La decisión del fiscal Carlos Stornelli de descargar más de una docena de delitos sobre las personas que fueron detenidas en las inmediaciones del Congreso mientras se trataba la ley Bases generó preocupación entre los organismos de derechos humanos. No fueron pocos los que destacaron el alineamiento del representante del Ministerio Público con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que antes había pedido centrar la investigación en un presunto delito de “sedición” y había dicho que las protestas fueron parte de una nueva modalidad de “golpe de Estado”.
“Cargó medio Código Penal”, decía un juez con asombro después de que se conoció el dictamen de Stornelli. Lesiones, daños simples, incendio, estrago, delitos contra la seguridad pública, instigación a cometer delitos, intimidación pública, incitación a la violencia, organizar grupos permanentes o transitorios para imponer sus ideas o combatir ideas ajenas por la fuerza o el temor, delitos contra los poderes públicos, atentado contra la autoridad, resistencia a la autoridad, perturbación del orden mientras sesiona el cuerpo legislativo. Todo esto agravado por un artículo que se aplica a las organizaciones terroristas. “El John Wayne del derecho”, replicaba un colega de Stornelli en los tribunales de Comodoro Py.
Para la abogada María del Carmen Verdú, referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), la imputación de Stornelli es simplemente un “delirio”. Para su colega Martín Alderete, de la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (Cadep), hay un patrón que se extiende desde el macrismo –cuando Bullrich estaba en el Ministerio de Seguridad. “Lo preocupante –y que se viene dando en situaciones de detenciones en medio de reclamos sociales– son las acusaciones generales. Hay detenciones arbitrarias y la acusación se construye en función de justificar las privaciones de la libertad”, explica Alderete.
En el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) coinciden. “Hay un uso abusivo del derecho penal para criminalizar manifestantes”, sostiene Agustina Lloret, coordinadora de litigio y defensa legal de esa entidad. Para esta organización, la imputación de Stornelli no explica cuál es la sospecha del Ministerio Público sobre cada una de las personas detenidas, no describe los hechos, no hace una valoración mínima de las pruebas y pide la prisión preventiva en todos los casos cuando el riesgo procesal debe ser evaluado individualmente.
El diagnóstico del CELS es que con la represión que se desplegó el miércoles mientras el Senado discutía la ley Bases y con la respuesta que da el sistema de justicia –a través de Stornelli– se persigue un objetivo: herir la protesta social. En ese sentido, el organismo ya presentó información sobre la represión y las detenciones masivas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a las relatorías de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que monitorean el derecho a la protesta y la libertad de expresión.
“Por supuesto que no puede calificarse como golpe de Estado. Golpe de Estado fue lo de Bolivia en 2019, el asalto al Capitolio de 2021 y el ataque al Palacio del Planalto del año pasado”, responde Diego Morales, director de litigio del CELS, a las acusaciones que difundieron tanto la ministra de Seguridad como la Oficina del Presidente. Bullrich, de hecho, sigue imputada por haber enviado municiones a Bolivia antes de que Mauricio Macri dejara el gobierno.
“El gobierno está avanzando rápidamente en el intento de neutralizar opositores políticos mediante la criminalización”, dice Guadalupe Godoy, abogada de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH). “Estaba claramente planificado: la semana pasada el Ministerio de Seguridad modificó una resolución para que el Poder Ejecutivo pueda calificar como terrorista a quien quiera. Después publicaron un tuit hablando de golpismo y terrorismo y, a las pocas horas, consiguieron un fiscal adepto que materializa esas intenciones en la justicia. Es gravísimo el uso del terror o del miedo al señalamiento del Estado como herramienta política. Están construyendo una institucionalidad paralela a la del Estado de derecho”.
Myriam Bregman estuvo en la Comisaría 15 donde estaban las mujeres detenidas. Allí se enteró de que toda la investigación iba a terminar en los tribunales federales. “Me parece importante destacar que quien debería ser investigado es el fiscal Stornelli y no ser un funcionario de la justicia, porque él le debe favores al sector político de Patricia Bullrich –que siempre lo ha protegido. Ahora debe cumplir sus órdenes. No tiene imparcialidad alguna para actuar en esta causa. Es muy grave lo que está ocurriendo: deciden las imputaciones según lo que necesitan decir políticamente para tapar lo que acaban de votar con la Ley Bases y el paquete fiscal”.
Bregman recuerda que Bullrich ya intentó usar la figura de sedición –que no fue incluida por el fiscal en su dictamen finalmente– durante su anterior gestión en el Ministerio de Seguridad. En 2017, por ejemplo, su jefe de gabinete –Pablo Noceti– impulsó una causa por los daños producidos en una marcha a la Casa de la provincia de Chubut mientras se reclamaba por la desaparición de Santiago Maldonado. Noceti decía que los manifestantes debían ser imputados por el artículo 213 bis del Código Penal –que pena a las organizaciones que buscan imponer sus ideas por la fuerza o el temor. No tuvo suerte en los tribunales de Comodoro Py.
Stornelli tiene un historial de usar la figura de la incitación a la violencia colectiva. La empleó, por ejemplo, contra Hebe de Bonafini después de que anunció que la Asociación Madres de Plaza de Mayo volvía a las marchas de la resistencia porque estaba Mauricio Macri en el gobierno. El fiscal vio en esa decisión de las Madres un intento desestabilizador en consonancia con una denuncia que había presentado un abogado defensores de represores de la última dictadura.
Para denunciar los abusos, organismos de derechos humanos y legisladores convocaron a una conferencia de prensa que se hará el viernes a las 15 en la sede del Servicio Paz y Justicia (Serpaj) en Piedras al 730.
Página/12