La cuestión comenzó a discutirse la semana pasada en la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, es decir, previo a los dichos de Milei. Las declaraciones del Presidente no hicieron otra cosa que acelerar las tratativas para consensuar un proyecto común que impida, por de pronto, que el Gobierno reponga los aumentos.
“No podemos perder más tiempo Nuestra intención es dictaminar en los próximos días con un proyecto que sea sencillo y, a la vez, prudente”, anticipó a La Nación el radical Atilio Benedetti, presidente de la comisión.
Con el guiño del gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, los diputados Carlos Gutiérrez y Alejandra Torres pusieron sobre la mesa una propuesta que, sin vueltas, le impide al Poder Ejecutivo restablecer o aumentar derechos de exportación durante el año 2025 sin intervención del Congreso. En otras palabras, si esta iniciativa es convertida en ley antes del 30 de junio –cuando vence la baja transitoria de las retenciones al campo-, el gobierno de Milei se verá imposibilitado de subirlas, como advirtió ayer.
“Nuestro proyecto tiene como finalidad proteger la estabilidad y previsibilidad fiscal del sector agropecuario y agroindustrial ante la amenaza de una eventual suba de derechos de exportación en el marco del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la flexibilización del régimen cambiario y la salida del cepo”, argumentaron Gutiérrez y Torres.
Los legisladores exaltaron que el Gobierno haya bajado las retenciones, aunque de manera provisoria, e insisten en que esta baja en las alícuotas debería permanecer. “La reciente advertencia oficial sobre la posibilidad de restablecer esas cargas fiscales hacia mediados de este año genera nuevamente un clima de incertidumbre, especulación y parálisis en las decisiones de inversión”, advirtieron.
Benedetti, presidente de la Comisión de Agricultura, coincidió. “Nada sería más injusto que una nueva suba en las retenciones para el campo. El Gobierno le dio 30 años de estabilidad y beneficios fiscales a los sectores hidrocarburíferos y mineros por medio del RIGI (Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones) y apenas una baja transitoria de los derechos de exportación para el sector agropecuario”, sostuvo.
La escala que cae
Las bajas en las retenciones rigen desde el 27 de enero pasado y fueron dispuestas por decreto. Las tasas pasaron del 33 al 26% en el grano de soja. Las de los derivados de la oleaginosa del 31% al 24,5%; en el caso del trigo del 12% a 9,5%; en la cebada del 12% a 9,5%; para el sorgo del 12% a 9,5%; para el maíz del 12% a 9,5%, y en el caso del girasol de 7% a 5,5%.
Milei, urgido de que el campo liquide sus cosechas para engrosar las reservas del BCRA en el marco del acuerdo firmado con el FMI, confirmó que a partir de julio las retenciones subirán otra vez, lo que provocó un fuerte malestar en el sector agropecuario.
¿Qué posibilidades tiene de ser aprobada?
Es prematuro saberlo ya que todavía no tiene dictamen de comisión, pero no es un dato menor que sea impulsada por el gobernador de Córdoba, que a su vez tiene estrechos vínculos con sus pares de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, tres mandatarios de la zona centro del país que tienen al campo como base electoral.
Si el proyecto gana volumen político, difícilmente Pullaro y Frigerio – que hasta ahora apoyaron al Gobierno en el Congreso – retaceen el apoyo de sus legisladores, sino al contrario.
La iniciativa amenaza con generar, también, un tembladeral en Pro y en la UCR, aliados del oficialismo. La gran mayoría de los legisladores que conforman ambos bloques provienen de provincias agropecuarias y difícilmente puedan hacerse los distraídos. De hecho, en la última reunión de la Comisión de Agricultura, que recibió la semana pasada a la Mesa de Enlace agropecuaria, varios se pronunciaron por una baja paulatina de las retenciones hasta su eliminación definitiva.
La Nación