Desde el inicio de la ofensiva israelí como respuesta a los ataques perpetrados por el movimiento islamista palestino Hamas el 7 de octubre, “ningún sitio es seguro” en Gaza, por lo que la vocera del Alto Comisionado de la ONU para DDHH, Ravina Shamdasani, criticó que el Ejército de Israel haya pedido a la población gazatí que abandone ciertas zonas mientras mantiene un férreo bloqueo que impide no sólo la entrada de suministros en la Franja sino también la huida de la población.
El traslado forzoso de ciudadanos, advirtió, representa un crimen de guerra, al igual que también lo puede ser bombardear de forma indiscriminada zonas densamente pobladas o instalaciones protegidas y ejercer una suerte de “castigo colectivo” sobre el conjunto de la población, que vive ya sometida a una “catástrofe humanitaria” sin comida, electricidad, combustible y agua, según recogió la agencia de noticias Europa Press.
“La falta de combustible lleva al cierre de hospitales y panaderías. La gente termina en refugios en condiciones cada vez más duras, saturados, sin apenas saneamiento y bebiendo agua en mal estado, lo que acerca el fantasma de que haya brotes de enfermedades”, agregó.
Shamdasani pidió además el fin del lanzamiento de “ataques indiscriminados” contra territorio israelí, al tiempo que reclamó la liberación “inmediata e incondicional” de todos los civiles secuestrados por Hamas.
“La toma de rehenes también es un crimen de guerra”, subrayó.
El Alto Comisionado, Volker Turk, aboga por trabajar en favor de la paz, para lo cual es necesario un cese inmediato de los combates que requiere que “todos aquellos actores con influencia negocien”.
Las hostilidades causaron hasta la fecha más de 1.400 muertos y casi 5.500 heridos en Israel, y más de 7.300 muertos y casi 19.000 heridos en la Franja de Gaza, según los últimos datos disponibles, así como más de 200 rehenes retenidos en el enclave, según el ejército israelí.
Télam