El Gobierno nacional anunció la puesta en marcha de un programa que redobla el control contra extranjeros al estilo del ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) estadounidense y con el cual le dará carta blanca a todas las fuerzas de seguridad federales para que participen de acciones de inteligencia, persecución, detención y deportación de cualquier inmigrante o turista sospechado de no tener los papeles en orden.
La iniciativa del Ministerio de Seguridad formaliza y le da cuerpo a lo que hasta ahora era sólo un lineamiento de trabajo para vigilar y castigar a los extranjeros, surgida bajo la inspiración de las cacerías antimitratorias de Donald Trump.
De hecho, por esos días la ministra Alejandra Monteoliva había manifestado públicamente su intención de enlistarse a esas políticas y publicitó en redes sociales la expulsión de extranjeros que acusados de delitos o que permanecían en el país sin haber tramitado la documentación correspondiente.
El Programa de Seguridad Migratoria
El nuevo Programa de Seguridad Migratoria oficializado en la Resolución 551/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial comenzará con la creación de Unidades de Seguridad Migratoria en la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
Esas unidades trabajarán con la Dirección Nacional de Migraciones y se convertirán en su policía auxiliar. Realizarán tareas de “prevención en áreas de control migratorio; mantenimiento de seguridad y orden público en áreas migratorias; detección, inteligencia e investigación de ilícitos migratorios; y tareas subsidiarias de control migratorio”.
Se les enseñará a “prevenir y detectar en forma más efectiva ilícitos migratorios”, junto con inspectores, analistas y jefes de áreas ubicadas en pasos fronterizos y desplegadas en cualquier dependencia del país, dice la resolución.
Oídos sordos a las críticas
La decisión de institucionalizar la persecución contra extranjeros, particularmente de los países fronterizos, es una afrenta del Gobierno a todos los sectores que pusieron en tela de juicio su alineamiento con el ICE de Trump (que dicho sea de paso también es duramente cuestionado en los Estados Unidos y le trae dolores de cabeza a los organizadores del Mundial de fútbol que se juega allí).
Uno de los sectores que cuestionó públicamente a esas políticas fue la Iglesia Católica argentina, que durante el Tedeum del 25 de Mayo y tras un encuentro nacional de obispos sostuvo que los supuestos operativos de control “parecieran responder más a una estrategia de comunicación política que a la acción de un estado garante de derechos”.
Además, indicaron que la actual política migratoria “no responde a la acción de un Estado garante de derechos” y sostuvieron que “la incertidumbre en los procesos de regularización y el cambio de categorías generan un temor constante a la expulsión, obstaculizando el acceso a derechos fundamentales como el documento de identidad, la salud, la educación y el trabajo digno”.
Desoyendo los cuestionamientos, el gobierno de Javier Milei flameó en su resolución ministerial los clásicos argumentos con los que los sectores de la derecha responsabilizan a los extranjeros de los problemas nacionales.
Por ejemplo, entre las exageraciones incluidas en los considerandos, la nueva normativa aduce la existencia de “movimientos migratorios” que “tienen un carácter irregular o ilícito, y pueden estar acompañados por actividades de organizaciones criminales” que se “infiltran” en el país y que por ello “constituyen una amenaza para la seguridad nacional”.
Página/12