El financiamiento de los despidos a costo cero, contenido en la reforma laboral mediante el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) implicará para el Estado un costo de aproximadamente 2.600 millones de dólares al año, un presupuesto mucho mayor al destinado a ciencia y tecnología y al hospital Garrahan combinados o la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Uno de los puntos centrales del proyecto de reforma laboral, que el Gobierno espera terminar de sancionar el viernes en el Senado, es el establecimiento del FAL, a través del cual se busca aliviar el costo de los despidos para los empleadores. Este consiste en un fondo al que las empresas destinan el equivalente a un determinado porcentaje del salario del trabajador: un 2,5% en el caso de las pymes y un 1% en el caso de las grandes empresas.
Desde el punto de vista del empleado, la intención es que ese fondo se destine a inversión, de modo tal que se maximice su volumen para el momento en el que se produzca la desvinculación. Desde el punto de vista del empleador, lo que posibilita es evitar un costo “excesivo” al momento del despido, para distribuirlo, en cambio, a lo largo de toda la relación laboral.
El desfinanciamiento de la Anses
Sin embargo, el punto clave es que, en verdad, el FAL implica para las empresas la posibilidad de despedir a costo cero. Esto se debe a que la misma reforma compensa a los empleadores con una reducción equivalente en las cargas patronales, también del 2,5% para las pymes y del 1% para las grandes empresas.
Por lo tanto, la posibilidad de que las empresas despidan con costo cero es financiada directamente por la Anses, que deja de recibir una parte no desdeñable de sus ingresos. En concreto, el organismo previsional será desfinanciado por un total de 2.600 millones de dólares, equivalentes al 0,37% del PBI, según el cálculo que realizó el Instituto Argentina Grande en base a datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT).
Se trata de un cálculo preocupante para la perspectiva declarada del Gobierno, que apunta a que la reforma laboral sea el punto previo al lanzamiento de la reforma previsional. La idea es que los cambios en el mundo de la población aportante generen las condiciones para que el sistema jubilatorio incremente su sustentabilidad y se pueda, por fin, aumentar las jubilaciones a algún nivel mínimamente digno.
Pero el desfinanciamiento de la Anses implica que el punto de largada es exactamente el contrario. Así, debido al FAL, la cantidad de empleo en blanco que deberá generarse con la reforma para compensar la pérdida de fondos del organismo previsional será mucho mayor.
Este escenario, por ahora, luce altamente improbable, en tanto economistas y empresarios son unánimes en la idea de que sin un crecimiento previo de la actividad la reforma laboral por sí sola no permitirá una suba sustancial del empleo registrado. Según el EMAE del Indec, la economía lleva dos meses consecutivos a la baja (octubre y noviembre), mientras que este mismo martes se conocerá el dato de diciembre pasado.
No hay plata para jubilados, ciencia y salud, pero sí para financiar despidos
Además, el desfinanciamiento de la Anses (del 0,37% del PBI) es mucho mayor que lo destinado a otros sectores para los que el Gobierno se negó a incrementar fondos bajo la excusa de que “no hay plata”. Por ejemplo, el Presupuesto 2026 destina solo 1.107 millones de dólares a “ciencia, tecnología e innovación”, precisó el informe del IAG, un 0,16% del PBI (menos de la mitad del costo fiscal para la Anses). A fin de enero, el Gobierno todavía no había pagado el aumento del 2% prometido en diciembre a los investigadores del Conciet.
Para el Garrahan, el Presupuesto 2026 destina solo 162 millones de dólares, equivalentes al 0,023% del PBI, señaló el informe del IAG. En este caso, recién a fines de noviembre los becarios de este hospital pediátrico lograron un 61% de aumento luego de seis meses de conflicto.
En el caso de los discapacitados, Milei vetó la Ley de Emergencia en Discapacidad (luego ratificada por el Congreso), que tenía un costo de entre 0,25% y 0,45% del PBI, o sea, entre menor o apenas mayor que el actual desfinanciamiento de la Anses.
Peor aún, con la excusa de que no había fondos, en julio pasado Milei vetó el aumento del 7,2% a los jubilados (equivalente al 0,2% del PBI), al igual que la suba del bono a 110.000 pesos (equivalente al 0,12% del PBI) y la extensión de la moratoria (equivalente al 0,094% del PBI), en todos los casos cifras muy menores a lo que aceptó reducir para financiar despidos a costo cero.
“Estos recursos que el Estado resigna para financiar los despidos es mayor a la suma del presupuesto 2026 de Ciencia y Tecnología, el mantenimiento de rutas de PBA, un nuevo satélite, el sistema penal y el del Hospital Garrahan, por ejemplo”, precisó el informe del IAG.
El Destape