El gobierno libertario volvió a desplegar violencia policial contra los jubilados en los alrededores del Congreso Nacional. Las fuerzas de seguridad comandadas por Patricia Bullrich volvieron a gasear a los manifestantes. También estuvo la Policía porteña de Jorge Macri.
Mientras José Luis Espert esquivaba los pedidos de expulsión de la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, afuera las fuerzas de seguridad comandadas por Patricia Bullrich desplegaban el “protocolo antipiquetes”, que dejó diez heridos y un detenido. “Nuevamente se registró un despliegue excesivo e innecesario de las fuerzas de seguridad federales y locales, frente a la magnitud y características pacíficas de la manifestación”, indicaron desde las organizaciones que actúan como veedoras de las manifestaciones.
Alrededor de 300 efectivos de la Policía Federal y la Prefectura Naval forzaron a subirse a la vereda a un grupo de 100 manifestantes que intentaban dar la tradicional vuelta por la Plaza de los Dos Congresos. Lo hicieron con represión, con gases y empujones.
Una medida sin sentido si sigue la línea argumental del Gobierno de liberar las calles para permitir la circulación porque el tránsito ya estaba cortado por las vallas sobre Avenida de Mayo. El Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA) atendió a una persona afectada por los gases lacrimógenos y se registraron otras más. Y también hubo un detenido, Víctor Vargas, de 63 años, que fue notificado de los cargos de atentado y resistencia a la autoridad y luego fue liberado.
En el operativo de Bullrich también participó Gendarmería y tuvo el apoyo de la policía porteña de Jorge Macri, que sumó un carro hidrante, motos y efectivos de las comisarías comunales. “Otra represión más de las fuerzas de seguridad en la tradicional marcha de los miércoles”, denunciaron desde la Comisión Provincial por la Memoria. Y agregaron: “Las fuerzas federales y la Policía de la Ciudad desplegaron una vez más un enorme despliegue de seguridad, que incluyó el vallado casi completo completo del Congreso, para impedir la tradicional ronda”.
Por su parte, desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires indicaron que registraron “uso de gases lacrimógenos utilizados en forma indiscriminada y sin justificación contra manifestantes, en contravención a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad que deben regir toda intervención de las fuerzas de seguridad”.
Página 12