Una misión internacional de especialistas en Derechos Humanos publicó un dictamen que apuntó contra la tobillera electrónica que dispuso la Justicia a la ex presidenta Cristina Kirchner para cumplir su condena y la consideró innecesaria, inadecuada, desproporcionada y violatoria de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En tanto, exigió al Poder Judicial a “garantizar que el cumplimiento de la pena respete la dignidad, los derechos y garantías de toda persona privada de libertad”.
En un texto público, la misión integrada por personalidades del ámbito jurídico, político y académico de América Latina consideró “innecesaria, inadecuada, desproporcionada y violatoria de la Convención Americana sobre Derechos Humanos” la imposición de un dispositivo de vigilancia electrónica a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la causa en su contra.
El documento hizo un análisis sobre las condiciones de cumplimiento de la prisión domiciliaria de la ex presidenta y apuntó en particular sobre la decisión judicial que impone la colocación de un dispositivo de vigilancia electrónica (tobillera), y no se expide sobre el fondo de la causa penal ni sobre el proceso general que derivó en la condena, “aunque el caso se encuentra bajo seguimiento atento por parte de los expertos internacionales debido a las reiteradas denuncias públicas de irregularidades, vulneraciones de garantías y afectación del debido proceso”.
El dictamen sostuvo que la medida en cuestión “no cumple con el principio de proporcionalidad, ya que existen mecanismos menos lesivos –como la notificación judicial a la custodia oficial permanente que ya acompaña a la exmandataria– que resultarían igualmente eficaces”. Además, afirmó que su imposición “podría implicar un trato cruel, inhumano o degradante y constituir una forma de tortura psicológica, especialmente por su carácter simbólico y disciplinador sobre una figura política de alta representación popular”.
El informe exigió que “el magistrado actúe de oficio para dejar sin efecto esta medida y adecuar las condiciones de ejecución de la pena a los estándares establecidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que integra el bloque de constitucionalidad argentino”.
El dictamen fue elaborado y firmado por las siguientes personalidades: Raphael Vasconcelos (Brasil) – Profesor de derecho internacional y árbitro especializado en derechos humanos; Nadia Alejandra Cruz Tarifa (Bolivia) – Ex Defensora del Pueblo; Jordán Rodas Andrade (Guatemala) – Ex Procurador de Derechos Humanos, actualmente exiliado; Minou Tavárez Mirabal (República Dominicana) – Ex vicecanciller y presidenta del Fondo Fiduciario de Víctimas de la CPI; Lourdes Palacios (El Salvador) – Coordinadora del COFAPPES.
También por Juan Carlos Moraga Duque (Chile) – Presidente de Derechos Humanos Sin Fronteras; Pablo Vommaro (Argentina) – Director Ejecutivo electo del CLACSO; Bettiana Díaz Rey (Uruguay) – Senadora del Frente Amplio y parlamentaria del Mercosur; y Estefanía Veloz (México-EE.UU.) – Abogada y periodista.
En este marco, la misión exhortó al Poder Judicial “a garantizar que el cumplimiento de la pena respete la dignidad, los derechos y garantías de toda persona privada de libertad, sin agravios simbólicos, humillaciones ni excesos punitivos” como también reafirmó que “continuará observando el desarrollo del caso en su integralidad, atento a las denuncias de persecución judicial y afectación del Estado de Derecho en Argentina”.
El Destape