Durante el terrorismo de Estado, Vergez fue jefe del centro clandestino de detención La Perla, en Córdoba, y lideró el Comando Libertadores de América, una organización paraestatal que operaba en la provincia. Se le atribuyen múltiples crímenes, incluyendo secuestros, torturas y asesinatos.
En 2012, el Tribunal Oral Federal Nº 5 lo condenó a 23 años de prisión por los secuestros y desapariciones del abogado Julio Gallego Soto, del funcionario ministerial Juan Carlos Casariego de Bel y del militante del ERP Javier Coccoz. También fue juzgado por el secuestro de la esposa de Coccoz, Cristina Zamponi, y su hijo, quienes sobrevivieron.
Posteriormente, en 2016, fue sentenciado a prisión perpetua en la megacausa “La Perla” por su responsabilidad en 448 delitos, incluyendo 108 homicidios calificados y seis casos de tormentos seguidos de muerte.
Tras su retiro del Ejército en 1979, Vergez mantuvo vínculos con la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y participó en actividades privadas, incluyendo la dirección de una financiera. También fue señalado por comercializar bienes de desaparecidos y por su implicación en operaciones vinculadas a la causa AMIA.
En entrevistas posteriores, Vergez confesó haber robado vehículos y se jactó de su rol en la creación y dirección de La Perla. Su muerte cierra un capítulo oscuro de la historia argentina, marcado por el terrorismo de Estado y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. El represor estuvo libre hasta 2006, cuando fue arrestado a la espera de los juicios en los que finalmente fue condenado.
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