“Este tipo de decisiones son reprochables por tres razones centrales: viola la prohibición de realización de actos unilaterales en la Cuestión Malvinas según la resolución 31/49 de la asamblea general, viola los compromisos del Reino Unido en el marco de la convención para la conservación de los recursos vivos marinos antárticos (CCRVMA), y pone en práctica la utilización de medidas supuestamente vinculadas a la conservación y protección del ambiente con finalidades geopolíticas”, explicó a PáginaI12, Guillermo Carmona, ex Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Nación Argentina durante la presidencia de Alberto Fernández.
Las autoridades británicas anunciaron en 2011 la creación de la AMP sobre 1.200.000 km2 de mar. La iniciativa fue rechazada en aquel momento inmediatamente por el gobierno argentino por tratarse de “un acto de provocación” hecho de forma unilateral e indicaron en su reclamo que avanzaba sobre aguas sujetas a las normas consensuadas en la Convención para la Conservación de los Recursos Marinos Vivos Antárticos (CCAMLR).
De esa región oceánica había 283 mil km 2 sobre los que regían la exclusión de navegación y pesca que suponía el 23 por ciento de la zona marítima de las islas Malvinas, a los que sumaron 166 mil km2 con la última expansión anunciada el 26 de febrero quedando bajo su control el 36 por ciento de la zona.
Con el pretexto de la preservación marina los británicos no solo pasan por encima de los derechos soberanos argentinos, sino además viola las normas de la CCAMLR de la que forman parte más de treinta países que reclaman soberanía sobre el Continente Antártico, ahondando el conflicto. La Convención se formó con la intención de preservar la zona coordinando y acordando reglas comunes para sus integrantes.
Al cierre de esta edición el ministerio de Relaciones Exteriores no había hecho público el reclamo ante las autoridades británicas.
Página 12