como perteneciente al Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE). Lo describió como muy prepotente y que empezó a recorrer la vivienda. Al ingresar a la habitación del padre Alfie Kelly, agarró su agenda y se la llevó.
El recuerdo de Capalozza coincide con lo que en marzo de 1983 había declarado el inspector retirado Rodolfo Peregrino Fernández ante la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU) en Europa. Peregrino Fernández integraba desde los primeros meses del golpe la ayudantía de Albano Harguindeguy en el Ministerio del Interior. Como tal, dijo haber visto una carpeta con información de los palotinos, ya que Harguindeguy se ocupaba personalmente de todo lo referido a la Iglesia Católica. Al tiempo, Peregrino Fernández ratificó su declaración ante Naciones Unidas. Allí contó que conservaba en su poder una agenda de uno de los sacerdotes y dijo que la guardó como prueba de que se encontraba en dependencias del Ministerio del Interior.
“Para nosotros, la declaración termina de cerrar el círculo sobre la PFA”, sostiene Ramiro Varela, referente de Palotinos por la Memoria, la Verdad y la Justicia.
Durante muchos años se pensó que detrás de la masacre había estado el grupo de tareas que operaba en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), pero hace dos años Rafecas aceptó investigar el caso como una posible represalia ante la bomba que Montoneros colocó el 2 de julio de 1976 en la sede de la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF), donde funcionaba el área de inteligencia de la Policía Federal Argentina (PFA) y un centro clandestino de detención, tortura y exterminio.
La teoría tiene asidero. Los autores de la matanza dejaron una inscripción reivindicando a “los camaradas dinamitados en la Superintendencia Federal”. Armando Víctor Luchina, que se desempeñaba en la guardia de prevención del edificio de la SSF, declaró que escuchó a personal policial adjudicarse la autoría de los crímenes. Luchina no identificó a los posibles responsables: solo sugirió que podría la matanza podría haber sido perpetrada por el “grupo operativo de élite de la noche”.
Días atrás, Palotinos por la Memoria, la Verdad y la Justicia pidieron que el juez llame a indagatoria a diez efectivos policiales de la Comisaría 37 que, a su entender, habrían participado de la liberación de la zona y del encubrimiento posterior. Rafecas le pidió al Ministerio de Seguridad que envíe los legajos de cinco agentes.
La organización también reclama que sea indagado el juez Guillermo Rivarola, que deberá declarar a mediados de agosto por no haber investigado ni denunciado la masacre del Pabellón Séptima contra presos que estaban alojados en la cárcel de Devoto en 1978.
Página/12