La medida fue dispuesta por el juez federal Sebastián Casanello, quien también ordenó embargos por 7.800 millones de pesos, la prohibición de salida del país de los imputados y la inhibición de bienes de la empresa que administraba el local. Según la investigación, las mujeres debían realizar “presencias” y servicios de “copas” en un establecimiento que funcionaba como un prostíbulo bajo la fachada de un boliche.
Nueve hombres fueron procesados por el delito de trata de personas, acusados de explotar sexualmente a 50 mujeres —dos de ellas menores de edad—, en un boliche del barrio porteño de Recoleta, en el marco de una investigación de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12, a cargo de la fiscal federal Alejandra Mángano, con la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), de la que la misma representante del Ministerio Público es cotitular junto al fiscal general Marcelo Colombo.
El local investigado es el denominado “D’Lirio”, ubicado frente el cementerio de la Recoleta, en la calle Vicente López 2134 de la Capital Federal. Según la investigación, el lugar funcionaba como un prostíbulo encubierto bajo la apariencia de un boliche y allí las mujeres eran reclutadas para realizar “presencias” y servicios de “copas”, por montos muy bajos, lo que —de acuerdo con la hipótesis fiscal— las empujaba a ofrecer también encuentros sexuales con clientes en hoteles cercanos.
De acuerdo con la imputación, los acusados habrían captado y recibido al menos a 50 mujeres para explotarlas sexualmente en el local, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad y sometiéndolas a un estricto sistema de control. Los hechos habrían ocurrido al menos entre abril de 2022 y el allanamiento realizado el 9 de julio de 2024.
Los nueve procesamientos —todos sin prisión preventiva— fueron dictado por el juez federal Sebastián Casanello, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°7.
Cinco de los acusados quedaron procesados como presuntos coautores del delito de trata de personas agravado por la existencia de menores de edad, mientras que los otros cuatro fueron considerados partícipes necesarios del mimo delito.
Además, el juzgado ordenó trabar embargos sobre los bienes de los imputados por un total de 7.800 millones de pesos, dispuso la inhibición general de bienes de la empresa Gran Recoleta S.A. —responsable del local— y la prohibición de salida del país y de acercamiento a las víctimas para todos los acusados.
El origen de la investigación
La investigación se inició a raíz de una denuncia anónima realizada el 6 de abril de 2022, a través de la Línea 145 de atención telefónica gratuita que, bajo la supervisión de la PROTEX y el Ministerio de Justicia de la Nación, funciona para recibir información, solicitar asistencia y denunciar casos de trata y explotación de personas.
La persona denunciante señaló que en el local funcionaba un prostíbulo encubierto como bar y boliche bailable, donde se cobraban entradas de entre 30 mil y 50 mil pesos para compartir una mesa con una mujer.
Según esa presentación, las mujeres no podían retirarse antes de las 6.30 de la mañana y en el lugar se coordinaban encuentros sexuales que luego se concretaban en hoteles cercanos. También se mencionó que en el lugar había mujeres menores de edad, que se comercializaban drogas y la posible existencia de connivencia policial.
Desde el inicio, la investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Federal N°12 de la Capital Federal. En ese marco se realizaron diversas tareas investigativas que derivaron en un allanamiento en el local el 9 de julio de 2024. Durante el procedimiento se identificó a 50 mujeres, de las cuales 43 se encontraban en calidad de “presencias”, de acuerdo con la evaluación realizada por profesionales del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el delito de Trata de Personas.
La estructura y los roles
Según la investigación, la estructura operaba bajo la fachada de una sociedad comercial y contaba con una distribución de roles claramente definida entre sus integrantes.
El local funcionaba bajo la cobertura formal de la sociedad Gran Recoleta S.A., integrada por dos de los actuales imputados y un tercero —fallecido en 2024—, quienes se ubicaban en la cúspide de la organización y utilizaban la firma como pantalla para obtener habilitaciones comerciales y encubrir la actividad ilícita.
A su vez, uno de esos acusados también se encargaba de contactar y entrevistar a las mujeres y asignarles clientes; otro imputado cumplía funciones de administración general e incorporación de nuevas trabajadoras; un tercero realizaba tareas de reclutamiento a través de redes sociales; y otro gestionaba las reservas y registraba las ganancias derivadas del consumo de “copas”.
Asimismo, otros cuatro imputados intervenían como partícipes necesarios en tareas operativas vinculadas con la administración del local, el registro de las mujeres, la recepción del dinero y la coordinación logística diaria.
El funcionamiento del local
Según consta en el expediente, el local funcionaba todos los días entre las 22 y las 6 de la mañana y el acceso estaba restringido de manera exclusiva a clientes varones que debían contar con reserva de mesa o pagar una consumición mínima.
Las mujeres eran captadas principalmente a través de redes sociales, como Instagram, Facebook y WhatsApp, mediante ofertas laborales bajo el término “presencias” para atraerlas al establecimiento engañadas y aprovecharse de su situación de vulnerabilidad.
El reclutamiento de mujeres era responsabilidad del grupo denominado “los públicas”, integrado por tres de los imputados. Las mujeres llegaban a D’lirio por recomendaciones de otras mujeres, por los mismos imputados que las derivaban o por clientes de otros boliches que les hablaban de la existencia del boliche.
De acuerdo con la investigación, una vez entablado el contacto, los organizadores solicitaban fotos de sus cuerpos o perfiles de redes sociales para evaluar si cumplían con los “estándares” establecidos para trabajar en el lugar.
El servicio de “presencias” consistía en acompañar a los clientes en sus mesas, conversar, beber y bailar con el objetivo de incentivar el consumo de bebidas.
A pesar de esta exigencia de rotar por las mesas para aumentar las ventas, las mujeres no percibían ningún porcentaje por las copas vendidas. Por esa actividad, las mujeres —entre ellas algunas menores de edad— recibían pagos fijos de entre 7.000 y 20.000 pesos por noche. Debían presentarse a las 22 y permanecer hasta las 6; en caso de llegar tarde o retirarse antes, no cobraban la remuneración. El personal de seguridad o la persona en caja registraba el fichaje y realizaba el pago en efectivo al final de la jornada.
Otra modalidad de explotación consistía en la participación de “bailarinas”, quienes realizaban bailes sensuales sobre las mesas de los clientes durante la madrugada, en ocasiones casi desnudas, a cambio de un pago fijo y propinas que les colocaban entre sus prendas.
Según la investigación, los encuentros sexuales —denominados “pases”— se acordaban en D’Lirio, se reportaban a los explotadores y se concretaban luego en hoteles o albergues transitorios de la zona. Los montos oscilaban entre 150 y 500 dólares, y debían contar con la aprobación de los organizadores, que retenían al menos 100 dólares.
La resolución señala que, dado que el pago base apenas cubría los gastos de traslado de las mujeres, muchas se veían forzadas a aceptar esos encuentros para incrementar sus ingresos. Además, el sistema de cámaras de seguridad y la presencia de personal del local funcionaban como mecanismos de control sobre su desempeño.
Las consideraciones del juez: “Un espacio para la explotación sexual clandestina”
En su resolución, el juez Casanello sostuvo que “el respaldo estructural de la sociedad comercial otorgaba una imagen de negocio legítimo que servía como fachada para que las mujeres aceptaran las condiciones de control que se les imponían”.
En línea con la hipótesis de la fiscalía, el magistrado afirmó que “las mujeres eran exhibidas como objetos y debían tolerar abusos por parte de los clientes, con el aval de los organizadores”. Asimismo, destacó que la oferta laboral engañosa permitió a los imputados aprovecharse de las víctimas “mediante la cosificación y mercantilización de sus cuerpos, bajo una dinámica empresarial”.
El juez también señaló que, una vez incorporadas al circuito, las mujeres eran sometidas a controles estrictos que generaban temor a represalias. En ese contexto, afirmó que “su vulnerabilidad fue aprovechada sistemáticamente por los imputados para explotarlas sexualmente y obtener beneficios económicos”.
Finalmente, el magistrado concluyó que, bajo la apariencia de un bar, el local D’Lirio “funcionó como prostíbulo y constituyó un espacio de explotación sexual clandestina”, circunstancia que —según indicó— surge tanto de las tareas investigativas como de las comunicaciones mantenidas entre las personas imputadas, que evidencian la captación y el desarrollo progresivo de la explotación bajo un estricto sistema de control.
Vinculación con el prostíbulo Madaho’s
Casanello destacó en su resolución que la investigación de la fiscalía permite inscribir el caso en la continuidad del modelo de negocio que funcionó en el prostíbulo “Madaho’s”, donde ya se habían acreditado judicialmente hechos de trata con fines de explotación sexual.
En esa línea, la investigación fiscal concluye que D’Lirio constituyó la continuación de Madaho’s bajo otra denominación. El análisis de las estructuras societarias y del modo de funcionamiento del establecimiento permitió identificar a los mismos operadores y la persistencia del mismo esquema de negocio prostibulario. Ese establecimiento contaba con sedes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (calle Azcuénaga al 1900) y en Mar del Plata (calle Leandro N. Alem al 4200), y se encontraba vinculado con la sociedad Safago SRL, integrada por tres socios, entre los cuales se identifican dos de las personas investigadas en esta causa —una de ellas, la fallecida en 2024—.
A partir del análisis de las sociedades comerciales involucradas, el magistrado advirtió la reiteración de los mismos actores en ambos emprendimientos, lo que evidencia la reconversión y continuidad del esquema de explotación.
En paralelo, el estudio de la información bancaria permitió establecer que entre enero de 2021 y noviembre de 2025 circularon aproximadamente 1.500 millones de pesos en cuentas vinculadas a la firma Gran Recoleta S.A., con depósitos en efectivo que superaron los 95 millones de pesos.
En ese contexto, el juez concluyó: “Lo expuesto revela un circuito jurídico y económico que vincula el antiguo prostíbulo Madaho’s con el más reciente D’Lirio. El análisis de las diversas sociedades comerciales permite identificar a las mismas personas operando en ambos negocios. El flujo financiero detectado, la utilización de garantías inmobiliarias cruzadas y las transferencias a familiares para ocultar el origen del dinero revelan una estructura organizada diseñada para legitimar ganancias del negocio prostibulario”.