La decisión fue tomada por el juez del Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, e involucra al expresidente, sus tres hijos, exfuncionarios y aliados. Se investigarán delitos como malversación de fondos, fraude en licitaciones y propagación de epidemia con resultado de muerte en un país con más de 700.000 muertes por la enfermedad.
El juez del Supremo Tribunal Federal (STF) , Flávio Dino, ordenó este jueves la apertura de una investigación por las irregularidades cometidas durante la gestión de la pandemia de COVID-19 bajo el gobierno del expresidente, Jair Bolsonaro, que dejó en el país más de 700.000 muertes. Además de al ex mandatario, ya condenado por conspiración golpista, la decisión alcanza también a sus tres hijos, Flávio, Eduardo y Carlos y a otros 20 aliados, y está basada en los hallazgos del informe elaborado por la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) en 2021.
El magistrado consideró que ese informe contiene pruebas suficientes para justificar una investigación penal. “La investigación parlamentaria reveló indicios de delitos contra la Administración Pública, especialmente en contrataciones, fraudes en licitaciones, sobreprecios, desvío de fondos públicos y contratos con empresas fachada para servicios ficticios”, argumentó Dino, quien autorizó la apertura formal de la causa, dando un plazo de 60 días para que la Policía avance, con posibilidad de prórroga.
Reapertura
Así, Dino pidió reabrir partes del caso que habían sido archivadas en 2022 por la Procuraduría General, entonces encabezada por Augusto Aras, un aliado de Bolsonaro que desestimó el contenido del informe de la comisión del Senado. Ese documento analizaba la gestión del gobierno frente a la crisis sanitaria y denunciaba múltiples irregularidades y acusaba a Bolsonaro de nueve delitos, entre ellos crímenes contra la humanidad, infracción de normas sanitarias, charlatanería médica, incitación al delito, falsificación de documentos, malversación, prevaricato y propagación de epidemia con resultado de muerte y atentados contra la dignidad del cargo.
Los investigados son sospechosos de haber incitado el incumplimiento de las normas sanitarias, además de haber desviado recursos públicos durante la emergencia. También figuran entre los acusados el exjefe de gabinete Onyx Lorenzoni, el excanciller Ernesto Araújo y las diputadas Beatriz Kicis y Carla Zambelli, esta última detenida en Italia a la espera de extradición por un ataque informático al Consejo Nacional de Justicia. Empresarios, periodistas y figuras influyentes en redes sociales vinculados al bolsonarismo también integran la lista del Supremo.
En su fallo, Dino, quien durante la pandemia se desempeñaba como gobernador del estado de Maranhão y fue un asiduo crítico del negacionismo del gobierno federal, recordó que “la investigación parlamentaria señaló indicios claros de crímenes contra la administración pública”.
El informe final de la CPI sobre la pandemia, de 1.180 páginas y aprobado en octubre de 2021 por siete votos contra cuatro, recomendaba imputar a 66 personas físicas y dos jurídicas. El documento se basó en más de 67 sesiones de la comisión a lo largo de seis meses y citaba al expresidente más de 80 veces. En ese entonces, el relator de la CPI, Renan Calheiros, subrayó como omisión clave el retraso en la compra de vacunas. También acusó al gobierno de actuar sin rigor técnico, “exponiendo deliberadamente a la población a un riesgo concreto de infección masiva”.
Entre las pruebas citadas se encuentra la compra de medicamentos ineficaces, como la cloroquina, que fueron promovidos y distribuidos en el sistema de salud pública. El informe también responsabilizó a Bolsonaro por el colapso sanitario en Manaos y por delitos contra pueblos indígenas, además de recomendar su eliminación de redes sociales por poner en riesgo a la población al difundir información falsa.
“Gripecita”
Esta investigación fue anunciada apenas una semana después de que la Primera Sala del Supremo, de la cual Dino forma parte, condenara a Bolsonaro por conspiración golpista tras su derrota electoral en 2022. La solicitud surge dos días después de que la Cámara de Diputados aprobara la Enmienda de Blindaje (PEC), que dificulta el arresto y procesamiento de representantes y senadores. La propuesta restringe los arrestos de congresistas in fraganti y requiere la aprobación legislativa para iniciar procedimientos penales. El proyecto de ley también establece un plazo de 90 días para revisar la autorización previa para el arresto o procesamiento.
Con este desarrollo, el ex mandatario podría volver al banquillo por segunda vez en un período breve. Muchas de las causas que hoy enfrenta Bolsonaro se originan en la pandemia, a la que llegó a calificar como una “gripecita”. El proceso por intento de golpe de Estado, por el cual ya fue condenado a 27 años y tres meses de cárcel, se inició mientras era investigado por falsificar su cartilla de vacunación para evadir las restricciones internacionales impuestas durante la emergencia sanitaria.
En este contexto, la covid-19 funcionó como detonante de un drama mayor. Bolsonaro no sólo promovió la cloroquina, rechazó el uso del tapabocas, demoró la adquisición de vacunas y minimizó la muerte de más de 680 mil personas. Su discurso negacionista vino acoplado a su postura en defensa del Estado mínimo que trajo severas consecuencias para el país, que tuvo una de las tasas más altas de muerte por COVID en la región.
A esto se suma lo denunciado por Amnistía Internacional en el informe “Mil días sin derechos”, donde se acusó al expresidente de haber gestionado la pandemia con una combinación de negacionismo, negligencia y desprecio por los derechos humanos, contribuyendo de forma directa al agravamiento de la crisis sanitaria y a la pérdida evitable de más de 120.000 vidas sólo en el primer año. La organización denunció también el abandono estatal hacia poblaciones vulnerables, como comunidades indígenas, quilombolas y habitantes de las favelas, así como la omisión reiterada ante fallos judiciales que exigían garantizar el acceso a la salud en plena emergencia.
Página/12