La Provincia de Misiones confirmó la restitución de pensiones por discapacidad que habían sido suspendidas luego de que la Cámara Federal de Posadas ratificara lo ordenado previamente en septiembre por la jueza civil y comercial Carmen Elena Carbone. Tatiana Antúnez, coordinadora del Consejo Provincial de Discapacidad, explicó que esta resolución corresponde a cuatro casos que obtuvieron una medida cautelar favorable.
Estos casos forman parte de una estrategia judicial donde inicialmente se dictó incompetencia al juzgado provincial y la causa fue derivada a la justicia federal. La Cámara Federal de Posadas confirmó la resolución judicial que obliga a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) a restablecer el pago de cuatro pensiones no contributivas por invalidez que fueron suspendidas en Misiones. El fallo, dictado el 7 de noviembre, ratificó lo dispuesto previamente por la jueza civil y comercial de Posadas, Carmen Helena Carbone.
Sobre los beneficiarios, Antúnez describió diagnósticos complejos: “Uno tiene parálisis completa del cuello hacia abajo, otro un problema neurológico y tres con discapacidad intelectual, quienes requieren la restitución inmediata de su pensión y el acceso a la medicación a través del programa federal Incluir Salud”, explicó Antúnez en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactica 100.7. Además, expresó que desde el Consejo brindan acompañamiento, contención y asistencia alimentaria a quienes lo necesitan durante este proceso.
La medida judicial también genera expectativa para que ANDI cumpla con la restitución efectiva, algo que solo ocurre en pocas provincias, como Formosa, mientras que en otras el cumplimiento es limitado o inexistente. A nivel nacional hay otras medidas cautelares colectivas, como una presentada en la justicia federal de Catamarca, cuya apelación sigue en trámite, y persiste la incertidumbre sobre un cronograma claro de pagos y la identificación de todas las personas afectadas.
En Misiones, la cifra original de pensiones suspendidas superaba las 10.000, pero tras una denuncia pública y gestiones judiciales se reactivaron muchas sin trámites administrativos. Esto ha dificultado conocer el número real de pensiones que deben restituirse.
El Territorio