Un nuevo proyecto de ley de financiamiento universitario volvió a la agenda del Congreso y se convertirá en otro frente impulsado por la oposición para incomodar al Gobierno. Inspirada en el texto que Javier Milei vetó el año pasado, la iniciativa busca “garantizar la protección y sostenimiento del financiamiento de las instituciones universitarias públicas en todo el territorio de la República Argentina”. El tema promete tensión no solo por su impacto fiscal, sino también porque toca un punto sensible para la Casa Rosada: su vínculo con los jóvenes.
Los bloques presentes – en una cumbre que reunió a rectores, gremios docentes y estudiantiles – trazaron un plan: forzar, en la sesión especial pedida para el miércoles próximo, que las comisiones de Presupuesto y Hacienda -presidida por José Luis Espert (LLA)- y de Educación -a cargo de Alejandro Finocchiaro (Pro)- habiliten el tratamiento del proyecto. Según adelantó la diputada Blanca Osuna (UP), el plan es que se discuta en comisión el 10 y 11 de junio, se emita dictamen y llegue al recinto el día 19.
Entre los asistentes estuvieron el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Oscar Alpa, rector de la Universidad Nacional de La Pampa, y su vicepresidente Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario. También participaron Joaquín Carvalho y Albana Velozo, presidente y secretaria general de la Federación Universitaria Argentina (FUA), además de los líderes sindicales Carlos De Feo (Conadu), Daniel Ricci (Fedun), Norberto Heyaca (Fagdut), Walter Merkis (Fatun), Julio Condori Barrios y Norberto Cabanas (UDA), y Angélica Graciano, por Ctera.
Bartolacci defendió la iniciativa como una respuesta “urgente, necesaria y razonable” frente a la crisis del sistema. “Todos creemos que la Argentina necesita una economía sólida, todos sabemos que en ese contexto de escasez hay que establecer prioridades, y nos asiste la convicción profunda de saber que la educación y la producción científica, sobre todo en un país que tiene los problemas que tiene la Argentina, debe ser una prioridad”, sostuvo.
Aclaró que se trata de una propuesta “razonable porque busca una solución de fondo sin comprometer fiscalmente al Estado” y destacó el respaldo ciudadano: “Fue la sociedad argentina la que, conmovedoramente, el año pasado dijo que no hay en las universidades ni en el sistema científico un problema, sino la posibilidad de encontrar una solución a los problemas estructurales que la Argentina tiene”.
Fue una referencia a la masiva movilización del 23 de abril, cuando cientos de miles de personas se congregaron frente al Congreso en defensa del sistema universitario. Fue uno de los primeros golpes simbólicos para la gestión Milei: una cosa es que se movilicen los gremios, con alto nivel de desprestigio social, pero otra muy distinta es que lo hagan los jóvenes, a quienes el Presidente intenta seducir con su discurso rupturista.
Los detalles de la propuesta
El proyecto tiene 12 artículos. Busca garantizar por ley los fondos para el funcionamiento del sistema universitario para evitar que queden sujetos a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. Además, establece con precisión los mecanismos de financiamiento y actualización presupuestaria.
El texto propone calcular el financiamiento universitario en base a una “proporción universitaria” sobre los fondos nacionales coparticipables, que se transferiría mensualmente al programa de Desarrollo de la Educación Superior. Plantea que esto no impactará sobre lo que reciben las provincias en materia de Aportes del Tesoro Nacional.
También establece paritarias trimestrales para docentes y no docentes, con aumentos mensuales atados a la inflación, y una recomposición salarial retroactiva desde diciembre de 2023.
Los gastos operativos de las casas de estudio se actualizarían automáticamente por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), y se fija una meta de inversión educativa equivalente al 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI) para 2031, con subas progresivas a partir de 2026.
El proyecto contempla, además, la creación de un fondo anual de $10.000 millones para carreras estratégicas -como aquellas vinculadas a la inteligencia artificial-, la ampliación de becas estudiantiles y el fortalecimiento de la infraestructura, la investigación y los programas de bienestar.
La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) había estimado que el costo fiscal del proyecto vetado por Milei el año pasado equivalía al 0,14% del PBI anual. Sobre la nueva iniciativa aún no hay un cálculo oficial, aunque su estructura técnica mantiene similitudes con aquella propuesta.
En sus fundamentos, la iniciativa advierte que “más del 70% de trabajadores perciben salarios por debajo de la línea de pobreza” y que el presupuesto 2025 solo cubre “el 50% de lo requerido para su funcionamiento”. Y remata con una crítica directa a la política fiscal del oficialismo: “La otra parte de una política económica socialmente responsable es que no puede gastar menos de lo que ingresa, ya que ello implica, directamente, atentar contra el futuro de nuestro país al desarticular el sistema universitario público argentino”.
La Nación