Se trata de la Ley 26.659, sancionada por Cristina Kirchner, que prohíbe la explotación de hidrocarburos en los espacios marítimos circundantes a las islas.
Con el respaldo de Donald Trump y en medio de una situación socio económica local cada día más compleja, Javier Milei decidió abrazar la causa Malvinas como a un salvavidas; incluso llamando a la unidad nacional -alrededor de su gestión- para impulsar el reclamo de soberanía.
También tomando una posición llamativamente pragmática que, al mismo tiempo, contraría toda su teoría económica: está dispuesto a sancionar a empresas que llevan adelante actividades capitalistas; en la práctica, violentando la propiedad privada.
En concreto, el Presidente anunció este jueves una serie de medidas y el envío al Congreso de proyectos punitivos contra las empresas petroleras extranjeras que realizan actividades de exploración y explotación offshore en las Malvinas sin autorización del Estado argentino.
El anuncio surge como respuesta directa al avance del megaproyecto petrolero denominado Sea Lion, el cual se encuentra ubicado en la Cuenca Malvinas Norte y planea comenzar con la producción comercial a principios de 2028.
El proyecto está impulsado por dos corporaciones internacionales: la israelí Navitas Petroleum, que cuenta con el 65% de participación y ejerce el rol de operadora del yacimiento, y la británica Rockhopper Exploration, con el 35% restante.
El decreto kirchnerista de Javier Milei
En principio y de manera urgente, Javier Milei ya firmó un decreto para agilizar los procesos sancionatorios de la Ley 26.659, sancionada en marzo de 2011, durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner.
Como se anticipó, lo que quiere ser una novedad mileísta es casi un refrito que revela en realidad la fragilidad política en la que se encuentra su Gobierno; y dicho sea de paso, bienvenido sea el flamante entusiasmo nacionalista del Presidente.
La ley, en concreto, prohíbe la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina -que incluye el archipiélago- sin la autorización formal del Estado Nacional, buscando así proteger los recursos naturales del país y reafirmar la soberanía sobre las Malvinas y los espacios marítimos circundantes.
Mediante la ley y el decreto, toda empresa, accionista, director o proveedor que opere ilegalmente en aguas de las Malvinas quedará inhabilitado para operar en el territorio continental argentino. Además prevé penalizaciones a las empresas radicadas en nuestro país que presten cualquier tipo de apoyo logístico, insumos o servicios a estas petroleras.
Minuto Uno