El impacto de la inflación y la caída del poder adquisitivo han empujado a miles de hogares a una situación de vulnerabilidad financiera inédita. Con una mora alarmante y pasivos que superan los $39 billones, los legisladores debaten frenar embargos, crear observatorios y reestructurar deudas de consumo que excedan el 30% de los ingresos.
En un contexto donde el crédito dejó de ser una herramienta de consumo para convertirse en un salvavidas para cubrir necesidades básicas —como alimentos, tarifas o medicamentos—, el “sobreendeudamiento familiar” encendió las alarmas en el Congreso de la Nación, donde ya rondan unos 18 proyectos de ley que proponen implementar una moratoria y un esquema de salvataje.
El espíritu principal de estas iniciativas, debatidas recientemente en la Comisión de Defensa del Consumidor presidida por el diputado Hugo Yasky, apunta a crear un marco normativo de emergencia.
El primer gran eje es la implementación de una moratoria que suspenda los juicios de embargo y de cobros durante el proceso de reestructuración de las familias, además de congelar los intereses por mora o multas, y prohibir que se empeore la calificación crediticia de los deudores.
Entre las propuestas más resonantes se encuentra la “Ley de Segunda Oportunidad para Hogares Endeudados” (impulsada por Lucía Cámpora, Gabriela Estévez y Julieta Campo) y el proyecto de “Desendeudamiento y Reestructuración de las Familias Argentinas” del diputado Santiago Roberto.
Estas iniciativas plantean crear un sistema gratuito y administrativo para reestructurar deudas de consumo de los hogares cuando los pasivos superen el 30% de sus ingresos, o el 20% en casos de extrema vulnerabilidad. También se propone la creación de un Observatorio de Endeudamiento de los Hogares y un fondo estatal de asistencia para diseñar políticas públicas precisas.
La urgencia del debate se respalda en cifras oficiales alarmantes: según datos del Banco Central (BCRA) informados en la comisión, el endeudamiento total de los hogares argentinos supera los 39 billones de pesos, compuestos por 32,1 billones de deuda bancaria y 6,9 billones de origen no bancario.
“Las familias argentinas se endeudan para alimentarse, pagar tarifas o comprar medicamentos. Y lo más grave de todo pasa por debajo del radar: los intereses y los punitorios de las fintech y las financieras de cercanía no tienen ningún tipo de regulación”, disparó Yasky durante el tratamiento legislativo.
Justamente, el mercado de crédito no bancario parece ser uno de los puntos más críticos y abusivos. De los 4,8 millones de deudores actuales (una cantidad que saltó un 45% en los últimos dos años), la morosidad en el sistema financiero tradicional es del 11,2%, pero en las entidades no financieras la cifra se dispara al 29,9%.
De acuerdo a un estudio del IETSE citado en el debate, casi la totalidad de los hogares argentinos poseía deudas y un alarmante 76% de esos pasivos no se encontraba en condición de pago regular (48% en mora simple y 28% ya en mora judicial).
La radiografía de este ahogo financiero revela que las familias ya no solo se endeudan para bienes durables. Según los datos aportados, la conformación de la deuda se concentra principalmente en tarjetas de crédito (30,5%), atrasos en servicios de internet, telefonía o cable (10,5%) y hasta en el tradicional “fiado” en comercios de proximidad (8,8%).
Los resúmenes de las tarjetas evidencian esta urgencia: los principales rubros financiados son la compra de alimentos, indumentaria, combustible y el pago de impuestos y servicios.
El cuello de botella es tal que el 80% de las familias endeudadas debe destinar más del 30% de sus ingresos mensuales solo para intentar cubrir estos pasivos, en un contexto donde uno de cada cuatro hogares ya se vio obligado a solicitar un préstamo durante el primer semestre del año.
Mientras la discusión avanza en Diputados, millones de familias esperan una herramienta legal que les permita salir de la asfixia y recuperar la estabilidad de su economía diaria.
Cronista