Dos policías del Chaco, un gendarme y una vendedora de drogas al menudeo del barrio Santa Catalina reconocieron este miércoles su culpabilidad en el marco del juico que se sustancia en el Tribunal Oral Federal de Resistencia, contra la que se conoce como la banda de los Narcopolicías de la Comisaría Duodécima.
El sargento de la Policía del Chaco, Rubén Alberto Molina; el agente, Matías Josué Frete; el gendarme, Miguel Hugo Paniagua y la dealer, Ester de la Cruz Pereña, acordaron con el Ministerio Público Fiscal, representado por Federico Carniel, concluir el proceso judicial en un juicio abreviado. Este es un procedimiento legal utilizado para agilizar la resolución de casos penales, donde el acusado admite su culpabilidad a cambio de una pena más benigna.
Tanto los policías Molina y Frete y el gendarme Paniagua, acordaron penas en suspenso. Es decir: no irán a prisión. Ambos llegaron a juicio imputados por los delitos de cohecho pasivo, encubrimiento agravado, abuso genérico de autoridad y asociación ilícita, en concurso real, en carácter de coautores.
Molina negoció una pena de tres años e inhabilitación por cuatro para ejercer cargos públicos. En tanto, Frete acordó una pena de dos años y cuatro de inhabilitación. Frete logró un mejor acuerdo que su colega debido a que la fiscalía le retiró la imputación de “asociación ilícita”. “Si bien consideramos que es coautor del resto de los delitos, el de asociación ilícita no corre en este caso”, explicó Carniel al iniciar la audiencia. A su vez, el gendarme Paniagua, acusado del delito de revelación de secreto oficial, acordó un año de prisión y dos de inhabilitación.
La peor parte se la llevó De la Cruz Pereña. Fue la única que arregló una pena de prisión efectiva, que la realizará de manera domiciliaria: cuatro años. Llegó a juicio acusada de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en calidad de autora; cohecho activo en carácter de autora y como coautora de los delitos de asociación ilícita, todo en concurso real. Al aceptar el arreglo, la mujer pidió que se le autoricen salidas para ir a trabajar, dos días a la semana. Dijo que lo hará para vender ropas usadas teniendo en cuenta la difícil situación económica que atraviesa. El Tribunal, conformado por los jueces Juan Manuel Iglesias (presidente), Fabián Cardozo y Enrique Boch, analizarán el pedido.
El único que no aceptó el acuerdo de juicio abreviado fue el agente, Leandro Cocco. Su imputación es la misma que el resto de los policías que llegaron a juicio: cohecho pasivo, encubrimiento agravado, abuso genérico de autoridad y asociación ilícita.
El tribunal resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta el 2 de octubre para continuar con las testimoniales, las cuales podrían extenderse hasta la audiencia del 4 del mismo mes.