El amparo 454/25 tramita ante el Juzgado Federal N° 1 de Tucumán y tiene para resolver “la afectación indebida de los derechos humanos a la salud integral, a la integridad y el desarrollo personal, a la dignidad, a la libertad y autonomía progresiva, a que su opinión sea tenida en cuenta, a la igualdad y no discriminación, y a una vida libre de violencias de género de niñas, niños y adolescentes trans, amparados por la Constitución Nacional y numerosos de tratados de derechos humanos”, explicó a Página 12 la abogada Soledad Deza, presidenta de MxM.
El decreto 62/25, publicado la semana pasada en el Boletín Oficial, estuvo precedido por una gran desinformación de género, discursos de odio y “noticias falsas” difundidas por el propio presidente Javier Milei y el entorno del Gobierno. Se trata de “una estrategia política antigénero que no es nueva, y que fue censurada como violación de derechos humanos por la Relatoría de Libertad de Expresión de la ONU del 2023”, recordó Deza.
“El odio de género se enmascara con libertad de expresión y pervive con la colaboración activa de otros partidos políticos ¿Si no cómo es posible que no se haya logrado la mayoría para que el Congreso repudie los dichos de Milei en el Foro de Davos?”, se preguntó la abogada en diálogo con este diario.
Fabiana Reina, médica y presidenta de Transformando Familias, recordó en según los datos del último censo, realizado en 2022, 196.956 (0.04%) de la población se identificó con identidad trans, y de ellos, 39.391 menores de 24 años, en un pais con una población de 46 millones de personas. “Cualquier medida que coarte la libertad de derechos sobre este grupo, no puede interpretarse sino como DNU de ensañamiento y odio”, analizó
Reina destacó que “algunos adolescentes entre 13 y 18 años sufren marcado disconfort con su corporalidad biológica” y que “las ciencias médicas en instituciones internacionales y nacionales acompañan con responsabilidad este proceso, evitando malestar, autoagresiones, conductas suicidas”. Para la especialista, “la medida del Gobierno, claramente, desampara, patologiza e impulsa a esta minoría a enfermar o morir”.
En la presentación, las ONG argumentaron que la modificación de la Ley de Identidad de Género dispuesta por el Gobierno es “inconstitucional” dado que no encuadra dentro de las facultades contempladas en el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional, y es a la vez “inconvencional” en virtud de que, en franca violación de los compromisos internacionales con la igualdad de género, vulnera el principio de progresividad que impide la regresión en derechos humanos económicos, sociales y culturales.
“Sin identidad de género, no hay libertad”, subrayó Deza. La abogada explicó que una ley “no puede ser reformada por un Presidente, es una facultad del Congreso y no encuadra este caso en los supuestos excepcionales de necesidad y urgencia que habilita el art 99 inc 3 de la CN”.
También destacó que la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte IDH “ya señaló que las restricciones de derechos a las infancias y adolescencias debe respetar los principios de no discriminación, interés superior, respeto al derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo. En la presentación además se menciona la Observación 20 del Comité de Derechos del Niño de la ONU que reconoce que “Los adolescentes gays, lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales suelen ser objeto de persecución, lo que incluye maltrato y violencia, estigmatización, discriminación, intimidación (…) que afecta la libertad de expresión y su integridad física y psicológica, su identidad de género y su autonomía emergente”.
Página/12