Luego de los informes recientes del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y de Amnistía Internacional donde advertían sobre los ataques de Javier Milei a la prensa, distintos organismos de derechos humanos también denunciaron los arrebatos del Presidente hacia los periodistas, asegurando que “incentiva una persecución mediática y política”.
A través de un comunicado, la Mesa de Organismos de Derechos Humanos cuestionó “profundamente” los mensajes que el jefe de Estado dirigió a los comunicadores “críticos de su gestión”. “Con datos estadísticos contradictorios y construidos de manera artificial el Gobierno Nacional pretende transmitir una imagen económica de plena recuperación, mientras los desalojos, los despidos y el cierre de empresas particulares y servicios estatales aumentan la carga de la pobreza y la situación afligente de una gran cantidad de familias viviendo en calle”, comenzó.
En ese contexto, denunció que el mandatario “destina fuertes insultos, en general y también personalizados” a quienes “intentan develar la realidad argentina”. De esa manera, advirtió que la actitud de Milei “incentiva una persecución mediática y política inédita para una investidura presidencial”.
“Se enoja cuando se compara su actitud con la del partido nazi en los albores de la segunda guerra mundial, cuando se detectan actitudes neofascistas en estas diatribas insultantes”, subrayó.
Acto seguido, mencionó uno de los episodios más recientes, donde el libertario compartió en Pascuas que “la gente no odia lo suficiente a estos sicarios con credencial de supuestos periodistas”. “Había creído que una gran parte del periodismo había llegado a su máxima expresión como basura mentirosa con el tratamiento de la reducción de la pobreza. Me equivoqué. Me quedé corto”, expresó en aquella oportunidad, en una publicación de X (antes Twitter) titulada: “PERIODISTAS MENTIROSOS”.
A raíz de esas declaraciones, los organismos de derechos humanos indicaron que los dichos de Milei “merecen el mayor repudio”. “Encontramos difícil encuadrar estas palabras en el marco de un sistema democrático”, plantearon.
“Alentar el odio hacia la prensa critica o hacia cualquier sector de la población es indigno y merece una condena. Esperamos que desde el Poder Judicial y el Congreso Nacional se levanten voces que puedan procesar y castigar esta actitud autoritaria y violatoria de la legislación vigente en materia de libertad de expresión”, concluyeron.
El texto lleva las firmas de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza, Liga Argentina por los Derechos Humanos, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, y Asociación Buena Memoria.
La advertencia de FOPEA por el incremento de ataques a la prensa
En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, FOPEA presentó su informe anual del Monitoreo de Libertad de Expresión, titulado “El asedio al periodismo debilita la democracia”. En el documento advirtieron que “el informe 2024 del Monitoreo marca un claro asedio a la prensa: crecieron un 53% los ataques al periodismo en relación al 2023”.
Otro de los datos que encendieron las alarmas para la asociación fue respecto a los orígenes de dichos ataques. Es que de los 179 casos registrados el año pasado, un 52,5% fueron llevados a cabo por el poder político, siendo el presidente Javier Milei quien más episodios protagonizó.
“El informe revela un alarmante aumento del 53% en los casos registrados respecto a 2023 y un 103% en comparación con 2022. Del análisis se desprende que el presidente Javier Milei protagonizó 56 de los episodios denunciados, mayoritariamente a través de discurso estigmatizante, agravios o insultos”, sintetizó la organización.
Dentro de los tipos de ataques registrados, se destacaron los discursos estigmatizantes con un 45,25%, siendo que el presidente cometió el 65,43% de esos incidentes. Le siguieron los ataques a la integridad física (25,14%) y restricciones al acceso a la información (11,73%). También se detectaron acciones judiciales civiles o penales (6,7%), censura (4,47%), otros abusos de poder estatal (2,23%), censura interna en los medios (1,68%) y uso abusivo de la publicidad oficial (1,68%). En cuanto a las víctimas por tipo de medio, contabilizaron periodistas de TV (73), radio (47), organizaciones (30), medios digitales (25) y diarios (23).
A quien más ataques le atribuyeron fue a Milei, que protagonizó 56 episodios (31,28%). Detrás de él se ubicó la categoría “allegados a personas del poder”, que estuvieron detrás de 25 casos (14%). Según reveló el informe, más de la mitad de los hechos (51,4%) estuvo atravesado por “la grieta”: “Esto significa que el atacante achaca maliciosamente una sospecha o acusación contra lo que considera que es la línea editorial o política del medio o periodista”.
El informe de Amnistía Internacional: “Acelerada involución en los derechos a la libertad de expresión”
Por su parte, a través del informe anual “El estado de los derechos humanos en el mundo”, Amnistía Internacional alertó sobre el retroceso de derechos en Argentina durante el mandato de Javier Milei, aunque destacó que no es un hecho aislado en el mundo sino que el “efecto Trump” lo profundizó en otras latitudes.
En el documento, titulado “12 meses de gestión, 12 derechos perdidos”, la organización no gubernamental señaló que durante el primer año de gestión libertaria hubo una acelerada involución en los derechos a la libertad de expresión, de acceso a la información y a los denominados derechos económicos y sociales, como consecuencia de las políticas de ajuste y prácticas autoritarias.
“El deterioro de los derechos no es una metáfora: en Argentina, durante 2024, vimos cómo se revirtieron conquistas fundamentales en materia de justicia social, libertades civiles y garantías individuales”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, quien agregó: “La respuesta del Estado frente a la protesta pacífica, la crítica pública, la desinformación muestra un giro hacia prácticas con profundos rasgos autoritarios que amenazan la convivencia social”.
El informe expresó además que hubo un aumento de narrativas violentas, achicamiento de los espacios de participación y represión a las voces disidentes, en un contexto global marcado por el avance de tendencias autoritarias fomentadas por líderes que actúan erosionando libertades esenciales.
En el ítem vinculado a la libertad de expresión, denunciaron “el uso excesivo de la fuerza en manifestaciones sociales, amparado por el llamado ‘protocolo antipiquetes’, que derivó en más de 1.100 personas heridas, detenciones arbitrarias y ataques a trabajadores de prensa”.
Finalmente, remarcaron un deterioro de la calidad democrática. “El miedo, las noticias falsas y la desinformación muestran una poderosa estrategia de adoctrinamiento y censura”, indicaron. Y, en relación al acceso a la información, señalaron que “prima la discrecionalidad y la opacidad frente a la rendición de cuentas”.
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