Por Santiago Galar*
Impedida la posibilidad de sindicalización, los policías suelen manifestar malestar a través de diversas estrategias. Pueden generar rumores de protesta que se difunden por redes sociales o estados de WhatsApp. Pueden desarrollar jornadas de brazos caídos (o “quites de colaboración”). Se organizan reclamos en el espacio público protagonizados por esposas de policías o por efectivos retirados, para evitar que el personal sea sancionado.
Los agentes en actividad suelen protestar también, en general sin uniformes (“de civil”), sin portar armas y fuera del horario laboral (o “de franco”), modo que denominan “autoconvocatoria” (diferenciándola del “acuartelamiento”, de raíz militar). En situaciones más extremas pueden producirse protestas con “retención de servicio”, abandonando la tarea, como se recuerda en algunas provincias durante las traumáticas jornadas de 2013.
Las protestas por mejoras salariales constituyen la mayoría de reclamos policiales. En algunas provincias hay instituciones que canalizan estos reclamos, aunque sin eliminar completamente la conflictividad. Es el caso del Consejo del Salario de Santa Cruz o el Consejo de Bienestar Policial de Chubut, ambos creados como respuestas políticas a las protestas de 2013. En estas instituciones son representantes policiales en actividad quienes negocian los salarios con las autoridades. En la mayoría de las provincias son los jefes policiales quienes acuerdan los salarios directamente con las autoridades políticas.
Los reclamos salariales policiales se pronuncian en momentos de inflación alta y atraso salarial: en los 80 ante los fogonazos inflacionarios, en la coyuntura 2013, y en 2020, cuando la pandemia impedía realizar servicios adicionales afectando los ingresos de los policías bonaerenses. No es de extrañar entonces que se produzcan en este momento, con una caída salarial notable en el marco de un ajuste inédito en las transferencias a las provincias.
En Misiones el conflicto salarial policial se encuentra en desarrollo. Por ahora, la característica más novedosa es la virtuosa articulación de los policías con otros trabajadores provinciales, gremios con los cuales suelen encontrarse en las calles en veredas diferentes. Nuevamente, como en la mayoría de los conflictos policiales, la solución parece pasar por aumentar salarios. Nuevamente, el temor de los policías se centra en las medidas disciplinarias posteriores a la protesta.
¿Podemos esperar repercusiones en otras provincias? En estos momentos las autoridades políticas intentan adelantarse: tantear el malestar, afinar el oído, realizar concesiones, adelantar incrementos salariales. Los policías, por su parte, aumentan la presión. El conflicto misionero está abierto, en una dinámica que no por conocida es menos inestable y amerita menos atención.
En un contexto de ahogamiento presupuestario a las provincias y de salarios como ancla inflacionaria, la conflictividad laboral policial, como la del resto de los trabajadores, aumenta. Resta conocer si es por los senderos habituales o por caminos inexplorados.
(*) Investigador Conicet. Integrante de En Foco, instituto de políticas sobre delito, seguridad y violencias.
Publicado en Página 12